La debilidad del Estado en las cárceles uruguayas facilita la expansión y la consolidación del crimen organizado, de acuerdo con el análisis del Dr. Álvaro Garcé, quien fuera titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado en la administración anterior. Entrevistado por La Mañana, remarcó la urgencia de una reforma del sistema penitenciario, priorizando una mayor seguridad, el ingreso de más funcionarios capacitados y el control de las comunicaciones. También subrayó la importancia de la rehabilitación y la reinserción.
En una reciente nota de Búsqueda, usted se refirió al impacto sobre nuestro país de grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC). Dada su experiencia, ¿qué incidencia real tienen en las cárceles uruguayas?
Hay una constante histórica y es que en la región los grupos de crimen organizado se han constituido en las cárceles y desde ahí han buscado extender su área de influencia hacia toda la sociedad. Esto no es una casualidad porque el crimen organizado es por definición oportunista, y las cárceles son los lugares más débiles del Estado. Entonces, la ausencia de autoridad, la debilidad del Estado, fueron aprovechadas por estos grupos que hoy realmente aparecen como muy consolidados. Su irrupción ocurrió hace unas décadas y hoy el escenario es difícil de revertir y le impone a los Estados la necesidad de actuar cuanto antes a nivel preventivo y represivo, tratando de desarticularlos, lo que requiere cambios muy profundos en el sistema carcelario en todo lo que tiene que ver con sus esquemas de seguridad.
¿Por qué cree que no se han realizado esos cambios o que se ha llegado a este punto? ¿Qué ha fallado en las últimas gestiones?
El sistema carcelario es un tema pendiente en nuestro país y en prácticamente todo el mundo. Me parece que, por una cuestión de prioridades, porque los recursos normalmente se destinan a otras urgencias, las cárceles van quedando en el final de la lista y se pierde de vista que cuando falla el sistema penitenciario se está hipotecando no solo la rehabilitación de las personas privadas de libertad, sino la seguridad. Hoy las cárceles en general, y Uruguay no es una excepción, están funcionando como espacios que resultan útiles al crimen organizado.
¿Cuáles serían las principales medidas que habría que tomar para revertir esa situación?
El sistema carcelario uruguayo requiere una reforma urgente, tanto en los aspectos vinculados a la resocialización y por lo tanto la rehabilitación de los privados de libertad, como en las cuestiones vinculadas a la seguridad. Lo primero que el Estado debe plantearse es la necesidad de fortalecer el aparato de seguridad penitenciaria. En Uruguay existe un déficit muy notorio de policías penitenciarios. Si se pretende tener un tratamiento penitenciario técnico adecuado, la primera condición indispensable es que los grupos de crimen organizado no manden en las cárceles. Por ende, hay que plantearse en el corto plazo reconstituir el aparato de seguridad penitenciaria con la designación de nuevos funcionarios, la capacitación, darles los medios adecuados para que puedan asegurar que efectivamente la autoridad del Estado se impone en todos los rincones de las cárceles.
¿El crecimiento carcelario podría facilitar la replicación de los modelos delictivos como el del PCC?
Es evidente que un sistema carcelario en crisis constituye una especie de caldo de cultivo para estos grupos. Es difícil estimar en qué medida las cárceles uruguayas están infiltradas por estos grupos procedentes fundamentalmente de Brasil. No creo que sea prudente hacer una estimación cuantitativa. Lo que sí podemos decir es que tenemos buenas razones para suponer que esos grupos que nacieron y se fortalecieron en las cárceles desde San Pablo hacia el resto de Brasil y desde allí a Paraguay, Argentina y al resto de la región, pueden tener algún tipo de influencia en nuestro país. Yo diría que independientemente de cuál sea el nivel de influencia, está claro que hay que revisar los esquemas de seguridad penitenciarios, que hay que ser mucho más preventivos y disuasivos. Hay que revisar las facilidades de comunicación que tienen los privados de libertad con el exterior. La población privada de libertad tiene derecho a la comunicación con el exterior, lo que no significa que eso implique el derecho a tener un celular. El Estado debe garantizar que esas comunicaciones no sean libres en el sentido de posibilitar la replicación de la actividad delictiva. Por lo tanto, si se trata de internos que están en una chacra, que han demostrado buena conducta y que están condenados por delitos leves, no veo ninguna razón para que no puedan tener celular. Ahora, si son personas que han sido condenadas por delitos de narcotráfico, por su participación en grupos de crimen organizado, no veo ninguna razón para que puedan tener celular. Por ende, es claro que el Estado debe asegurar las comunicaciones de un modo que sea seguro, es decir, que se utilice para los fines que la ley establece, que es el contacto con la familia, el contacto con el exterior, pero no para reproducir la actividad delictiva.
