La filtración de datos sobre una investigación que lleva adelante la Fiscalía abrió un nuevo debate sobre la seguridad de la información que se maneja a nivel judicial, aunque otros integrantes del sistema lo relativizan.
Uno de los casos más sonados, y que involucra a dos funcionarios de la fiscalía, fue la investigación sobre la destrucción de documentos y la supuesta sustracción de otros en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).
Dos funcionarios de Fiscalía fueron acusados de filtrar a personas cercanas al expresidente de la Ursec, Nicolás Cendoya, una foto de un elemento que estaba en la carpeta de la investigación. Se trataría de la denuncia policial por la destrucción de documentos que forma parte del expediente. Uno de los funcionarios había sido detenido y enviado a la Cárcel de Punta de Rieles, aunque ahora y mientras se tramita la investigación debe cumplir 20 días de prisión domiciliaria. El otro funcionario, que amenazó con suicidarse lanzándose desde el piso 16 de la Facultad de Ciencias pero fue disuadido por la policía y los bomberos, aún no fue citado a declarar ante la fiscalía.
Fiscal Díaz apunta a los medios de comunicación
Pero este no es el primer caso de filtración de información que se manejan en múltiples casos, lo cual inclusive llevó a que el Fiscal General, Jorge Díaz, dijera a través de Twitter: «Los medios de comunicación masivos llegaron a las puertas de la justicia penal para quedarse. Sea por razones de interés público, de mercado o de ambas, las noticias criminales y su investigación ocupan cada vez más espacio en los medios».
Uno de los casos de filtración reciente tuvo que ver con la investigación sobre el asesinato de tres infantes de Marina. La fiscal Mirta Morales se quejó por la filtración de las fotos de los cuerpos de las víctimas y que inclusive la prensa llegará antes que la policía en un allanamiento relacionado con el caso.
También se filtró a la prensa las amenazas de muerte contra la fiscal Mónica Ferro, quien tiene a cargo la investigación de casos relacionados con estupefacientes, lo que generó preocupación en el entorno de la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo se filtraron detalles de la solicitud de la Fiscalía por el tema del desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos.
«Fuegos de artificio»
El exfiscal Enrique Viana renunció a su cargo cuando entró a regir el nuevo Código del Proceso Penal, al cual califica de «inconstitucional». Viana dijo a La Mañana que al retirarse advirtió que se venía «un sistema caótico».
«Hay un fiscal general que es todopoderoso y domina verticalmente todo un sistema. Los fiscales dejaron de esta manera de ser independientes», afirmó Viana. «Se anunció con bombos y platillos que íbamos a un sistema oral y público, como algo favorable que alejaba el oscurantismo. Pero resulta que no hay juicios orales y públicos, porque menos de un 3% de los procesos van a un proceso oral, porque el 97% se resuelven en pactos a escondidas, inclusive para el juez, porque se efectúan en la sede de la fiscalía», agregó.
Sobre el caso de la Ursec, Viana sostiene que no sabe si la información que se facilitó a terceros por parte de los funcionarios era reservada. Esto se debe a que el CPP exige que se otorgue una declaración expresa de reserva para determinada información. Existe una reserva para terceros y una reserva específica incluso para las partes o el propio imputado.
«Se sale a pegarle a dos funcionarios de la fiscalía, cuando se dijo que íbamos a un proceso oral y público, al cual no fuimos. Fuimos a un proceso tan inquisitivo como el anterior, con la diferencia que la inquisición se la sacamos al juez y se la dimos al Poder Ejecutivo, a través del Fiscal General», sostuvo.
Viana se preguntó qué tan importante era la información filtrada, manifestando que «generalmente en las carpetas fiscales está el parte policial y poco más. Ni tan siquiera en la carpeta están los audios de alguna declaración (que no quedan por escrito)». «Sigo sin entender qué tan trascendente era para el expediente esa información que se filtró», indicó.
«Yo no sé si esto no es un fuego de artificio para no ingresar en el tema central que es la investigación de la Ursec. Estamos ahora preocupados por los funcionarios que filtraron una información de la cual no sabemos su trascendencia, pero nos olvidamos del asunto de fondo», sostuvo el ex fiscal. Y aclaró que «tarde o temprano, los elementos que tiene la fiscalía serán conocidos por la defensa del imputado y el propio público».
Para Viana un hecho al cual considera grave es que en la misma casa donde se produce la filtración, es donde se juzga la conducta de esos funcionarios. «¿Qué objetividad puede tener en la investigación el funcionario imputado? Más aún hoy donde frente a un proceso, los jueces ante un pedido de formalización del Fiscal, en el 99,99% dicen amén», subrayó.
El actual código no tiene previsto que frente a un hecho como el ocurrido con un funcionario de Fiscalía, sea otra parte y no la propia fiscalía quien lo deba investigar y juzgar. Con el anterior Código sería un juez quién terminaría juzgando.
La concentración de poder del Fiscal
El exfiscal Enrique Viana se manifiesta convencido que «no ha habido en la historia del Uruguay un hombre con tantos poderes como el Fiscal General». «Esta figura tiene un paralelo, o una mala copia, de lo que es el Procurador General en Estados Unidos, lugar que llegó a ocupar Bobby Kennedy antes de ser candidato a presidente. Esto muestra una idea del poder que tiene esa figura», afirmó.
Viana considera que el actual CPP «le dio el monopolio de la investigación a una entidad administrativa, porque los jueces no pueden actuar de oficio para, por ejemplo, investigar el tema de las filtraciones de fiscalía. Ahora los jueces tienen prohibido iniciar algún tipo de investigación».
Al ser consultado sobre posibles filtraciones de expedientes con el código anterior, relató que el procedimiento era diferente. Como la investigación la realizaba el juzgado, el fiscal podía solicitar la carpeta del caso, que llegaba directamente a él y posteriormente lo devolvía al juez. De esta manera los funcionarios administrativos de la fiscalía tenían muy poco acceso a él.
TE PUEDE INTERESAR
