El polémico fallo emitido el pasado jueves 7 por el juez Alejandro Recarey de suspender la vacunación contra la covid-19 a menores de 13 años, fue apelado el pasado lunes por el Gobierno que espera retomar, cuanto antes, las inoculaciones. En tanto, desde diferentes sectores cuestionaron el proceder del magistrado y algunos hasta evaluaron investigar presuntas irregularidades.
El jueves pasado el juez subrogante de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recarey, determinó suspender la vacunación contra el covid-19 a niños de entre 5 y 13 años, medida judicial que fue apelada por el Gobierno en la tarde del pasado lunes 11, recurso que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil deberá deliberar la próxima semana.
El magistrado entendió que existió un “desacato” por parte de las autoridades que se negaron a quitar la confidencialidad de los contratos firmados con Pfizer y por eso ordenó la “suspensión inmediata” de la administración de vacunas a los más chicos.
Recarey dio lugar al recurso del abogado Maximiliano Dentone para suspender la vacunación “en edades pediátricas”, por lo que el juez exigió al Ejecutivo y al laboratorio Pfizer aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluida la posible presencia de “óxido de grafeno” o “elementos nanotecnológicos”. A su vez, solicitó estudios que demuestren la “inocuidad” de “la sustancia llamada ARN mensajero” y exigió revelar los términos de los contratos firmados entre el gobierno y Pfizer para comprobar si contienen cláusulas “de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores” respecto a eventuales efectos adversos.
Apenas conocido el fallo, en una conferencia de prensa brindada en Torre Ejecutiva por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés (actores relevantes del gobierno en la gestión con distintos países y empresas farmacéuticas), cuestionaron duramente la sentencia judicial de Recarey.
Ferrés dijo que el fallo interfiere en una competencia del Poder Ejecutivo: “Cada poder del Estado tiene determinados cometidos atribuidos por la Constitución, que le son propios y de ahí que los poderes actúan en forma independiente. La fijación y la conducción de la política sanitaria es un cometido esencial del Poder Ejecutivo”. Por su parte Delgado agregó que “los fallos se acatan, pero se pueden criticar, y este fallo es un disparate, que indica que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las farmacéuticas privadas. Esto, para el gobierno, es un argumento inadmisible”, expresó el secretario de Presidencia.
Delgado recordó que el plan de vacunación en Uruguay fue “muy estudiado y avalado por la academia”, además de ser “totalmente voluntario” –tanto para menores como para adultos– y con un gran porcentaje de adhesión en el país, “lo que posibilitó llegar a la situación sanitaria actual y controlar la pandemia”, aseveró el jerarca que anunció la pronta apelación al fallo que se efectivizó mediante los recursos presentados el lunes. “Esperemos que la apelación sea rápida, bien rápida. Es un disparate haber prohibido la vacunación voluntaria”, enfatizó Delgado, quien también anunció a los padres que están aguardando para vacunar a sus hijos menores de edad, que “el gobierno buscará con la apelación brindar amparo a las familias”. El secretario presidencial expresó que espera que, en pocos días, a través de la apelación que se presentará “los padres que quieran vacunar a sus hijos lo puedan hacer”.
Por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas –que contestó rápidamente las 28 preguntas formuladas por el abogado Dentone (que el MSP hizo públicas)– expresó: “La vacuna protegió y protege a la sociedad en su conjunto, muy especialmente a los más vulnerables: personas con comorbilidades, niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas con un sistema autoinmune debilitado”. En tanto, representantes jurídicos ministeriales presentaron una recusación contra el juez Alejandro Recarey, donde señalaron una “falta de imparcialidad del juez por haber dado su opinión previa respecto a la misma temática” de la vacunación. Además, alegan que el recurso se realizó “fuera de los plazos” y subraya el incumplimiento “de otros requisitos previstos en la ley de amparo”. En un comunicado el MSP expresó: “Las vacunas son eficaces y seguras, lograron disminuir la mortalidad y los contagios, son un mecanismo para proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, fueron aprobadas y suministradas por el organismo competente”.
Sobre la actuación de juez Recarey, el MSP señaló que “constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo”.
Comunidad médica y oposición respaldaron campaña de vacunación
Tras conocerse el fallo, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) y la Academia Nacional de Medicina, respaldaron la campaña de vacunación voluntaria contra el covid-19 en niñas y niños menores de 13 años. El SMU dijo que no es razonable que, en pocas horas, “se tome una decisión tan sensible como prohibir un plan de vacunación en un grupo etario específico, contradiciendo la opinión ampliamente mayoritaria de las sociedades científicas nacionales e internacionales, más aún cuando se trata de una inmunización no obligatoria”.
