El Dr. Enrique Moller dialogó con La Mañana sobre el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal de Corte, las limitaciones operativas de la Fiscalía, las posibles reformas al Código del Proceso Penal (CPP) y las carencias de infraestructura y presupuesto que afectan tanto a los abogados penalistas como a los ciudadanos.
¿Cómo ven ustedes el tema del cambio del fiscal de Corte, que parece que ahora se vuelve a detener un poco?
Es un tema complicado desde hace tiempo, desde que se fue el anterior titular. Con suplencias e interinatos, las negociaciones empezaron, pero se estancaron según las notas de prensa. Los senadores de todos los partidos tienen la palabra para ponerse de acuerdo y nombrar un fiscal de Corte, que se necesita. Institucionalmente, es importante tener un titular votado por los tres quintos del Parlamento, para darle seriedad al cargo. Mónica Ferrero, que está como fiscal subrogante, es una excelente profesional, pero institucionalmente se requiere un titular.
Como abogados, especialmente en la parte penal, ¿cuáles son las dificultades de no tener un fiscal de Corte titular?
Hay un problema importante: no hay alguien que pueda planificar el futuro de la Fiscalía de Corte en distintos aspectos de funcionamiento, porque el titular no sabe si continuará. Yo no quiero estar en los zapatos de la doctora Ferrero, porque no puede planificar demasiado. Esto crea incertidumbre. Además, se están manejando posibles cambios en el Código del Proceso Penal, donde la Fiscalía es el principal actor como titular de la pretensión punitiva del Estado. Sin un titular, es difícil planificar políticas de trabajo a largo plazo, ya que la doctora Ferrero está en un interinato. La Fiscalía de Corte pasó a ser ahora un organismo de alto nivel. Hasta el año 90 y algo, prácticamente nadie sabía que existía la Fiscalía de Corte. Pero hoy tiene alto nivel de exposición a raíz de, justamente, ser los que investigan.
Sobre la posible modificación del Código del Proceso Penal, ¿qué es lo principal que se debería cambiar?
Hay dos posturas: algunos colegas quieren volver a otro sistema, y otros creen que este sistema está instalado y hay que mejorarlo. Un gran defecto es la mínima infraestructura. Por ejemplo, para acceder a una carpeta, hay que esperar 10 días, cuando antes, con el sistema antiguo, se podía ver un expediente en 24 o 48 horas. El acceso a carpeta implica que usted como abogado quiera saber qué es lo que está pasando en ese caso. Antes con el presumario común y corriente en el código viejo. Al hacer una denuncia en la Fiscalía de Corte, en la calle Cerrito, también puede demorar más de 10 días para ser atendido. Esto lleva a que las denuncias se presenten en comisarías, lo que retrasa aún más el proceso con asignaciones de fiscales. He tenido casos donde se demoraban entre 60 y 90 días en designar Fiscalía. Estas disfunciones del sistema son terribles, graves y difíciles de explicar a los clientes.
Con respecto al presupuesto de la Fiscalía, ¿piensa que debería estar ligado a la reforma del Código?
Para trabajar en el presupuesto, primero hay que saber cuánto necesita la Fiscalía para funcionar, incluyendo cargos. No sé cuánto será ni lo que tienen planificado, pero supongo que la doctora Ferrero, aunque interina, debe tener un plan mínimo para los primeros años. La reforma del Código, que nació en 2014 y entró en vigor en 2017, ya tuvo 17 modificaciones y es difícil de trabajar.
Si se quieren hacer reformas ahora, van a tener que dar plata, porque las reformas no son baratas, requieren recursos y personal. Hay fiscalías con muy pocos funcionarios, lo que complica investigaciones grandes, como las de lavado de activos, donde un fiscal y dos personas más no dan abasto.
Se pensaba que los juicios orales y públicos se concretarían, pero prácticamente no ocurre.
