La votación de condena a la persecución y el encarcelamiento de líderes político opositores en Nicaragua, realizada en el Senado, llevó a que el Partido Comunista de Uruguay (PCU) se desmarcara de los demás integrantes del Frente Amplio. Para Juan Castillo hay “un montaje” respecto de la situación en el país centroamericano.
A la declaración se llegó por consenso entre la coalición de gobierno y el FA, tras una discusión en la Comisión de Asuntos Internacionales. En la misma se presentaron dos propuestas. Una sobre la situación en Nicaragua, presentada por senadores Sebastián Da Silva (PN), Pablo Lanz (PC), Raúl Lozano (CA) y Juan Straneo (PN).
La otra se denominaba “Situación en las Repúblicas de Colombia y Nicaragua” y estaba firmada por cuatro senadores del Frente Amplio (Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Eduardo Brenta y José Carlos Mahía).
El acuerdo para una declaración única se logró tras eliminar del texto cualquier mención a la OEA y la posición que este organismo ha tomado con respecto a lo que sucede en el país centroamericano.
De esta manera se llegó con una posición única al plenario del Senado, cuando el pasado 22 de junio se votó por unanimidad de los senadores presentes en sala (27), una declaración condenatoria de la situación en Nicaragua tras el encarcelamiento de varios líderes opositores.
En uno de sus pasajes se indica que el Senado de Uruguay rechaza “la persecución y el encarcelamiento de dirigentes políticos y sociales de Nicaragua, país en el que se han inhabilitado varios partidos políticos y han sido encarcelados dirigentes y candidatos de estos partidos, así como la persecución de periodistas que informaban de este proceso” y se exhorta al gobierno de Nicaragua a que restablezca un clima institucional que haga posible la celebración de elecciones con garantías para todas las partes. También “reafirma la importancia y vigencia del principio de no injerencia y de no intervención en los asuntos internos de los países de la región”.
En Nicaragua se deben realizar elecciones generales en noviembre, pero ya hay detenidos cinco candidatos a la presidencia y 17 opositores al régimen. Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sostienen que los detenidos forman parte de un plan para derrocarlo. Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y nuevamente se va a presentar a las elecciones para intentar un cuarto mandato.
Dos visiones contrapuestas en la interna del FA
El único sector político dentro del FA que no apoyó la declaración votada en el Senado fue el Partido Comunista, que exigía que en la declaración se condenara la situación que se vive en Colombia.
Antes de que se planteara el acuerdo entre la oposición y la coalición de gobierno, el tema se había analizado en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA, donde el Partido Comunista objetó que el tema Colombia quedara afuera de cualquier declaración.
Es por esto que cuando se produjo la votación, el senador Óscar Andrade del PCU no estaba en sala. Fuentes del Partido Comunista dijeron a La Mañana que la no inclusión de la situación de los derechos humanos en Colombia fue un factor determinante para que no apoyaran esta declaración.
Unos días antes el secretario general del PCU, Juan Castillo, había expresado que en caso de tener que elegir “entre el imperialismo y defender el proceso en Nicaragua, defendemos el proceso en Nicaragua”. “Después discutimos con las compañeras y los compañeros, aún a riesgo de equivocarnos, pero lo hacemos con este grado de honestidad”, agregó. Para Castillo “hay un montaje” en torno a lo que sucede en el referido país.
Castillo realizó estos comentarios en el marco de una videoconferencia con el secretario general del Partido Comunista de Colombia, Jaime Caycedo. Ese encuentro fue para brindar el apoyo del PCU a los comunistas colombianos que están enfrentados al gobierno del presidente Iván Duque.
La posición de otros sectores del Frente Amplio ya se había dado a conocer. Tal es el caso del Partido Socialista que había aprobado una declaración donde condenó “todas las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”, que incluyen la persecución a políticos y periodistas. A esto se sumó el exsubsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, quien en Twitter elogiaba un editorial del diario El País sobre lo que acontece en Nicaragua sosteniendo que era “un excelente artículo sobre cómo el poder corrompe. La dictadura de Nicaragua llevada adelante a sangre, fuego y corrupción”.
Por otro lado, un cambio de posición del Frente Amplio frente al gobierno de Venezuela parece que está comenzando a gestarse. El exministro de Economía y exvicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo a La Diaria que “es absolutamente insólito que el FA, teniendo la historia que tiene, teniendo los padres que tiene, esté apoyando una dictadura como la de Venezuela”.
A esto se sumó Sebastián Hagobian, integrante de Asamblea Uruguay, miembro de la Comisión de Internacionales del Frente Amplio y presidente del sector juvenil de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. En una reciente reunión de este grupo, mantuvo un encuentro con representantes de partidos de oposición al gobierno de Maduro, y fue invitado a visitar Venezuela.
Embajador nicaraguense se basó en informe de CAinfo
Si bien la declaración de repudio a la persecución política en Nicaragua se venía manejando desde tiempo atrás (existió un intento de realizarla hace un mes en la Cámara de Diputados), la declaración del Senado detonó la respuesta del embajador nicaragüense en la OEA, Luis Alvarado, quien calificó a Uruguay de “dictadura”.
Previamente el representante uruguayo en ese organismo, Washington Abdala, había advertido sobre la violación de los derechos humanos en Nicaragua. “¿Qué consejo nos viene a dar el señor embajador Abdala?”, dijo Alvarado. “Nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo con su presidente a la cabeza”, agregó.
“Sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay y según el séptimo informe realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), esto es lo que reportan”, sostuvo Alvarado.
Por otra parte, acotó que la Ley de Urgente Consideración tiene “disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión, de reunión y prohibía las manifestaciones y protestas sociales”.
En tanto CAinfo salió a aclarar horas después que “Uruguay no es una dictadura”. “Tiene un gobierno democrático, surgido en elecciones libres, que no encarcela ni persigue periodistas o candidatos presidenciales de la oposición, como sucede en Nicaragua”, y el informe aludido por Alvarado da cuenta de episodios que afectan la libertad de expresión, “pero no hay ninguna intención –ni explícita ni oculta– de atribuir intenciones dictatoriales al gobierno uruguayo”, sostuvo la ONG.
Uruguay y Nicaragua tienen relaciones diplomáticas, pero no existen embajadas ni en Montevideo, ni en Managua. La representación diplomática uruguaya en Nicaragua fue cerrada tiempo atrás y lo mismo pasó con la nicaragüense en Montevideo. La embajadora de Nicaragua en Chile, Lylliam Méndez, es la concurrente para Uruguay, pero aún no ha presentado sus cartas credenciales ante el gobierno de Lacalle Pou.
Por lo tanto, no es de esperar que se tomen medidas diplomáticas por el exabrupto de Alvarado en la OEA. Lo que Uruguay podría impulsar, según fuentes del gobierno consultadas por La Mañana, es apoyar o solicitar la expulsión de Nicaragua de la OEA por no cumplir con la carta democrática.
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