El tratamiento del proyecto de ley sobre reestructura de deudas de las personas físicas ha provocado una serie de repercusiones dentro y fuera del Parlamento. En las últimas semanas han surgido distintas iniciativas que apuntan a resolver el problema del sobreendeudamiento que ya es percibido como uno de los más graves en la sociedad uruguaya, aun cuando las soluciones de fondo siguen sin concretarse.
El proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre reestructura de deudas de las personas físicas sigue su tratamiento en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Se informó desde ese partido que el proyecto tendrá algunas modificaciones en su articulado que contemplan algunas de las observaciones realizadas por las delegaciones que se presentaron para emitir su opinión.
El pasado martes 9 de agosto la Comisión recibió al escribano Juan Blengio y al doctor Juan Raúl Williman. Allí comentaron que ambos junto a la doctora Dora Szafir propusieron los cambios técnicos al proyecto original.
A su turno, Blengio explicó que “El sobreendeudamiento, que es un tema que incide directamente sobre lo que voy a mencionar refiere a personas físicas, sujetos vulnerables y en el marco de relaciones jurídicas desequilibradas”. “Todas esas circunstancias son importantes porque sirven para ubicar la especie regulada en el marco de lo que podemos llamar el tercer contrato, lo que puede dar un respiro y un nivel de aplicación mucho más amplio del que surge del propio texto, ya que haría aplicables, por ejemplo, las normas relativas al abuso del derecho y las normas constitucionales”, agregó.
“El proyecto regula situaciones que involucran a personas vulnerables y que refieren a la relación crediticia, normalmente desequilibrada, por no decir en el mayor margen de los casos. No hay duda de que en las hipótesis de contratos que involucran operaciones crediticias, el deudor, normalmente, es la parte débil, y lo es en medida tal que requiere ser amparado, tutelado, regulado. Para ello no alcanza con la ley de defensa del consumidor, sino que hay que aportar nuevas herramientas, nuevos instrumentos, y el sobreendeudamiento es, seguramente, una situación particular pero muy extendida, que requiere regulación”, aseguró Blengio.
“Ahora bien, en cuanto a este proyecto en sí, tiene la virtud, justamente, de ser sencillo, de poco costo, y procura un fin loable que es el que habíamos anunciado largamente: sacar a ese deudor sobreendeudado de su posición de marginalizado eterno y darle una nueva oportunidad, la posibilidad del fresh start, como le llaman los norteamericanos. Puede tener, como les digo, defectos de todo tipo, pero esas características incuestionablemente las reúne”, agregó Blengio.
Precisamente, respecto a estas críticas, Williman remarcó que “si vamos a buscar el proyecto perfecto, no lo vamos a aplicar más, y nosotros intentamos en estos días sacar el proyecto de la mejor manera posible, para que sea viable y esté lo más blindado posible contra las eventuales críticas que pudiera tener”. “Creemos, con la doctora Szafir y con el escribano Blengio, que efectivamente el proyecto, aunque siempre es perfectible, está en una etapa justa para cumplir con la finalidad que busca, que es lo más importante”, añadió.
Los especialistas realizaron un extenso análisis jurídico del articulado del proyecto, que siguió su tratamiento esta semana en la misma comisión.
Frente Amplió también presentó proyecto de ley sobre “deudores crediticios”
En la misma comisión legislativa del Senado los integrantes del Frente Amplio presentaron un nuevo proyecto de ley sobre deudores crediticios, en las que se establecen normas para su protección. El proyecto consta de 12 artículos y en la exposición de motivos se apunta a que “es una problemática inminente de tratar los intereses, multas y recargos practicados por diferentes instituciones financieras y también por algunos comerciantes, así como las formas abusivas de los mecanismos de cobro de los referidos créditos”.
En el artículo 2 del proyecto se establece que “quedan prohibidas para las instituciones de intermediación financiera y las demás personas físicas y jurídicas que realicen operaciones alcanzadas por la presente ley, las prácticas abusivas para el cobro de los créditos como ser, entre otras, las violaciones a la intimidad de la persona, el uso de información errónea, el abuso de la desinformación y las llamadas constantes y a horarios inapropiados”.