El juicio abreviado, tal como está redactado, es la llave de paso para destrabar a la Fiscalía, porque con un acuerdo se termina el caso. Se vendía la idea de que habría muchos juicios orales, pero los abreviados son la vía fácil. Entonces, si usted dice, yo quiero que haya más juicios orales, va a tener que cerrar un poquito la puerta de los juicios abreviados, o sea, hacerlos mucho más restrictivos. Pero ahí va a tener que enfrentar con infraestructura, porque actualmente no hay capacidad para sostener más juicios orales.
En su rol de abogado, ¿cómo considera el tema de los juicios abreviados?
Los abreviados están bien en ciertas circunstancias, cuando las pruebas son débiles y se llega a un acuerdo donde el imputado asume responsabilidad, la Fiscalía queda satisfecha y se evita un juicio que podría terminar en absolución, porque no iba a concretar esas pruebas que como evidencia tenía. Ese es el fundamento inicial. Pero se convirtieron en la regla para evitar cuellos de botella con juicios orales. Hoy, entre el 95% y 97% de los casos son abreviados.
Y como hombre de derecho, ¿cómo ve eso?
Como hombre de derecho, uno busca más juicios orales, porque en los abreviados no se discute derecho, solo la pena.
Sobre la reforma, ¿qué pasos han dado desde la Asociación de Abogados Penalistas?
Estábamos trabajando en un proyecto de reforma, pero lo paramos porque el gobierno quiere hacer algo, y necesitamos conocer sus lineamientos para trabajar sobre eso. Estamos expectantes, ya que no sabemos qué quieren modificar. Supongo que los juicios abreviados y aumentar los juicios orales estarán en discusión, pero no conocemos los detalles.
Como asociación, ¿qué plantean como puntos principales a modificar?
Primero, la infraestructura, que nos afecta enormemente. Segundo, los juicios abreviados y la posibilidad de tener más juicios orales. Como asociación, queremos aplicar principios del Código General del Proceso (CGP), que funciona bien desde 1989 en lo civil, al proceso penal. Proponemos eliminar la compleja etapa de control de acusación e iríamos a una demanda acusatoria escrita por parte del fiscal junto con la prueba y el traslado que debería dársele a las víctimas o denunciantes, a los efectos de que aporten una prueba, y luego la contestación escrita sobre los hechos que relata la Fiscalía, más la prueba por parte del imputado.
Y después aplicar por cualquier duda procesal lo que se denomina “un despacho saneador”. Ya se lo hace en la audiencia preliminar del CGP, y con eso queda establecido el objeto del juicio, que es lo que se necesita aprobar para llegar a una culpabilidad. Funciona bárbaro. Yo no hago tanto derecho civil, pero he tenido oportunidades de estar en juicios civiles como abogado y sinceramente funciona de maravillas. Y hay una gran tradición de cómo se aplican esos institutos. Entonces, aprovechemos eso y saquemos la actual situación que es rocambolesca, porque no son nada fáciles las audiencias de controles de acusación, son dificilísimas.
¿El Código del Proceso Penal nuevo es como una importación de un sistema con más recursos?
Sí, y por eso estamos expectantes. En 2023, presentamos un proyecto a una comisión extraoficial que estudiaba modificar el CPP en el Parlamento, con plazos de investigación y principios del Código General del Proceso. Lo trabajamos con colegas como Paul Pereira Schurmann y Juan Fagúndez, fue votado por unanimidad en la Asociación y enviado, pero nos dijeron que era demasiado ambicioso y no prosperó. Los cambios requieren presupuesto, porque el Código de 2017 nació con carencias presupuestales. Hay nuevos delitos y persecuciones que exigen más infraestructura.
¿De qué manera los afectaron las medidas tomadas por los fiscales y cómo piensa que puede seguir este tema hacia adelante?
Hay un trancazo por temas sindicales, que se deben respetar, pero las audiencias están más restringidas, lo que nos preocupa. Estos movimientos suelen surgir en etapas presupuestales. Antes, la Fiscalía no tenía tanta visibilidad, pero ahora, como organismo importante, cualquier medida genera preocupación. Hay reclamos de larga data, como la equiparación de cargos entre adscritos y adjuntos, que trabajan de forma similar.