¿Por qué eso no ha sido regulado?
Hay un gran vacío. La difusión de los celulares dentro de las cárceles ha generado un problema que no existía hace 40 años. La posesión de celulares implica que el Estado, para neutralizarlos, deba interferir con bloqueadores. Al hacerlo, hay que asegurar que esas personas no pierden el contacto con el exterior, porque si no se estarían vulnerando sus derechos. Entonces, hay aquí una tensión entre el interés y la necesidad del Estado de no dejar libres las comunicaciones para que no sigan delinquiendo desde su celda, y la garantía del contacto con el exterior. Esto se resuelve estableciendo las debidas diferencias entre la población que sí podría usar celular y la que no. La primera medida para evitar que las cárceles sean espacios funcionales al crimen organizado es revisar todo ese sistema.
Desde hace varios años se han detectado en nuestras cárceles algunas células del PCC, pero, por lo que dice, no se ha podido evaluar su magnitud real. ¿Es así?
Yo no quiero hacer una estimación de cuántas personas privadas de libertad hoy responden orgánicamente a estos grupos extranjeros porque me parecería temerario hacerlo. Pero, siendo las cárceles uruguayas un elemento que podría servir de base al crimen organizado, el Estado debería, independientemente de cuántos sean los integrantes captados por estos grupos, tener una acción muy firme, preventiva y en el menor tiempo posible.
¿Cuáles son los rasgos organizativos de estos clanes que actúan en Uruguay?
En general son grupos de menores niveles de organización en comparación con los grupos extranjeros, menos orgánicos, más blandos, pero a pesar de ello pueden tejer alianzas con esos grupos más poderosos.
¿Qué riesgos implica ese enquistamiento dentro del régimen penitenciario para la seguridad interna del país?
El riesgo es muy importante en el sentido de que, si desde las cárceles se trabaja con libertad para planificar, organizar y ejecutar el crimen, esto implica un compromiso serio para la seguridad pública.
¿Cómo fue en el período anterior la cooperación entre Inteligencia, la Policía Nacional y otras entidades en el intercambio sobre estos grupos y demás temas carcelarios?
En el período anterior, desde la Inteligencia Estratégica buscamos tejer alianzas fuertes con la inteligencia táctica nacional, tanto a nivel policial como militar, y también con servicios de la región. La experiencia de intercambio fue muy buena, tanto en lo nacional como en lo internacional. La cooperación con países como Brasil o Argentina es absolutamente clave. Entre las agencias uruguayas tiene que haber la mayor coordinación posible, pero tan importante como esto es la alianza externa, porque al existir la presencia de grupos en los países vecinos, eso le impone a los Estados, a través de sus respectivos sistemas de inteligencia, la necesidad de cooperar activamente. El crimen organizado es transnacional, no se fija en fronteras ni en idiomas. Los criminales son sumamente solidarios entre ellos, en el sentido de que están abiertos a colaborar en el crimen 24/7.
¿El Estado actualmente cuenta con protocolos que permitan detectar y reaccionar a posibles intentos de sindicalización criminal dentro de las cárceles?
Me consta que es un tema que está en la agenda que ha continuado más allá del 1º de marzo, es decir, parto de la base que las autoridades actuales tienen clara esa prioridad y desde luego que como ciudadano espero que se continúe el esfuerzo para enfrentar estos grupos de crimen organizado.
¿En qué medida impacta la capacitación de los funcionarios penitenciarios en este tema?
La capacitación es esencial, pero antes de capacitar hay que tener funcionarios en cantidad suficiente. Ese es el primer desafío. Hoy el déficit es enorme y por lo tanto la primera prioridad es fortalecer cuantitativamente la policía penitenciaria, y luego cualitativamente con su formación y con elementos de respaldo que le permitan cumplir eficazmente la tarea. En el caso de aquellas unidades penitenciarias de mayores niveles de seguridad, es indispensable tener los equipos que permitan bloquear las comunicaciones irregulares y canalizar estas comunicaciones por teléfonos regulares.
¿Cómo ha visto los anuncios del gobierno actual para combatir el crimen organizado y el lavado de activos, como la reciente creación del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silcon)?
Son señales positivas, pero creo que está faltando, o por lo menos no he visto, el debido énfasis en el sistema carcelario.
O sea, dentro de las medidas anunciadas, ¿estaría faltando poner el eje en el sistema carcelario?
Deberíamos tener a esta altura conocimiento de la existencia de un plan concreto para fortalecer la seguridad penitenciaria.
