Legisladores de los principales partidos consultados por La Mañana dieron su parecer sobre este instrumento previsto en la Constitución y compartieron su punto de vista sobre otorgar la mayoría necesaria para promoverlas en esta legislatura. A lo largo de la historia de las Comisiones se buscó la manera de adaptarlas en su funcionamiento, aunque los proyectos normalmente naufragaron.
Creadas hace 104 años, con la Constitución
de 1917, las Comisiones Investigadoras del Parlamento casi han permanecido con
sus mismas reglas, a pesar de algunos intentos por modificar su poder, los
cuales nunca tuvieron éxito. Según el artículo 51 de la Constitución de 1917
(la cual entró a regir en 1919), se señala que el Parlamento podrá crear
comisiones que investiguen “asuntos de interés público”.
Se establece que cuando un legislador desea investigar un hecho, se lo comunica al presidente de su respectiva Cámara, el cual creará una preinvestigadora con un miembro de cada partido, y en 72 horas deberá expedirse sobre si el hecho en cuestión amerita o no la conformación de una investigadora. Si así lo hace, la Comisión debe ser votada por la mayoría del plenario. Pero si se conforma, sus alcances son limitados, lo cual sigue siendo un tema de discusión hasta el día de hoy.
En 1985, el por entonces diputado nacionalista Walter Santoro presentó un proyecto de ley por el cual se intentaba adaptar a las comisiones a lo previsto en algunos otros países, como Estados Unidos. El proyecto de Santoro pretendía que las investigadoras pudieran solicitar allanamientos, recabar testimonios e instruir la denuncia ante el juez competente. Pasaron diez años (dos legislaturas) para que el proyecto fuera aprobado, en 1995. Pero el presidente de ese entonces, Luis Alberto Lacalle, lo vetó. Para levantar el veto debía reunirse la Asamblea General, algo que nunca aconteció.
El último intento por lograr alguna modificación lo planteó el diputado Ope Pasquet en 2018. Se buscaba con su proyecto que las citaciones a los privados (ya sea empresas o individuos) tuvieran que ser con una concurrencia obligatoria, algo que hoy día no sucede. Pero este cambio tampoco prosperó y el proyecto de Pasquet terminó archivado.
Un estudio realizado por el Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales, mostró que desde 1985 a 2015 se solicitó la creación de 81 Comisiones Investigadoras, pero solamente en 36 oportunidades las cámaras creyeron pertinente su puesta en marcha.
En un primer período, 1985-1995, se solicitaron decenas de Comisiones Investigadoras, pero se aceptaron la mitad de estas. Están los casos de comisiones sobre el asesinato de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz, el envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber, la compra de carteras del Banco Central, la compra de centrales telefónicas, la quiebra del Banco Comercial, políticas relativas a los menores infractores, la situación de la Cooperativa Calnú y denuncias sobre supuestos hechos delictivos en los Casinos del Estado.
Un segundo período es 1995-2005. Ahí se solicitaron menos comisiones, y se introduce un nuevo elemento: pasar los antecedentes de lo investigado a la Justicia. Existieron comisiones para los casos de la venta del Banco Pan de Azúcar, Focoex (referido a compras a España), la Terminal de Contenedores y su adjudicación y la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Y finalmente un tercer período entre 2005-2020 en el cual el Frente Amplio impidió la conformación de muchas de este tipo de comisiones, por tener la mayoría parlamentaria.
“No crear un circo”
Para el senador frenteamplista, Alejandro Sánchez, las Comisiones Investigadoras deben existir “siempre y cuando, las mismas no sean para crear un circo”. “Son un instrumento que tiene el Parlamento para investigar algunos hechos de apariencia ilícita y es un elemento más para el contralor en busca de responsabilidades políticas”, dijo el legislador a La Mañana.
No obstante, considera que “muchas veces se han utilizado como un circo de propaganda” y sostuvo que las comisiones son la culminación de un proceso que comienza con pedidos e informes, las autoridades concurriendo a las comisiones parlamentarias para dar explicaciones y después analizar si se debe profundizar o no mediante una comisión especial.
“Esto no es un proceso así nomás, se deben pasar por diferentes instancias. Pero en el pasado se dieron casos de Comisiones Investigadoras o de pedido de estas, simplemente al grito de la tribuna, lo que terminaba desmereciendo el trabajo parlamentario”, afirmó.
