La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Gabriela di Longo, explicó que el organismo necesita más personal para cumplir correctamente su tarea, mientras han crecido las denuncias contra funcionarios públicos y la institución no puede cumplir con parte de los cometidos que le marca la ley.
En diálogo con La Mañana, Di Longo señaló que cuando asumió la presidencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en febrero de 2023 su idea fue organizar el trabajo dentro de la oficina. Explicó que se han realizado internamente protocolos, “porque no existía ninguno”, y de esta manera determinar las diferentes tareas, por ejemplo, ante el ingreso de las denuncias. Además, se actualizó la seguridad informática, con la adquisición de un programa para las declaraciones juradas que se publican, y se estableció un orden de seguridad interna para determinar quiénes podían acceder a los diferentes expedientes, “ya que todos entraban a todo y ante cualquier problema que hubiera, no había nadie responsable”.
Otra de las metas de Di Longo fue la contratación de nuevo personal, con el llamado de tres abogados, pues el organismo contaba con una sola abogada para atender todos los expedientes.
El personal de la Jutep consta de once funcionarios (uno está con licencia por enfermedad), mientras que en 2017 tenía diecisiete. Del total de los diez que están en la actualidad, seis son destinados a los cometidos específicos de la junta, siendo el resto personal administrativo. La presidenta dijo: “Bajaron los funcionarios, pero se cuadriplicaron las funciones”, y acotó al respecto: “Es fundamental que la Jutep tenga funcionarios. Un organismo de control, que debe tener esta calidad, al igual que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) o el Tribunal de Cuentas, sin funcionarios no tiene mucha posibilidad de funcionar como debería hacerlo. Los tres organismos de control que existen hacen todo a pulmón”.
En la última Rendición de Cuentas se aprobó una partida para la reestructura de la Jutep que va a permitir crear una carrera dentro del organismo y aquellos que están en pase en comisión se efectivicen en la junta. Pero esta partida recién llegará en 2025.
Más de doce mil obligados a presentar declaración
El trabajo central de esta oficina es recibir las declaraciones juradas y denuncias sobre acciones u omisiones de los funcionarios públicos vinculados a hechos de corrupción.
El total de funcionarios obligados a presentar declaración jurada actualmente es de 12.161, distribuidos en la siguiente forma: en la administración central y organismos paraestatales, 4.335; entes autónomos y servicios descentralizados, 3.341; gobiernos departamentales, 3.169; Poder Judicial, 1.151 y Poder Legislativo, 1.165. Hay en la actualidad 1.916 funcionarios omisos en la presentación de su declaración jurada.
Hasta 2020 solo se publicaban las declaraciones juradas del presidente y vicepresidente, el resto se archivaba en una bóveda que hay en el edificio de la Jutep. De esta manera quedaban reservadas y no eran vistas por el público. Esto implicaba que un único funcionario se encargara de la tarea de publicar, una vez cada dos años, las declaraciones del primer mandatario y su vicepresidente. Pero ahora se publican las declaraciones de más de ochocientos funcionarios, y esto supone dificultades respecto a la publicación cada dos años, pues los funcionarios varían, ya sea porque dejan el cargo, se jubilan o fallecen. Ante la falta de personal, existen atrasos en las publicaciones en la página web.
Di Longo indicó que la idea es que la publicación de las declaraciones juradas se agilice de la mano de la tecnología, a la vez que señaló que su idea es que se capacite a los funcionarios para detectar errores en las declaraciones.
Ahora también se busca que las declaraciones juradas sean más fáciles de llenar, aclarando términos, y subsanar un error: que las declaraciones en papel tengan los mismos ítems que en formato electrónico, ya que no son iguales en los datos requeridos. Se debe tener en cuenta que en el último año se recibieron más de seis mil declaraciones juradas, en cifras similares para cada formato. Pero los que contestaron de manera electrónica debieron brindar más información sobre su patrimonio y el de su cónyuge.
El funcionamiento de la Jutep hace que las declaraciones juradas no se examinen en términos de si lo que se dice es cierto o no. La ley establece que de las declaraciones guardadas en la bóveda (hay más de doce mil) se debe abrir un cinco por ciento y estudiar si los datos, entre una declaración y la otra presentada dos años después, muestran inconsistencias. “Eso no lo podemos hacer porque no tenemos personal”, señaló Di Longo, aunque aclaró que “la idea es implementarlo este año”.
Denuncias en aumento
La Jutep también recibe denuncias sobre declaraciones juradas que se han presentado y publicado. Estas denuncias se pueden efectuar de manera anónima a través de la web de la institución y consisten en inconsistencias en las declaraciones. En 2019 fueron veintidós; en 2022, 46 y en 2023, hasta octubre inclusive, 85. De esas, 59 fueron anónimas y en veintiséis casos el denunciante dejó sus datos. De las denuncias de 2023, dos tienen relación con presidencia, veintisiete con ministerios, diez con el Poder Legislativo, una con el Poder Judicial, nueve con entes autónomos, veinte con servicios descentralizados, catorce con gobiernos departamentales, una con personas públicas no estatales y una está en la categoría otros. Las denuncias pueden tratarse de inconsistencias en una declaración jurada o, por ejemplo, compras estatales. Las denuncias crecieron de manera importante cuando se publicaron las declaraciones juradas de ochocientos funcionarios públicos.
Una vez que se recibe la denuncia se debe efectuar un informe, con una investigación y se le da vista al organismo involucrado o a la persona, para que haga sus descargos. Pero la falta de personal hace que todo el trámite sea muy lento.
Visión internacional
La Jutep participa también de organismos internacionales, los cuales realizan una evaluación sobre el funcionamiento de estas oficinas de control en diferentes países. La última misión de la Organización de Estados Americanos llegó sobre fines de 2022 y Di Longo participó en 2023 de la defensa del informe sobre Uruguay. Cuando se la consultó sobre cómo es la visión en el exterior de la Jutep, indicó que llama la atención la existencia de un organismo de este tipo solamente con once funcionarios.
El caso Sartori: decidirá Presidencia
Una de las denuncias más mediáticas de los últimos tiempos y que involucra la Jutep es la del senador Juan Sartori. Hay sobre él dos señalamientos. Uno hace referencia a la falta de la declaración jurada de la esposa y otro sobre su patrimonio.
En el caso de la cónyuge, después de que la Suprema Corte de Justicia dijera que era constitucional que se le exigiera la declaración de bienes, Sartori no la presentó y se declaró al legislador como omiso, lo cual se comunicó al Parlamento. Por un lado, se le retuvo el cincuenta por ciento del salario y, por otro, la ley establece que no puede ser candidato a ningún cargo mientras esté en esta situación de omisión.
Cuando se le notificó, Sartori presentó un recurso administrativo de revocación en la Jutep y de anulación ante el Poder Ejecutivo. En la Jutep el plazo de 120 días para expedirse por el recurso administrativo vence en marzo. Pero la última palabra la tendrá Presidencia, que puede decidir anular el acto administrativo, por lo cual Sartori dejaría de ser omiso y se podría presentar a las elecciones.
En el caso de la declaración jurada sobre su patrimonio, se le solicitó que ampliara la documentación sobre sus empresas.
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