Internet se ha convertido no solo en una fuente de entretenimiento, educación e información, sino también un lugar que puede considerarse peligroso por la posibilidad de cibercrimen y ahora como un elemento creciente de control de la población. Este hecho se verificado en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, que como todos los Estados del mundo controla los cables submarinos que llevan la red al país, ha cortado los servicios como un medio para que la población no se comunique y coordine protestas en su contra.
La Internet Society es una organización global que brega por una Internet abierta y confiable, y emitió un comunicado en el que ha expresado su condena hacia las restricciones y bloqueos de servicios de internet implementados por el gobierno de Venezuela. La organización sostiene que estas acciones violan los derechos y libertades individuales de los ciudadanos. En las últimas horas, Maduro anunció que pretende legislar sobre Instagram y Tiktok, ya que las considera aplicaciones que son “multiplicadores del odio y de fascismo”. También llamó a los venezolanos a borrar Whatsapp de sus celulares. Él lo hizo con su teléfono en una conferencia en cadena nacional.
El sitio especializado MIT Sloan Management Review señaló que en la última semana la etiqueta #venezuela se utilizó en Instagram alrededor de 97 millones de veces y 53 mil veces en Tiktok, abarcando una población de 13 millones de personas. En los últimos 20 años cerca de 408 portales de información han tenido que cerrar sus operaciones en Venezuela. Solo en 2022, el gobierno chavista bloqueó al menos 70 sitios de internet, los cuales estaban dedicados a brindar noticias u opiniones sobre lo que ocurría en el país. El último fue The Wall Street Journal, sitio de noticias estadounidense, por publicar una columna de opinión de Corina Machado titulada titulado “Puedo probar que Maduro fue derrotado”. Desde las fraudulentas elecciones, ya van 17 los sitios de noticias que han sido bloqueados.
Para Maduro, el poder antes lo tenía la televisión, pero ahora se ha desplazado a las aplicaciones como Twitter, Instagram, Tiktok o Facebook, a quienes considera que intentan deslegitimar su poder. En medio de la polémica por su supuesta reelección, encomendó al Consejo de Defensa y al de Seguridad regular estas aplicaciones.
La situación en Venezuela
La Mañana dialogó con Mauro Ríos, secretario general de la Internet Society (Capítulo Uruguay) sobre la visión que esta organización tiene de lo que está ocurriendo en Venezuela.
“Empezamos a detectar que, en Venezuela, internet estaba siendo dando de baja de manera intermitente y se bloquearon sitios, lo cual va contra la libertad”, señaló.
La Internet Society tiene denuncias desde 2010 de limitaciones del servicio en Venezuela, por lo cual no surgen este tipo de prácticas con sus últimas elecciones. Se considera que el gobierno venezolano desde hace décadas ha tenido una práctica frecuente en estos cortes, que impiden a la población comunicarse, ya sea de manera interna o con el exterior.
Para Ríos, “internet se ha convertido en el espejo de la realidad de un país. Todos tenemos un celular en la mano y cualquier persona es un medio de transmisión en vivo de lo que está ocurriendo”.
Cuando se lo consulta sobre si esta situación de cortes intermitentes a propósito se ha registrado en otros países de la región, sostiene que es así, pero no en los niveles que se observan en Venezuela, “donde es una práctica común”. Uno de esos casos fue en Brasil, aunque por razones jurídicas. Un tribunal brasileño en 2016 emitió una prohibición a nivel nacional sobre la aplicación de mensajería Whatsapp por negarse a entregar datos solicitados por una investigación policial. Posteriormente, el servicio fue reactivado.
Controlar internet
La internet se conecta a los países mediante cables submarinos o terrestres, lo cuales son controlados por el Estado. Pero ahora han surgido nuevas alternativas satelitales, como el proyecto Starlink. Este tipo de comunicación podría hacer que la población no dependa del Estado para acceder a la red. Para Mauro Ríos estas tecnologías “posibilitan el acceso a internet con tecnología que no es dependiente de un país”.
Si bien son empresas comerciales, “estas han tenido siempre la cuota parte del hecho social. Darle conectividad a las comunidades de forma gratuita, no solamente en contextos de crisis de tipo humanitario, sino también en casos como el de Venezuela”, acota nuestro entrevistado.
Ante la pregunta de si existe una tendencia global a controlar internet por parte de las naciones, Ríos sostiene que “la preocupación no es el acceso. Está más por la regulación del servicio, o sea en el controlar. En el caso de China, tiene una policía que de acuerdo con las cámaras de seguridad y los datos de nuestra vida en línea es capaz de detener a una persona que sospecha que va a cometer un delito. En ese país la población debe tener instalada en sus celulares una aplicación donde están todos los servicios. Es como la zanahoria y el látigo. Con esa aplicación se pagan desde los impuestos hasta la compra en el supermercado, pero por eso tienen el control de tu vida”.
En el caso del resto del mundo (en especial los países latinoamericanos) el control viene por la regulación del servicio. Cuando se le pregunta sobre si el sistema empleado en China no se podría expandir a nivel mundial, responde que “si se quisiera expandir ese tipo de control hacia otros países sería muy difícil. Las organizaciones de distintos sectores de la sociedad de los países, en un contexto democrático, lo van a denunciar”.
Intendencia de Paysandú: “Una falla grande de procedimiento”
Mauro Ríos fue uno de los fundadores de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). Fue consultado por La Mañana sobre la ciberseguridad y los recientes hechos acontecidos en la Intendencia de Paysandú, donde un virus encriptó toda la información que tenía la comuna.
“Yo no tengo dudas de que para el común de la gente pueden pasar desapercibidas muchas cosas que están evolucionando, como los ciberdelitos. Pero a nivel institucional hay mucha observancia, Agesic monitorea gran parte de lo que sucede en la administración pública”, señala.
Frente a lo acontecido en Paysandú, indica que le causó “sorpresa” y su pensamiento es coincidente con la de otros expertos en ciberseguridad. Los hechos en ese departamento los considera como “una falla grande de procedimiento”, ya que “es inconcebible que algo que está en la etapa del libro, el respaldo de datos, haya sido el gran causante de que no se tenga una capacidad de recuperación de los archivos”.
A su criterio, falló un procedimiento de respaldo. La Intendencia señaló que tenía dos respaldos de la información, pero también fueron destruidos, lo cual significa que estaban en línea. El experto dijo que uno de los respaldos podía estar en línea, pero la lógica marca que el otro no debe estarlo. También se maneja que podría el segundo respaldo estar fuera de la red de computadoras, pero en ese caso no fue auditado, o sea, no se comprobó que todos los datos se encontraban en perfectas condiciones.
“El Estado se debe ir involucrando en internet”
En Uruguay la diputada comunista Micaela Melgar señaló en una entrevista de diciembre de 2023 en el programa Desayunos informales que “el Estado se debe ir involucrando en internet, en el espacio virtual”. La legisladora sostuvo que “tenemos parte de nuestra vida en lo virtual” y además “generamos opinión pública” mediante las redes.
Melgar, junto a la diputada Martina Casás, presentó un proyecto de ley de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Estas manifestaciones sobre el involucramiento estatal en las redes generaron polémica, aunque posteriormente se señaló que las declaraciones de Melgar tenían que ver únicamente con la protección de niños y adolescentes. La legisladora es politóloga y realizó un curso sobre Ciencias Políticas en Nueva York (Estados Unidos). También trabajó para el Partido Demócrata norteamericano, mediante una pasantía.
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