Al parecer todavía queda mucha tela para cortar con respecto a la aplicación del acuerdo portuario que extendió por 50 años la concesión de TCP a Katoen Natie y de los dos posteriores decretos del gobierno que lo viabilizaron.
Los decretos 114 y 115 instauraron un nuevo régimen de gestión de la terminal especializada de contenedores y un nuevo reglamento general de atraque de buques del puerto de Montevideo que determina la prioridad de atraque a TCP.
Para argumentar la legitimidad de dicha prioridad, desde el Gobierno y la empresa reivindicaron el art. 72 –del Decreto N° 183 del año 1994, que reglamentó la Ley de Puertos de 1992– que estipula que las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin.
Respecto de los decretos presentados el 21 de abril, que le dieron un marco normativo al acuerdo suscrito entre el Estado uruguayo y la empresa belga en los primeros meses de este año, el pasado 4 de octubre vencieron los tres recursos de revocación presentados por las empresas Montecon, Nobleza Naviera y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) ante Presidencia y el MTOP. Apuntan a que lo decretado es violatorio de lo que consagra la Ley de Puertos y la ley que creó la subasta de TCP (2000) sobre la libre competencia en el puerto.
Según explicó a La Mañana la Dra. Silvia Etchebarne, hubo una “denegatoria ficta” de dichos recursos debido a que estos no fueron contestados por el Poder Ejecutivo. “Vencido el plazo y agotada la vía administrativa, quedaron habilitados para ser presentados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)” en un plazo de 60 días, indicó la especialista en derecho marítimo.
Hace dos semanas Montecon denunció, ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, al Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte, la ANP, y al grupo Katoen Natie. La empresa de capitales chilenos y canadienses exigió el “cese de la ejecución del acuerdo” y aplicar la “máxima sanción pecuniaria” a los que denuncia por cometer “diversas prácticas anticompetitivas”.
Montecon sostiene que el contrato firmado entre el gobierno y Katoen Natie “se compone de actos y conductas anticompetitivas, cuyo objeto y finalidad ha sido la de excluir competidores del mercado, eliminar la libre competencia y en definitiva explotar en exclusividad el mercado de carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo, sin libertad de elección para usuarios y consumidores”. Por ese motivo, la empresa solicitó el “cese preventivo” del acuerdo y la adopción de “medidas cautelares”.
Sin embargo, la Comisión desestimó esas peticiones señalando que “no se puede advertir de inmediato la existencia de las prácticas anticompetitivas denunciadas”. Asimismo, la Comisión declaró reservadas las actuaciones para “no entorpecer la investigación”, lo que cuestionó Etchebarne porque “queda un manto de dudas”.
Legisladores del FA presentaron denuncia penal y recurso revocatorio
El pasado viernes 8, los diputados del Frente Amplio (FA) presentaron al Poder Ejecutivo un recurso de revocación contra la resolución del 25 de febrero de 2021, en la que quedó aprobado el acuerdo entre el Estado uruguayo y el Grupo Katoen Natie. Los legisladores opositores entienden que la resolución “padece de graves vicios, en su procedimiento y en su contenido”.
Señalaron la “inexistencia” de un procedimiento administrativo previo y la “incompetencia”, puesto que se trató de un acto dictado por el Poder Ejecutivo en una materia reservada exclusivamente al Poder Legislativo.
Según los legisladores frenteamplistas, se resolvió por medio de un acto administrativo un acuerdo que establece un monopolio privado en favor de Katoen Natie, cuando para ello se requiere una ley formal aprobada por dos tercios de cada cámara, como lo establece el art. 85 (#17) de la Constitución. El Poder Ejecutivo tiene 150 días para responder; y de no hacerlo, se entiende que no revocará el contrato, por lo que los diputados del FA tendrán un plazo de dos meses para presentar el recurso ante el TCA, el que tendrá un año para expedirse.
Por otra parte, hace dos semanas la bancada de senadores del FA se presentó en la Fiscalía para denunciar penalmente al exministro de Transporte, Luis Alberto Heber; al subsecretario de esa cartera, Juan José Olaizola; al presidente de la ANP, Juan Curbelo y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, por sospechas de “abusos de funciones” y otros delitos, durante la negociación que terminó en la firma del acuerdo, que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.
Apenas conocida esa instancia, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respaldó a los jerarcas del gobierno denunciados. En su cuenta de Twitter el mandatario dejó en claro que “actuaron bajo su supervisión y responsabilidad”.
“Protocolo de aplicación de ANP precipitó las consecuencias del acuerdo”
El 22 de setiembre, el directorio de ANP aprobó un protocolo que regula la aplicación del art. 14 del decreto 115 (sobre el nuevo reglamento de atraque de buques acordado) e instala oficialmente la prioridad a TCP para el movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo a partir del 1° de noviembre de forma progresiva; dado que prevé que cada 90 días se dirijan nuevas cargas desde los muelles públicos hacia la terminal especializada.
El nuevo reglamento dice que ANP “deberá priorizar el atraque de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada y solo podrá decretar los mismos en los muelles multipropósito en caso de que la terminal especializada se encuentre ocupada”, durante las 24 horas siguientes al momento de firmar resolución sobre el atraque.
Posteriormente, ANP emitió una nueva resolución donde comunica que el primer servicio que deberá operar desde noviembre en TCP será el GS1, que conecta con el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos y que integran las navieras Hapag Lloyd, ONE, MSC – Alianca, Hamburg Süd, Maersk Line, SeaLand y Zim.
Según acreditó Etchebarne, “es una de las líneas que más factura, y eso impacta directamente en la economía de Montecon, que es la que trabaja esta línea”; por lo que dejará, por lo menos, a partir del 1° de noviembre, 80 trabajadores en el seguro de paro, aseguró la abogada. “Este protocolo de aplicación dictado por la ANP precipitó las consecuencias del acuerdo”, debido a que “lo que íbamos a ver en febrero de 2022 lo empezamos a ver ahora”, explicó Etchebarne.
Además, advirtió que, como cada tres meses se irá pasando una nueva línea, “este conflicto que estamos viendo ahora –en el puerto de Montevideo–, lo vamos a estar viendo cada 90 días, hasta que pase la última línea naviera a la terminal especializada”.
Supra y TCP llegaron a un acuerdo para un nuevo convenio colectivo
Katoen Natie confirmó este martes en un comunicado que “luego de intensas y prolongadas negociaciones se alcanzó un acuerdo con nuestro sindicato de trabajadores portuarios para la firma de un nuevo convenio colectivo”.
Esto se da luego de que el lunes de noche se llegara a un preacuerdo en el Ministerio de Trabajo que quedó confirmado horas más tarde, cuando la asamblea del Supra aprobó “por amplia mayoría” la propuesta de la empresa.
Tras el acuerdo, la operativa de TCP, parada desde el fin de semana, retomó sus tareas habituales a las 19 hs. del martes según anunció la empresa y el propio sindicato portuario.
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