La Asociación de Docentes de la Universidad de la República y de Educación Secundaria, con el apoyo de la FEUU, intensifican esta
semana las medidas de presión para obtener mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas y detener la transformación educativa.
Mientras tanto, estudiantes de gremios estudiantiles expresan su rechazo a las medidas de paro y ocupación por entender que se
vulnera el derecho a estudiar y recibir clases con normalidad.
Este martes comenzó la huelga docente decretada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) en reclamo de mayor presupuesto para la Universidad pública, medida a la que también se adhirió la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) y que mantendrán en principio hasta este viernes.
El pasado sábado, el Consejo Federal de ADUR anunció esta decisión y emitió un comunicado donde reconoce que el gobierno “ha inyectado recursos a la Rendición de Cuentas” pero que “esos fondos no se están volcando a atender las urgencias universitarias”.
Adur entiende que los recursos adicionales que la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado acordó destinar a la Udelar “son absolutamente insuficientes para atender las urgencias universitarias” ya que “equivalen a menos de un tercio de lo que se requiere para lograr que no se deteriore aún más la relación entre cantidad de docentes y estudiantes, y mantienen el rubro cero en la atención al crecimiento de demanda de becas, el salario docente y de funcionarios TAS (Técnicos, Administrativos y de Servicios), y los demás programas de desarrollo académico presentados por la institución”.
Reclaman por “las condiciones de estudio y trabajo, la recuperación salarial, por un fondo de inequidades salariales que atienda particularmente la situación de los docentes grado 1 y 2, por recursos para atender la demanda de becas de estudiantes y el crecimiento de la matrícula estudiantil”.
Ades, a su vez, exige la suspensión inmediata del proceso de transformación educativa impulsada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y pide que se convoquen distintos ámbitos de negociación laboral en 2023. El dirigente de esta Asociación, Javier Iglesias, dijo a El Observador que los profesores sindicalizados se encontrarán desarrollando medidas de lucha esta semana y que haya clases dependerá de los liceos y facultades que estén abiertos.
Desde ayer se encuentran realizando movilizaciones y ocupando liceos de la capital, y mañana los docentes de Secundaria acompañarán la movilización de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, que comenzará a las 18.00 horas y marchará desde la Facultad de Derecho hasta el Palacio Legislativo. El viernes convocarán una asamblea en la que definirán los pasos a seguir.
A partir de que se declaró en conflicto, Adur señala que se ocuparon más de diez servicios universitarios en Montevideo, Paysandú y Maldonado, que se realizaron paros y movilizaciones en todo el país y actividades en espacios públicos con el propósito, según declara, de “instalar la problemática universitaria en la sociedad y provocar la solidaridad de una gran cantidad de organizaciones sociales y actores de la ciencia, la cultura y la educación”.
Entre el derecho a parar y el derecho a estudiar
La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) organizó paros, ocupaciones y movilizaciones que fueron rotando por varios centros estudiantiles, hace ya varias semanas, en acompañamiento de las medidas de Adur en reclamo de “mejores condiciones de estudio y trabajo y más presupuesto para la Universidad”, según consignan en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la Corriente Gremial Universitaria (CGU) declaró en un comunicado del 20 de setiembre su “rechazo absoluto” a las medidas de ocupación convocadas por la FEUU. “Estamos convencidos de que es una medida que solo tiene como consecuencia el perjudicar a todos los estudiantes que deseamos concurrir a nuestra casa de estudios para llevar adelante nuestras actividades con normalidad”, expresó.
Ante las medidas de huelga anunciadas por Adur y la Intergremial Universitaria, la CGU de la Facultad de Ciencias Económicas expresó en otro comunicado el pasado domingo que no comparte la resolución adoptada. “No queremos seguir perdiendo tiempo de dictado de clases, pruebas postergadas y, en definitiva, pérdida de la calidad de estudio y aprendizaje. Exigimos que las protestas no sigan deteriorando a la educación, más allá de sus fines”. Y agrega: “Los estudiantes queremos estudiar y rendir con normalidad. Estas medidas distorsivas están generando un gran perjuicio a los estudiantes que han organizado licencias, sus viajes para rendir e incluso han incurrido en gastos de locomoción y alojamiento. El daño no es solo a nivel educativo sino también en lo económico”.