La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), dijo que, “desde el punto de vista científico no ha existido ningún tipo de cambio que avale esta interrupción en la vacunación de dicha población. Por el contrario, cada vez existe más evidencia sobre el beneficio y la seguridad de la vacunación contra la covid-19”. En ese mismo sentido, la Academia Nacional de Medicina defendió “el derecho de los niños a recibir inmunización”, ya que “la experiencia nacional y las evidencias científicas internacionales avalan la eficacia y seguridad de las vacunas utilizadas en nuestro país”.
En el ámbito político, fue casi unánime el respaldo al gobierno nacional. Incluso el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se comunicó directamente con el presidente Lacalle Pou para respaldar al gobierno en el plan de vacunación implementado. Según Pereira “el fallo judicial debe respetarse y acatarse, pero consideramos al igual que nuestro Gobierno que es un profundo error, sobre todo considerando que la vacunación no es obligatoria”, sostuvo. Pereira manifestó que “la vacunación frenó un momento trágico en el que día a día morían decenas de compatriotas”.
Un fallo “tendencioso”
Consultado sobre si pudo haber pesado en el fallo la condición de antivacunas del juez, Delgado respondió que “en este mundo las coincidencias son muy pocas”. Según lo informado por el diario El País, “Recarey es el titular del juzgado letrado Civil de 9º Turno, pero en este caso (a pedido personal) suplantó a Carlos Aguirre, que es el juez titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo de 4º Turno”, y en esa calidad dictaminó el fallo que despertó revuelo en el Gobierno y en la opinión pública. Vale mencionar que el mismo día que dictó el fallo en cuestión, resolvió dictaminar otro asunto relativo a medidas contra el covid-19, dado que aceptó una demanda que buscaba detener la solicitud de PCR negativa de covid-19 como condición para el regreso a Uruguay de las personas no vacunadas.
El perfil de juez y su idoneidad para un fallo de tal magnitud fue cuestionado por varios actores políticos como el senador Guido Manini Ríos y el expresidente Julio María Sanguinetti.
El líder cabildante criticó el fallo y recordó que está pendiente de aprobación un proyecto de ley elevado por Cabildo que prevé el delito de prevaricato (actualmente previsto para abogados) para jueces y fiscales que “intencionalmente, con fallos como este, provocan el descrédito en la Justicia”. El art. 4 se refiere a “penas de prisión, multas e inhabilitación, al juez que, a sabiendas, dé una resolución injusta en causa penal o no penal”.
En tanto, el secretario general del Partido Colorado señaló en su cuenta de Twitter que la decisión del juez Recarey fue “arbitraria” y sostuvo que el amparo es solo para una “manifiesta ilegitimidad e inminencia de daños”. Sanguinetti manifestó que “vacunar es un deber del Poder Ejecutivo y no siendo obligatorio, es absurdo el recurso”, añadió.
Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que se opondrá a que Recarey ascienda a un tribunal superior, posibilidad que le cabe en breve por su antigüedad como juez. Bianchi dijo consideró como una “inconducta” del magistrado el fallo adoptado el jueves pasado. “Todos los actores políticos de todos los sectores estamos cuestionando una decisión, de un juez de la Nación, que en realidad ha demostrado que lo que más le falta es ecuanimidad para tomar decisiones y pesa su opinión por sobre el derecho y por sobre el sentido común”, expresó la legisladora.
La Dra. Martha Valfre dijo a La Mañana que la decisión del juez Recarey se comprende dentro del concepto jurídico denominado ultra petita, que significa que el magistrado “fue mucho más allá de lo que se había pedido” por la parte demandante.
Además, Valfre discrepó con la presentación del Dr. Dentone, ya que entiende que este realizó una “acción de clase”, algo que no está previsto en el Derecho uruguayo. La abogada se preguntó: “¿Dónde está la representatividad que tiene por todos los niños?”. Él podría haber reclamado por sus hijos, “pero no por todos los niños”, indicó.
“Si el juez era notoriamente antivacunas tendría que haberse recusado” de actuar en este caso, manifestó Valfre en Esta Boca es mía. Añadió que, de comprobarse, constituiría una “falta de ética” y ameritaría que se le abriera una investigación.
Valfre recordó que el art. 25 de la Constitución de la República prevé la responsabilidad de los magistrados en sus funciones. El mismo dice: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.
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