El proyecto de Rendición de Cuentas recientemente aprobado en el Senado redistribuye recursos que se orientarán, entre otras cosas, a la extensión territorial de la UTEC y al proyecto de Institutos Centrales de Investigación sobre generación y producción de vacunas. También se prevén refuerzos para Udelar y Primaria.
La Universidad Tecnológica, la Universidad de la República y el Hospital de Clínicas recibirán más fondos tras aprobarse en la Rendición de Cuentas una reasignación de partidas. Este dinero partirá principalmente de aquel presupuestado para la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).
En el caso de la UTEC se trata de $ 45 millones que se destinarán a salarios de funcionarios y otros $ 15 millones para gastos de funcionamiento, la continuidad educativa de las carreras en curso y la extensión territorial a las nuevas sedes.
Para UDELAR se asignaron $ 7 millones para financiar la investigación en la generación y producción de vacunas. Esto forma parte del proyecto «Institutos Centrales de Investigación» y se pondrá en práctica el año próximo. Los fondos saldrán del presupuesto de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía.
También se otorgaron $ 25 millones destinados «exclusivamente» a sostener la enseñanza de grado en plataformas digitales. Estos fondos se sacarán del presupuesto destinado a salarios de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).
También se reasignaron fondos desde la Ursea que pasaron al Hospital de Clínicas. Se trata de $ 43 millones para salarios de profesionales en el programa “Inserción universitaria en el Sistema Integrado de Salud». Los montos serán de $ 23 millones para el programa de rápida resolución de cáncer de mama, $ 7,5 millones a la Unidad de cirugía ambulatoria y $ 12 millones al Programa de rehabilitación física integral.
Otros $ 25 millones serán para el programa universitario de becas de grado del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Modificación a destino de Impuesto de Primaria
El destino que se da al Impuesto de Primaria sufrió modificaciones en la Rendición de Cuentas, aunque desde la Anep estiman que estos cambios no terminarán afectando el fin de dicho tributo.
En la ley de presupuesto de 1986, mediante el artículo 645, se señalaba que «el producido del impuesto de Primaria se destinará a financiar los créditos presupuestales de gastos e inversiones del Consejo de Educación Primaria».
En la Rendición de Cuentas se modifica dicha redacción. Se deja constancia de que las partidas serán para Primaria, agregándose: «así como los gastos asociados a la alimentación de los alumnos que asisten a modalidades educativas de jornada ampliada de la Dirección General de Educación Técnico Profesional y de la Dirección General de Educación Secundaria».
También se efectúa otra precisión. Ante un aumento de la recaudación del impuesto en 2021 sobre su recaudación del ejercicio 2020, se podrá destinar dicho plus a financiar los salarios de los maestros y el funcionamiento de Primaria. Si bien esto generó algunas críticas desde el Frente Amplio y los delegados de los funcionarios en el directorio de la Anep, el director sectorial de Programación y Presupuesto, Mario Camps, dijo a los legisladores que la posibilidad de un incremento en la recaudación del impuesto «es marginal» y además, no se destinaría todo el incremento al rubro salarios.
En 2020 la recaudación de este impuesto llegó a $ 3.256 millones, unos US$ 74 millones. La distribución del mismo fue en alimentación escolar con 61,63 % y el restante se destinó a la reparación y el mantenimiento de las escuelas, la limpieza, las emergencias médicas en escuelas, el transporte escolar, el programa de verano educativo, la compra de utensilios de cocina y otros gastos.
Al analizar este artículo de la Rendición de Cuentas, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, recordó que el Programa de Alimentación Escolar tuvo una investigación a través de la Auditoría Interna de la Nación y existe actualmente otra investigación interna dispuesta por el Codicen.
Lo que la Auditoria Interna de la Nación detectó fue la escasez o falta de controles. Entre los beneficiarios hay registros de cédulas de identidad que no corresponderían a estudiantes ni a los docentes, sino que son de otros lugares.
En la Comisión del Senado que analizó la Rendición de Cuentas, Fabeyro manifestó que no se sabía que pasaba con el excedente de las bandejas o de las viandas que proveen los servicios tercerizados, ya que, por licitación, tienen que ir a donación. «Sin embargo, no siempre se pudo hacer el seguimiento de esa donación como para saber, por ejemplo, quién la había recibido, quién la había entregado y qué fin tenía», acotó la directora de Primaria.
A esto se agrega que en la actualidad hay 6.000 alumnos de Secundaria que también reciben los servicios de alimentación. Durante la pandemia y en las escuelas que estaban cerradas a unos 84.000 niños se daba por día un tique de $ 85. Por otra parte, el servicio tercerizado de alimentación cuesta, en promedio, unos $ 140 y el comedor tradicional de la escuela un promedio de $ 30.
Durante el tratamiento del presupuesto para la Anep en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas se conocieron detalles del funcionamiento del organismo que se lleva el 26% del presupuesto nacional, lo que implica más del 3% del PBI. Anep tiene 2781 centros educativos distribuidos en todo el país, con 704.519 estudiantes en 2020 y 64.106 funcionarios.
Un dato que causó sorpresa es la disminución de niños que van a la escuela. Se llegó a un pico en 2005, con 317.000 estudiantes, y hoy se está en menos de 250.000. Por otra parte, la educación media básica ha ido incrementándose, pero en forma de meseta, y media superior ha ido creciendo y de manera más pronunciada. En UTU es donde se aprecia la mayor suba. En el 2000, comprendía a 13.352 estudiantes y este año se llegó a 32.250.
Si bien se puede pensar que existe un corrimiento desde el sector público al privado, los datos demuestran que esto no es así. En el 2010, el 85% concurrían a la enseñanza pública y el resto a la privada. En 2021 el porcentaje es casi similar: 86% y 14%.
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