El colectivo se manifestó el miércoles pasado frente al Anexo del Palacio Legislativo y legisladores oficialistas que bajaron a dialogar se comprometieron a tratar el proyecto de voluntad anticipada obligatoria para el tratamiento de adicciones en la Comisión de Salud de Diputados durante el mes de setiembre.
Tal como lo había hecho el 26 de junio de 2020, en el marco del día Mundial de la Lucha contra el Tráfico Ilegal y uso Indebido de Drogas, la Fundación Madres del Cerro se manifestó el pasado miércoles 18 en la entrada del edificio Anexo del Palacio Legislativo para pedir nuevamente que se considere el proyecto de ley que contempla la rehabilitación y reinserción social de personas con consumo abusivo de drogas.
La Fundación Madres del Cerro está integrada por madres y familiares con problemas de adicción y desde el año 2017 están intentando que se apruebe el proyecto de ley. En diálogo con La Mañana, su presidenta, Gabriela Jost, explicó que el proyecto presentado comprende la posibilidad de que “cada persona, en uso de razón y dispuesta a hacer un tratamiento, firme un poder para que sus familiares pudieran tener una constancia para que esa persona no pueda abandonar el tratamiento hasta que no tenga un alta médica”.
Este proyecto de ley, creado por la propia Jost y presentado junto a la diputada colorada Nibia Reisch, sufrió algunas modificaciones a partir de observaciones realizadas por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. “Nosotros poníamos un tiempo estimado de 90 días de internación, pero (el ministro) dijo que dar un tiempo determinado era algo muy estructural”, señaló Jost; por lo que finalmente quedó estipulado que bajo el “consenso médico” se vería el tiempo que duraría, indicó.
“Nos reunimos con todos los diputados que bajaron. En su gran mayoría siempre nos acompañan de Cabildo Abierto, el Partido Colorado, y del Partido Nacional bajó (Rodrigo) Goñi, que es el que está llevando adelante el tema con los diputados blancos”, para poder lograr los votos necesarios para impulsar la iniciativa. Jost aseveró que Goñi prometió que entre el 6 y el 9 de setiembre se trataría el proyecto en la Comisión de Salud de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes que recibió el texto en octubre de 2020.
Reclaman falta de tratamiento de adicciones en las cárceles
“Entre 2005 y 2008 había una población de 5-6 mil presos y hoy tenemos 13 mil y se está hablando de abrir más cárceles. Entonces, en vez de avanzar estamos yendo hacia atrás, porque los modelos de cárceles que tenemos no rehabilitan”, cuestionó Jost. Denunció que “adentro de las cárceles se mueve la droga, y nadie para eso”. Al respecto propone crear más centros de rehabilitación en las cárceles.
La presidenta de Madres del Cerro advierte que si no se tratan las adicciones dentro del sistema penitenciario, luego salen con la misma problemática y el círculo sigue. “Es eso lo que nosotros queremos que se vea y que se revierta”.
Jost pretende que presos primarios con problemas de consumo (que en su mayoría ingresan por desacato o hurtos sin violencia) y condenados a tres meses, puedan durante ese tiempo estar en un lugar donde tengan una rehabilitación, y “que no estén en cárceles comunes con presos comunes”. Al respecto, dijo que se reunió con el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, para trabajar sobre el tema.
La representante del colectivo explicó que “no es una internación compulsiva, sino que, como por ley tienen que estar ahí adentro, se podría cumplir algo para terminar el círculo”. Porque lo que está ocurriendo, según Jost, es que “salen a los tres meses y vuelven a entrar a los 15 días; están 6 meses, salen y vuelven a entrar…”.
Otro tema que preocupa al colectivo de madres, y que también es una de las alertas que activó el último informe carcelario, tiene que ver con la violencia intracarcelaria que se genera producto de la abstinencia de drogas. “Es una cuestión de medicación y ASSE no se hace presente para poder controlar todo el tema de la agresividad” que produce la abstinencia, dijo Jost.
En su último informe, Petit alarmó a las autoridades de ASSE que “la atención sanitaria dentro del sistema penitenciario sigue siendo inadecuada y las limitaciones de su cobertura una fuente inquietante de conflictos, patologías no resueltas a tiempo y tensiones que generan violencia”. “En particular, son notorias las extremas limitaciones y carencias que tiene el sistema para dar respuesta a las patologías de salud mental y al tratamiento de adicciones”, por lo que en el documento se le exige a ASSE que asuma plenamente su mandato institucional como prestador público de salud en el sistema penitenciario.
Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, el Comisionado planteó un conjunto de “Ejes de trabajo”, como base para lograr acuerdos entre todos los sectores políticos representados en el Parlamento que impulsarían reformas en el sistema penitenciario. El documento, que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario, estipula entre las líneas de trabajo la Atención del Consumo Problemático (adicciones), debido a que “buena parte de las personas privadas de libertad incurrieron en transgresiones penales por su vinculación con sustancias adictivas e ilegales”; por lo que “es fundamental que el sistema carcelario cuente con programas que aseguren acceso a tratamientos, orientación personal y familiar y apoyo a quienes tienen un consumo problemático que les impide un relacionamiento social adecuado”.
Además, desde el comisionado entienden necesario “avanzar en la conformación de mecanismos de “Justicia Terapéutica”, al menos en forma piloto o experimental, donde “personas que cometieron delitos leves debido a sus adicciones, puedan atenderse en clínicas o centros especializados y evitar su derivación a centros penitenciarios que agraven su situación”, explica el informe.
Abordaje para personas con problemas de drogas en situación de calle
Jost advirtió que “gran parte” de los miles de personas que duermen en las calles de Montevideo y el aérea metropolitana tienen problema de consumo de drogas; y si bien reconoció que “el Mides está haciendo un trabajo muy grande con el Ministerio del Interior”, abriendo recursos para la gente en situación de calle, “es ponerle una curita al problema; porque el problema sigue estando allí, y cuando la curita se cae, van a volver a la calle y van a volver al consumo”, lamentó. “Se necesitarían otro tipo de políticas para el abordaje de esta población; no brindándoles todo pero sí comprometiéndolos a todos”, dijo Jost. “Te doy un lugar que vos puedas bañarte, comer y descansar; y vos, durante el día, vas a hacer cursos, etc”. Agregó: “Creo que las políticas hay que mirarlas desde ese enfoque”.
TE PUEDE INTERESAR