¿Cómo evalúa la gestión del sistema penitenciario del gobierno anterior?
Por haber sido parte de esa administración, puedo decir que una de las cuestiones que ahora menciono, que es el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria mediante el ingreso de funcionarios, se cumplió porque ingresaron nuevos funcionarios. Lo que sucede es que el déficit todavía continúa existiendo y se va reproduciendo en la medida en que se producen retiros por jubilaciones y otros motivos. Entonces, yo espero que en el próximo presupuesto –y este planteo es realizado con sana intención y con espíritu constructivo– se prevea lo suficiente como para que exista un fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciaria.
Y en cuanto a la infraestructura carcelaria, ¿cuál es la expectativa?
Es otra prioridad. Debemos tener presente que desde el período anterior se ha hecho un esfuerzo por ampliar la capacidad penitenciaria. El hacinamiento siempre es un caldo de cultivo para la actividad delictiva, es decir, cuanto más hacinadas están las cárceles, más débil es el Estado y menor es su capacidad de controlar el sistema penitenciario. Por lo tanto, todos los aspectos que tienen que ver con lo edilicio deberían seguir siendo una prioridad.
¿El aumento de la población carcelaria es sinónimo de una mejora de la seguridad?
No necesariamente. La mayor tasa de encarcelamiento por sí sola no resuelve la crisis de seguridad y no asegura una baja del delito si ese encarcelamiento no es acompañado de condiciones de seguridad en las que el Estado pueda efectivamente mandar en las cárceles positivamente, para lograr que la mayor cantidad posible de personas privadas de libertad, cuando regresen a la sociedad, se encuentren en condiciones de no volver a delinquir.
¿Cómo cree que el crecimiento de la población carcelaria, que ya está superando las 16000 personas, incide en la posibilidad de que se formen líderes carcelarios que tengan influencia en el exterior?
El aumento de la población privada de libertad permite que las personas que están encarceladas no puedan cometer nuevos delitos, pero sí podrían hacerlo intelectualmente por medio de la coordinación organizada. Al mismo tiempo, encarcelar más supone un desafío mayor para el Estado, porque tenés que gestionar adecuadamente esa privación de libertad. Entonces, dado que el Estado uruguayo tiene privadas de libertad a 16.000 personas, el esfuerzo correlativo en la gestión y, en consecuencia, la dotación de medios, tienen que ser acordes a esa realidad.
¿Qué papel deberían jugar aspectos como la rehabilitación, la educación y la reinserción social en este contexto?
Son aspectos absolutamente claves. La apuesta a la resocialización es el camino largo y, al mismo tiempo, el más seguro para evitar el delito. Es imposible pensar a largo plazo una disminución estructural del delito si no se recorre antes el camino del fortalecimiento de la intervención técnica en las cárceles. Es una ilusión pensar que, si no se desarrollan programas técnicos durante la privación de libertad y programas de reinserción una vez obtenida la libertad, bajará el nivel de reincidencia.
Decía que aún no se conoce un plan en esta área. ¿Cómo visualiza el escenario penitenciario uruguayo si no se toman medidas?
Yo sostengo que no conozco todavía un plan, quizás las autoridades lo tienen y espero conocerlo a la brevedad. No estoy presuponiendo la omisión, sino que querría tener la seguridad de que existe un plan concreto. Por eso no estoy dando por cerrada la posibilidad de que se avance en este sentido, más bien quiero todo lo contrario, quiero que sucedan esos cambios, que sean positivos y que Uruguay comience a dar nuevas señales. Alguna señal, como la incorporación de policías penitenciarios, ya fue dada en el período anterior, y es muy necesario que se continúe avanzando en esa dirección.
¿Qué tan riesgoso sería que no se tomaran medidas?
El panorama es muy desafiante. Sería una oportunidad perdida. Todas las oportunidades perdidas implican un costo. Siempre que se deja pasar una posibilidad, el costo suele ser alto, y más en estas cuestiones, cuando enfrentás a grupos criminales muy fuertes.
¿Cuáles serían sus principales recomendaciones para que Uruguay no termine como algunas jurisdicciones de Brasil, que han visto organizaciones consolidarse dentro de sus penales?
Sugiero dos medidas muy concretas. Una es fortalecer la seguridad penitenciaria. La segunda, fortalecer los programas de intervención técnica durante la privación de libertad y la asistencia postpenitenciaria, que es absolutamente clave para permitir una buena reinserción, para darles alternativas a aquellos que no quieren delinquir, para poder desempeñarse lícitamente una vez que obtienen la libertad.