En otro comunicado publicado en redes denuncian que se les dijo que cuando se tomaran estas medidas de protesta podrían estudiar desde sus casas, pero según indican, “la realidad es que hoy restringen el acceso a los materiales de estudio (plataforma EVA), a casi cinco días de las revisiones”. A su vez critican que se asume que todos los alumnos cuentan con un espacio desde el cual estudiar, y que esto “denota ignorancia de las distintas realidades de los estudiantes de nuestra institución”.
Alumnos del Instituto de Profesores de Artigas (IPA) declararon a La Mañana: “Si bien la huelga es un derecho consagrado constitucionalmente en el artículo 57, como todo derecho tiene límites, mientras no vulnere al resto”. Comprenden las medidas de lucha en reclamo de más presupuesto, sin embargo, ponderan, “el tema es que el derecho de huelga no perjudique a los que quieran trabajar y a los que no quieran parar”.
Además, señalaron la incertidumbre que genera esta situación en su desarrollo académico. “No sabemos qué va a pasar”, dijeron. “Desde el 15 de agosto no tenemos clases. Todo lo que cursamos hasta agosto no sabemos si lo perdemos o no. Tampoco está claro si podemos hacer el segundo parcial por la plataforma del IPA que se llama CREA”.
Lacalle Pou: “estamos jugados a la transformación educativa”
El presidente Luis Lacalle Pou opinó sobre las medidas de protesta dispuestas, expresando que los paros siempre terminan castigando a los alumnos. Por esto “ha bajado el nivel educativo de nuestro país y estamos tan jugados a la transformación educativa”, dijo. Además, enfatizó en rueda de prensa el domingo en Carmelo, que, si bien el presupuesto es un tema del gobierno, “la distribución de los recursos es responsabilidad de Udelar”, ya que esta cuenta con autonomía.
Por su parte, consultado por Canal 5 sobre los dichos del presidente, el Ing. Héctor Cancela, presidente de Adur, dijo que estas medidas generan una distorsión, pero que “la distorsión de tener un 20% más de estudiantes con la misma cantidad de docentes, es aún mayor”. “Para ponerlo en proporción, es como si tuviéramos 20 días de paralización de actividades en cada semestre”, puntualizó. El ingeniero además indicó que están tomando estas medidas para denunciar esta situación y declaró que el compromiso de la asociación es con la educación y la mejora.
Huelgas y ocupaciones
Hasta el momento no hubo desalojos de las ocupaciones en ninguna facultad. El presidente de Adur señaló que estas “se han procesado de forma completamente natural”. “Los gremios hemos ocupado y realizado un conjunto de actividades de contacto con la sociedad”, expresó. “Han sido ocupaciones a término y rotativas en la preocupación de comunicar la situación, pero no ocasionar un perjuicio demasiado grande en ninguna facultad en particular”.
El artículo 392 de la LUC establece que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga por un lado y por otro el derecho de los no huelguistas a trabajar en los respectivos establecimientos. Antes de la LUC había dos decretos del año 2006 y 2010 que regulaban la ocupación como una extensión del derecho de huelga, pero no tenían en cuenta el derecho de los no huelguistas a trabajar, hecho que fue objeto de críticas por organismos internacionales.
El artículo 392 posibilita a un jerarca o empleador, ya sea de una empresa pública o privada, a solicitar al Ministerio de Trabajo la intervención, convocando a una instancia de consideración sin perjuicio de intimar en cualquier momento la desocupación de un establecimiento de forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. Si se persiste en la ocupación, el MTSS puede solicitar al Ministerio del Interior el desalojo.
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