Un grave problema se avecina para la designación del nuevo Fiscal de Corte.
Decimos grave problema porque se trata de un cargo con dos características especiales: primero por el alto grado de politización que hasta hoy está demostrando y segundo por la posición determinante que tiene en el nuevo y discutible sistema adoptado para nuestra justicia penal.
Se hace entonces difícil lograr un acuerdo en el Senado para alcanzar la mayoría agravada que exige la Constitución de la República en su Art. 168 numeral 13º, que es de los 3/5 del total de componentes o sea que precisa el voto de 18 senadores que el Frente Amplio no tiene.
En este caso no ocurre lo mismo que respecto de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia que, según dispone el Art. 236 de nuestra Carta Magna, si dentro de los 90 días de producida la vacante no se ha logrado el voto de los 2/3 del total de componentes de la Asamblea General para un nuevo nombramiento, queda automáticamente designado el Ministro más antiguo en el cargo, entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones.
Ante tal situación, ha ocurrido que desde el alejamiento del Dr. Jorge Díaz no se ha logrado consenso para la designación del nuevo Fiscal de Corte y sin acuerdo con la oposición es imposible obtener la venia del Senado.
Hoy está actuando como Fiscal General, que ahora se le llama así, la Dra. Mónica Ferrero que por su antigüedad, está subrogando a otro subrogante, como era el Dr. Juan Gómez ya jubilado. Y la situación, notoriamente irregular, permanecerá incambiada hasta que se logre el acuerdo en el Senado.
No parece tarea fácil, y ya vimos las razones. La importancia del cargo y su indiscutible incidencia en el sistema penal, que hoy ha quedado a cargo de los señores fiscales aunque se pretenda decir otra cosa, explica que el Frente Amplio que ha tenido durante los casi diez años del Dr. Díaz como titular, conozca la magnitud y el alcance de contar allí con un hombre de sus filas, lo que se niega a perder.
Por su parte la oposición, que tiene a la vista las preferencias políticas del ex Fiscal de Corte, hoy convertido en ProSecretario de la Presidencia de la República, lo que aventa cualquier duda sobre su ideología, no parece estar dispuesta a votar ningún otro candidato con tan significativa adhesión al frenteamplismo.
Y esta posición es muy difícil que pueda cambiar, a menos que se resigne a mantener en sitial de tanto privilegio y con tan amplias posibilidades para la articulación, a quienes tienen ya en sus manos el Poder Ejecutivo y la mayoría en el Senado.
Ya hemos visto errores garrafales en negociaciones que llevaron al Senado a votar por unanimidad a quienes respondían claramente a un sólo sector político, que ni procedían de la carrera del Ministerio Público ni de la Academia y tampoco tenían una especialización que de forma notoria los distinguiera por su ostensible saber y prestigio.
Habrá que tener la mayor prudencia en la elección, que deberá hacerse en base a la independencia política, la preparación técnica y la solvencia moral.
Tampoco puede descartarse el reclamo de quienes están en la carrera dentro del Ministerio Público, en su aspiración de que el candidato a Fiscal General salga de sus propias filas, aunque no se trate de una imposición legislativa.
En todo caso, la elección deberá hacerse con todo cuidado, teniendo en cuenta todas las variables, y también se debe considerar en quienes se deposita una tarea de tanta responsabilidad, ya que la negociación juega un papel decisivo
De procederse otro modo, solo faltaría que también se salga a apoyar la creación del Ministerio de Justicia, que con una ingenuidad política propia de legisladores bisoños e inocentes improvisados en la lucha por el poder, actúen facilitando una acumulación de cargos, que dejaría a la oposición solamente con el poder residual de algunas Intendencias del interior, más bien las alejadas de la capital.
No obstante, la simplificación del asunto ha creado un entusiasmo para su apoyo, en el caso de calificados dirigentes de los partidos blanco y colorado, que son un claro ejemplo de la aceptación sin reparos de un aumento del gasto y de la extensión de una burocracia que en sus laberintos prolonga la angustia de necesidades siempre postergadas.
Esperamos que la lucidez de los dirigentes de la oposición defienda la independencia de la justicia penal, indispensable necesidad de toda democracia.