Para el senador del MPP muchas veces el proceso culmina pasando todo lo actuado a la Justicia, lo cual implica “una judicialización de la política”. “Cuando alguna autoridad comete faltas debe investigar la Fiscalía, pero otra cosa son las responsabilidades políticas, porque estas comisiones no sancionan a nadie, buscándose esclarecer determinados hechos que pueden tener apariencia delictiva”, consideró Sánchez.
“En el período pasado de gobierno, se solicitaban muchas comisiones con temas que ya estaban en la Justicia, por lo cual se puede deducir que se quería crear un circo político, con el agregado que esas denuncias después eran archivadas por el Poder Judicial”, agregó el senador frenteamplista.
Citaciones a privados
La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, recordó que en el gobierno anterior no se pudieron conformar muchas de las Comisiones Investigadoras solicitadas por la oposición, porque el Frente Amplio tenía la mayoría en el Parlamento. No obstante, recordó que algunas, como la de Ancap, se pudieron conformar y tuvieron como resultado que los antecedentes sirvieran a la Justicia para efectuar procesamientos.
Bianchi dijo que está de acuerdo con que las Comisiones Investigadoras necesiten la mitad más uno de los votos para su conformación. “Estoy de acuerdo con esa mayoría especial porque se puede caer en el abuso o el desgaste de ese mecanismo de control”, señaló.
Si bien a su entender “funcionan bien”, está de acuerdo con el proyecto de Pasquet que determina que las empresas privadas y los particulares debían concurrir de manera obligatoria cuando sean citados. “Ese es el defecto que tiene la ley actual, el no poder hacer que las citaciones sean obligatorias. Estamos muy limitados, ya que, si los privados no participan voluntariamente, no los podemos citar a que se presenten, si no invitarlos, y que puedan concurrir o no”, dijo Bianchi.
En declaraciones a La Mañana, la senadora del Partido Nacional manifestó que a pesar de que el Frente Amplio no tiene mayorías, está dispuesta a evaluar cualquier solicitud que presente la oposición “con la condición de que sean temas que lo ameriten”.
Contralor sobre el gobierno
El diputado colorado Felipe Schipani dijo que en los gobiernos del Frente Amplio fueron contadas las oportunidades en que la oposición pudo lograr la conformación de Comisiones Investigadoras, “aun cuando había fundadas razones para hacerlo”. En su opinión, este tipo de comisiones sirven para revelar hechos que suceden dentro del Estado y que tienen, inclusive, consecuencias judiciales, como fue el caso de la investigadora sobre los negocios de Ancap “y el desastre que generó el Frente Amplio en esa empresa”.
No obstante, Schipani dijo que muchas veces las comisiones “se han prestado para hacer un circo”. “Recuerdo cuando el Frente Amplio asumió en el 2005, que se realizó una investigadora sobre la gestión de todos los entes autónomos y se efectuó un desfile por el parlamento de ex jerarcas colorados y blancos, que terminó en nada”, subrayó.
Schipiani dijo a La Mañana que en este período de gobierno también se pueden plantear investigadoras desde el oficialismo. “Una investigadora requiere mayorías parlamentarias, y sí se plantea un hecho dudoso se debe habilitar llevar adelante este proceso. Proponga quién lo proponga, porque todo lo que imponga un contralor sobre la gestión del gobierno me parece saludable”, sostuvo el representante colorado.
“No invadir el campo judicial”
El senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) es la primera vez que está en el Parlamento nacional, por lo que aún nunca integró una Comisión Investigadora. “Este es un viejo instituto parlamentario, pero nunca tuve participación en ninguna, por lo cual mi opinión es netamente teórica”, explicó. “Una de las funciones primordiales del Parlamento es la de contralor, además de la de colegislar, y las Comisiones Investigadores se constituyen, entonces, en un instituto de valía”, destacó Domenech.
Consultado por La Mañana sobre el proyecto, que podría resurgir para que a los particulares y empresas tengan la obligatoriedad de concurrir a estas comisiones cuando son citados, Domenech dijo que “no se puede sustituir al Poder Judicial”. “El Poder Legislativo no lo debe hacer. Las investigaciones de las comisiones tienen un cariz político y no judicial ni administrativo. Una medida de ese tipo sería invadir el campo de la actuación judicial”, opinó le senador.
Acotó que no es tarea del Legislativo “actuar coercitivamente”, y recordó que cuando se invita a estas comisiones a funcionarios del Estado, si no concurren, la sanción es meramente de responsabilidad política.
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