El programa de la Coalición, “Gobernar entre todos-Compromiso País” hace especial énfasis en la primera infancia, la seguridad y bajar el costo de vida.
El programa consta de 400 propuestas en 22 ejes temáticos, acordados por todos los partidos que conforman la Coalición. Estos ejes son: “Una economía más competitiva con foco en las PYMES”, “Un país más abierto y respetado en el mundo”, “Bajar el costo de vida para los uruguayos” y “Un Estado más simple”. A estos se agregan “El trabajo y la seguridad social para el SXXI”, “Políticas sectoriales”, “Infraestructura de calidad para todos los uruguayos” y “Prioridad en la primera infancia y en las familias”. “Salud mental”, “La discapacidad en el centro” y “Vivienda al alcance de todos” son otros puntos. Estos se complementan con “Políticas para jóvenes”, “Adultos mayores”, “Fortalecimiento de sistema de Salud” y “Bienestar animal”
Se plantea la segunda generación de la transformación educativa y hay un capítulo dedicado a la innovación, ciencia y tecnología. También se abarca la cultura y el deporte, seguridad y protección ciudadana, defensa y soberanía nacional, políticas de ambiente y transparencia y ética pública. A continuación, un resumen con las principales propuestas.
Incremento de 1500 nuevos policías
En materia de seguridad, la Coalición plantea la creación del Grupo Especial Conjunto Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, el cual estará integrado por funcionarios de todas las dependencias estatales con vinculación en la tarea investigativa adaptando el modelo antimafia multifuerzas utilizado por Italia. Entre otras medidas está previsto implementar la figura del agente encubierto financiero como herramienta específica para el combate al Lavado de Activos. También el incremento de al menos 1500 funcionarios policiales, continuar el fortalecimiento de las comisarías seccionales como unidades básicas operativas y la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado que se vincularía con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se propone crear.
Tarifas residenciales para Pymes
En referencia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas hay algunas propuestas para impulsarlas. Una de ellas es que se implementará una política de tarifas pymes que permita a estas acceder a las mismas tarifas que las residencias particulares en servicios como agua y saneamiento. En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas pagan tarifas comerciales que son mucho más altas que las residenciales. El documento indica que “no se aumentarán los impuestos y se será responsable y transparente con el manejo de los recursos que los contribuyentes vuelcan al fisco”.
Incorporación a la OCDE
En política internacional, se insistirá con un TLC con China, en un marco en el que “la política de inserción internacional comercial estará guiada por el pragmatismo y no por preconceptos ideológicos”.
Al respecto se señala que se deberá continuar el camino para alcanzar acuerdos comerciales relevantes para nuestro país, como el mejor acceso a Estados Unidos, las negociaciones para un TLC con China, la solicitud de ingreso al Cptpp, así como el acuerdo Mercosur-UE y también insistir en flexibilizar el Mercour y buscar acuerdos bilaterales lo más amplios posible (América Latina, India, Sudeste Asiático, países árabes y África).
Otro aspecto significativo es la “apertura unilateral”. Esto es “facilitar la circulación de personas y mercaderías en el Mercosur, avanzar en la desburocratización y en el comercio electrónico, así como tender a la eliminación de la tasa consular”.
Sobre nuevas asociaciones, el planteo es impulsar la profundización de la relación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta nuclea a 38 Estados y el objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La integran los países desarrollados, y de la región Chile y Colombia. Han solicitado su incorporación Brasil, Argentina y Perú. Otro punto es solicitar la adhesión al Acuerdo de Economía Digital. Este acuerdo, actualmente integrado por Chile, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Singapur, es uno de los más modernos del mundo.
Deudas y defensa del consumidor
Uruguay está considerado uno de los países más caros del mundo. Dentro del acuerdo programático hay un capítulo denominado “Bajar el costo de vida para los uruguayos”. En materia de combustibles y para lograr una reducción en el precio de estos, “se analizará la eliminación de las restricciones que reducen la competencia en el transporte y otros eslabones de la cadena de comercialización”.
