El retorno de las comisarías como actores fundamentales en el combate al delito, el respaldo a las fuerzas policiales y el cumplimiento efectivo de las penas, son algunos de los objetivos que persigue la coalición de gobierno en materia de seguridad.
El tan mentado proyecto de ley de urgente consideración fue finalmente aprobado la semana pasada por la comisión especial del Senado, luego de un mes de análisis, modificaciones y la eliminación de algunos artículos. Hoy miércoles 3 de junio comienza el debate en el plenario de la Cámara Alta, donde el oficialismo cuenta con los votos suficientes para su aprobación. Culminada esta instancia, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados.
La propuesta legislativa, entre otras cosas, apunta a mejorar la seguridad pública, que fue una de las grandes promesas de campaña de las actuales autoridades. Para ello le brinda herramientas al Estado, en consonancia con las metas incluidas en el documento “Compromiso por el país”, firmado por todos los partidos que integran la coalición multicolor.
En primer lugar, el gobierno aspira a reformar el modelo de la gestión de la seguridad, que fue centralizado a nivel del Ministerio del Interior por las administraciones anteriores. De esa manera, el PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) dependía del Centro de Comando Unificado y del director de la Policía Nacional. Hoy, por el contrario, depende de cada jefe de Policía, que destina ese recurso a sus áreas específicas.
Tras la asunción del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se les otorgaron más potestades a los jefes de Policía para disponer de ese instrumento y actuar en determinados delitos. Esto hace que las comisarías tengan un mayor protagonismo, pero aún les hacen falta recursos, explicó a La Mañana el consultor en seguridad y director de The Guardian Group, Edward Holfman.
Con este punto coincide el asesor en seguridad de Cabildo Abierto, Antonio Romanelli. En entrevista con La Mañana, recordó que, en la Ley Orgánica Policial del 2008, las comisarías quedaron desprovistas de una cantidad de facultades como investigar y reprimir el delito. Actualmente solo pueden recibir denuncias, pero, por ejemplo, si hay una boca de drogas en el barrio, directamente la ataca la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, y no las seccionales. “Eso produce una falta de dominio territorial, porque quien conoce el territorio, sabe perfectamente lo que se está desarrollando allí”, opinó Romanelli.
Agregó que, por un tema de concepción estratégica, se creó un vacío y se dejó a la gente desprotegida, puesto que se optó por centralizar y perseguir directamente los crímenes. Así, se generaron programas como el de Policiamiento Comunitario Orientado a la solución de Problemas. A pesar de que fue recomendado por el BID, en los hechos no funcionó muy bien porque el Ministerio del Interior anterior “no lo aterrizó a la fase territorial”. Por esto hoy se ven comisarías con 20 o 30 efectivos, cuando, de acuerdo con el asesor, deberían tener 160.
También existe una dificultad legal, dado que las seccionales policiales no tienen las potestades necesarias. En el primer proyecto de ley de urgencia, no se contemplaba esta carencia. No obstante, tras la intervención de Romanelli y el pedido del senador Guido Manini Ríos, se introdujeron en el texto las potestades legales de investigar, perseguir, reprimir y prevenir el delito a nivel de las comisarías, lo que cuenta con el apoyo de toda la coalición.
El respaldo a la policía: una necesidad para proteger a la ciudadanía
Por otra parte, el articulado apunta a aumentar el apoyo a la policía, a través del incremento del alcance de la legítima defensa presunta. Según Romanelli, esto responde a la necesidad de que la policía sea respaldada, partiendo de la base de que un operador de la ley es quien protege a los ciudadanos, por lo que es menester presumir que se está defendiendo en forma legítima.
La falta de respaldo legal ha sido un reclamo de los efectivos y de los sindicatos policiales durante mucho tiempo, y esto es compartido por el gobierno.