El proyecto también prevé en los artículos siguientes un procedimiento conciliatorio y eventual participación del Área de Defensa del Consumidor. Pero además modifica algunos artículos de la ley 18.212 sobre tasas de interés y usura, entre otras medidas.
Información requerida a agencias y servicios de recupero
El pasado 10 de agosto los legisladores de la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Diputados resolvieron por unanimidad desestimar los artículos 432, 433 y 434 del proyecto original de Rendición de Cuentas, que contemplaban modificaciones para flexibilizar la prohibición de instituciones de intermediación financiera privadas que establece la normativa del Banco Central del Uruguay (BCU).
En ese sentido, el art. 432 preveía modificar el art. 18 del Decreto-Ley Nº 15.322 para permitir a las empresas de intermediación financiera a que puedan realizar operaciones comerciales, industriales, agrícolas o de otra clase ajenas a su giro. En tanto, el art. 433 del proyecto original preveía sustituir el art. 5 de la Ley Nº 16.774, para que el BCU pueda “autorizar a las sociedades administradoras de fondos de inversión la prestación de otros servicios derivados de su naturaleza”. Por su parte, el art. 434 establecía fijar reglas y patrones técnicos para asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de las redes de procesamiento electrónico de pagos y la interconexión de estas con emisores de medios de pago electrónicos y adquirentes.
En sustitución, los representantes de la coalición presentaron y aprobaron un artículo aditivo, que pasó a ser el N° 432 del proyecto de ley que fue aprobado en comisión:
“Las empresas e instituciones reguladas, supervisadas y controladas por el Banco Central del Uruguay deberán informarle sobre todo lo vinculado a los servicios y agentes de recupero de créditos que poseen en relación a sus clientes y usuarios”.
La nueva normativa establece que el BCU “reglamentará lo establecido en el inciso anterior, y será de aplicación a los referidos servicios y agentes de recupero de créditos, en lo que fuere pertinente, la normativa bancocentralista establecida en el Libro IV sobre protección al usuario de servicios financieros de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero”.
El referido libro establece un código de buenas prácticas y responsabilidades de los agentes otorgantes de créditos, en lo relativo al relacionamiento con los clientes, en cuanto a información y comunicación que se les brinda sobre tasas de interés y cargos.
La disposición adicionada al proyecto de Rendición de Cuentas en comisión persigue el espíritu de una iniciativa que el BCU puso a consideración en abril de este año para reglamentar a las entidades otorgantes de crédito, puesto que el régimen normativo vigente no requiere una licencia para desarrollar estrictamente la referida actividad.
Dicho documento preveía una serie de obligaciones a cumplir en materia de protección al usuario de servicios financieros, transparencia y conductas de mercado, acceso a la información por parte de los clientes, y, además, un régimen sancionatorio; para establecer así un marco normativo en post de “otorgar la adecuada información a los consumidores, y procurar la protección de los mismos, respecto a las prácticas abusivas y la prevención en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
Equifax (Clearing) lanza campaña sobre finanzas responsables
Según informó recientemente el diario El País, la empresa Equifax, propietaria de la base de datos Clearing de Informes, lanzó una nueva campaña “orientada a facilitar herramientas de conocimiento para que cada persona pueda llevar una planificación más adecuada de sus finanzas personales”.
De acuerdo al medio, la propuesta de concientización contribuye a la incorporación de hábitos saludables para el manejo de sus finanzas para cada ciudadano, así como el mayor conocimiento sobre los derechos que los amparan en la privacidad de su información y la seguridad de sus datos.
“Somos una compañía relevante en la industria, con gran conocimiento del mercado de crédito y eso nos convierte en una organización con un enorme interés en aportar a los ciudadanos, para contribuir a que el crédito evolucione, y lo haga en forma sostenible”, dijo el director general de Equifax, Santiago Parodi.
En mayo de este año, cuando compareció a la Comisión de Hacienda de Diputados, Parodi informó que a la fecha había 2.800.000 personas que figuran en la base del Clearing, de los cuales 980.000 figuran como deudores morosos.
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