Para lograr la llegada de más productos importados y que esas importaciones no sean monopolizadas por grandes empresarios la propuesta es “la creación del mecanismo de importación simplificada, que permita agilizar las importaciones de pequeña y mediana escala a aquellos comerciantes legalmente establecidos y pequeños industriales”.
Otro aspecto son los cambios en las regulaciones de cinco grupos de productos en la búsqueda de una baja significativa y rápida del costo de vida: higiene personal, alimentos, tecnología, energía eléctrica y combustibles. La idea es cerrar la brecha digital, abaratando la tecnología para que sea accesible a todos los hogares uruguayos. Para ello se plantea eliminar los aranceles y toda otra carga que tengan los productos de tecnología al momento de ser importados. En forma adicional, se flexibilizará el uso de las franquicias de importación personal de forma de facilitar el acceso a bienes tecnológicos, aclarándose que “esto no podrá representar una competencia desleal al comercio formal”. En las políticas de franquicias, hay cuatro de 50 dólares por año y se piensa en la posibilidad de mantenerlas, pero dar una franquicia única de 200 dólares al año, sin pagar impuestos para traer tecnología desde el exterior por parte de los particulares.
Sobre las deudas se indica que “la oficina de Defensa al Consumidor deberá implementar mecanismos que otorguen las garantías a los deudores para que puedan reestructurar sus créditos de forma razonable”. En materia de subsidiarias de empresas públicas se propone “avanzar en la cotización en el mercado de valores”. Todas las empresas públicas tienen subsidiarias que se rigen por el derecho privado y son sociedades anónimas, siendo el 100% del paquete accionario propiedad del Estado.
Criterio de la “confianza responsable”
En el capítulo “Un Estado más simple”, se plantea sustituir la lógica del trámite y el expediente (aunque sea en soporte electrónico) por la lógica del servicio al ciudadano, sin papeles, en línea y en su teléfono móvil como primera opción. A la vez, adoptar el criterio de la “confianza responsable”, que implica aceptar que la declaración del interesado, su gestor o representante es información válida para acceder a un servicio público. De esta manera se abandona el modelo actual en que debe probarse previamente lo declarado o informado al momento de una solicitud o inicio de trámite.
Se prevé introducir mejoras en el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. En referencia al Estado, está el acelerar la implementación de la reforma de la carrera administrativa votada en 2023, que entre otras cosas elimina las diferencias de sueldos según el organismo para la misma tarea.
Sobre los funcionarios públicos, el documento plantea una reducción gradual de la cantidad de funcionarios a partir de la no reposición de una parte de las vacantes. “Se enfatizará en la no reposición de cargos administrativos no abocados a las tareas centrales del organismo. La Estrategia Nacional de Digitalización tendrá un rol clave en esto. El objetivo es tener una baja significativa en la cantidad de funcionarios administrativos de la administración”, se indica.
Subsidio para unipersonales y cuentapropistas
En materia de seguridad social se propone la creación de un subsidio por cese de actividad por cuatro meses para trabajadores por cuenta propia que facturan como unipersonales, literal E, monotributistas y monotributistas Mides. Sobre empleo juvenil, se espera lograr un procedimiento de contratación ágil y más barato con especial énfasis en la primera experiencia laboral, buscando alcanzar la creación de 15.000 puestos de trabajo. Sobre las personas privadas de libertad que hayan recuperado esta, se buscará facilitar la inserción laboral. Se continuará promoviendo la aprobación a nivel parlamentario del proyecto sobre el acoso laboral y el proyecto que tutela la protección a los trabajadores que ejecutan tareas de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso, pasando de pasajeros a clientes, vinculados a través de plataformas digitales.
Ampliación del Bono Crianza
Dentro de la protección a los menores, se prevé el aumento del Bono Crianza que abarcará en una primera etapa a 30.000 niños de 0 a 3 años con una triplicación del monto, pasando a cobrar 6900 pesos por mujer embarazada o niño de 0 a 3 años. En una segunda etapa, está prevista la extensión del Bono Crianza a menores de 3 a 6 años, abarcando a 60 mil niños. Asimismo, extender la cobertura de licencia maternal con correspondiente subsidio a las trabajadoras no dependientes y a las profesionales universitarias.
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