En relación a las advertencias que se han hecho desde la oposición, de que con esta medida se correría el riesgo de que exista “gatillo fácil”, el especialista explicó que a la policía no se la entrena para eso. De todos modos, entiende que, como toda organización, está integrada por seres humanos, por lo que podrá haber errores, aunque para eso está la Justicia.
Lo medular del asunto es que, sin esa herramienta, el personal policial, más que cuidar a la gente, debe cuidar su situación y su futuro antes de actuar, puntualizó. Si bien Romanelli considera que las críticas de la oposición son atendibles, sostuvo que “estamos en un Estado de Derecho; la policía tiene una estructura de capacitación y de control importante y la población tiene todos los elementos para denunciar cualquier tipo de abuso”.
En la misma línea, Holfman enfatizó: “el delincuente tira a matar, mientras que el policía piensa 14 veces si puede o no utilizar el arma de fuego; lo que están buscando ahora con la legítima defensa presunta es darles más tranquilidad a los efectivos”.
Igualmente, el experto señaló que, si esto se aprueba, se precisarán ciertas garantías para la policía y para eso se la debe dotar de las herramientas adecuadas. Entre otras cosas, comentó que se le tienen que brindar cámaras corporales a los efectivos para que puedan grabar todos los procedimientos en los que participen. De esa forma, si son acusados de haber cometido algún abuso, podrán demostrar su versión de los hechos mediante ese instrumento.
En 2018, 24 delincuentes fueron abatidos por la policía. Ninguno de los responsables fue procesado ni se le hizo un sumario por haber actuado fuera de la ley. “El gatillo fácil es otra cosa, pasa en otros países y es el ajusticiamiento que hace la policía con los delincuentes; acá la policía tiene otra forma de actuar”, subrayó Holfman.
El cumplimiento de las penas y la importancia de reformar las cárceles
En lo que respecta a las penas, la ley de urgente consideración busca su efectivo cumplimiento. Uno de los cambios que se definió fue suprimir la libertad vigilada, creándose, de ese modo, la libertad a prueba, a fin de que el penado participe de un programa que apunte a su reinserción social. Al mismo tiempo, se generó el proceso simplificado, en lugar de la suspensión condicional del proceso (la cual implica llegar a un acuerdo entre las partes), que será derogada.
El propósito del proyecto es no dar libertades anticipadas rápidamente, como la coalición multicolor entiende que hoy sucede. Con esto, se espera que la percepción de riesgo por parte de los delincuentes realmente sea importante.
La iniciativa tiende a que los penados permanezcan más tiempo recluidos debido a las altas tasas de reincidencia existentes, expresó Romanelli.
Sin embargo, para Holfman, eso no va a hacer que disminuya la criminalidad, sino que simplemente los delincuentes pasen más tiempo dentro de la cárcel. Esto, lejos de ser una solución, es un problema, dado que así “se perfeccionan, salen más letales, con más rencores, porque no se rehabilitan”.
El planteo del especialista es que el gobierno debe enfocarse en la mejora del sistema carcelario, ya que incluso observando lo que ocurre en otros países, no son positivos los resultados del aumento de la duración de las penas. De hecho, indicó que, para reducir los delitos, es imprescindible que baje la reincidencia, lo que no podrá lograrse con el agravamiento de las penas, sino con una política efectiva de rehabilitación.
De 20 personas que salen, 17 vuelven a entrar, dijo. A esto se le suma que hay más de 300 extranjeros en prisiones uruguayas, de los cuales 89 están presos por problemas de narcotráfico. Ellos están con los delincuentes locales y son los que les enseñan cómo se trafica o cómo cometer determinado delito, aseguró. Opinó que “más que escuela del crimen, la cárcel es un posgrado, entonces, cuando salen de ahí, el que robaba un auto capaz que ahora roba un local de cobranzas porque sabe cómo hacerlo”.
La propuesta de Holfman es separar a los privados de libertad que se pueden rehabilitar de los que no. Sobre estos últimos, sabiendo que seguirán cometiendo crímenes al salir, afirmó que se les debe hacer un seguimiento.
