Los proyectos presentados en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) en los últimos 10 años han alcanzado los 11.924 millones de dólares, observándose un incremento en 2022 y 2023 contra el 2020 y 2021 (años de pandemia), aunque los valores están más alejados a los registrados con anterioridad. Este régimen, que rige desde 1998, plantea exoneraciones impositivas.
La Comap está conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Su función es asesorar al Poder Ejecutivo a los efectos de otorgar beneficios tributarios a aquellos proyectos de inversión en bienes muebles destinados a la actividad de la empresa. Para que un proyecto sea aprobado por la Comap debe comprometer determinadas metas y objetivos relacionados con los siguientes indicadores: generación de empleo, aumento de exportaciones, descentralización, tecnologías limpias, indicador sectorial e investigación, desarrollo e innovación.
Las empresas cuyos proyectos de inversión son aprobados por la Comap acceden a determinados beneficios fiscales, siendo el más destacado el porcentaje de beneficio en Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, que podría estar entre el 30% y el 100% de la inversión total. De esta manera pagan menos impuestos.
Desde 2014 a 2023, las solicitudes alcanzaron los 11.941 millones de dólares. En total fueron 5510.
De ese total, el sector que más efectuó pedidos de beneficios tributarios fue la industria (1302 proyectos por US$ 5597 millones), servicios (con 1663 proyectos por US$ 3309 millones), comercio (1509 proyectos por un total de US$ 1364 millones), turismo (236 proyectos por US$ 898 millones) y agro (800 proyectos por US$ 772 millones).
Lo que si se ha observado es que existe una importante variación en la última década sobre este tipo de solicitudes. En 2014 se llegó a US$ 1521 millones, en 2015 a US$ 2234 millones y en 2016 a US$ 1751 millones. Durante los años siguientes se observó una relevante caída. En 2017 y 2018 el promedio fue de US$ 750 millones y subió en 2019 a US$ 1544 millones. Después llegaría la pandemia por lo cual las solicitudes de inversión con exoneraciones se hundieron a US$ 475 millones y en 2021 se llegó a US$ 534 millones. Para 2022 subieron a US$ 1194 millones y cierra en 2023, con US$ 1184 millones.
Los mayores solicitantes
En el período examinado (2014-2023) el mayor proyecto solicitando exoneraciones tributarias se realizó en 2019, por tres empresas para la construcción de la terminal portuaria. Se trató de Tebetur S.A. (operadora portuaria de UPM), Cucar SA (la Zona Franca de UPM) y Forestal Oriental (también de UPM). La solicitud fue por 483 millones de dólares. La segunda solicitud de mayor importancia fue para un proyecto fallido: la regasificadora. Fue prestando en 2015 por Laker SA por 356 millones de dólares. La tercera también es de 2015 y corresponde a República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (República Afisa) por 274 millones de dólares, para proyectos destinados a generación de energía eléctrica. En la cuarta posición se encuentra Telefónica Móviles en 2014 con 184 millones de dólares.
Se destacan otros proyectos principalmente entre 2014 y 2016 para la generación eléctrica mediante molinos de viento o paneles solares. Si se observa, por lo tanto, los últimos diez años y los picos en materia de montos registrados, la mayoría estuvieron ligados al impulso del cambio de la matriz energética.
Las solicitudes para montos menores a 10 mil dólares están principalmente vinculados a estudios contables y servicios de contaduría. Una deducción del porqué de esto es el conocimiento que estos estudios (o inclusive profesionales por sí mismo) tienen sobre la ley de exoneraciones tributarias y cómo la pueden aprovechar para la adquisición de tecnología en pequeños volúmenes (como ser computadoras).
Otro hecho es cómo algunas empresas aprovechan el beneficio. En el período analizado, Proquimur SA, una empresa dedicada a los productos químicos para uso agropecuario y forestal, ha efectuado 13 solicitudes para ampararse a la ley. Baluma SA (Hotel Enjoy de Punta del Este) lo ha hecho 12 veces y Pamer SA (fabrica cajas de cartón corrugado en especial para la industria frigorífica) lo hizo 11 veces.
Lo ocurrido en 2023
El año pasado se presentaron casi 1000 solicitudes, por 1184 millones de dólares. Y ahí hay desde solicitudes de exoneraciones impositivas para importaciones por 371 dólares (de una distribuidora de bebidas) hasta de un shopping (Punta Shopping Mall-Marystay SA) por 50 millones de dólares. Dentro de otras destacadas está una solicitud por parte de Tecno Grúas (por US$ 50 millones), el WTC de Punta del Este (fue por exactamente US$ 40.999.007) y el Grupo Polakof (supermercados) por US$ 25 millones. La exoneración más grande solicitada fue por parte de Telefónica Móviles (US$ 98 millones) y Maltería Oriental (US$ 51 millones). En lo que va del año se han revocado tres proyectos de inversión, pero a solicitud de los propios solicitantes.
Algunas conclusiones
Uno de los temas más cuestionados es el referente al cumplimiento de las metas de los proyectos presentados. Si bien para acceder al beneficio se solicitan ciertos parámetros (como ser la generación de empleo, aumento de exportaciones e investigación y desarrollo e innovación entre otros) no existen datos sobre los cumplimientos en las empresas beneficiadas, ni tampoco lo que ha dejado de percibir el Estado por estas exoneraciones. Se debe tener en cuenta que se han efectuado 5510 exoneraciones impositivas. Un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) de 2023 señalaba sobre la Comap que el Área Regímenes Industriales del Ministerio de Industria se encuentra conformada por las siguientes divisiones: División Administración de Regímenes Industriales (DARI), División Administración de Políticas de Promoción Industrial (APPI, encargada de las evaluaciones técnicas), División Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Promoción Industrial (encargada de los seguimientos de los proyectos de inversión). Esta última “se encuentra acéfala y el rol es desempeñado de forma informal por un funcionario que también es el encargado de las divisiones APPI y DARI”. Para la AIN “esta situación impacta en la implementación de directivas, en la planificación, ejecución y monitoreo de las actividades, y en la asignación de responsabilidades. A su vez, se constató la ausencia de registros que permitan una adecuada gestión y supervisión de las evaluaciones”.
El agro, a pesar de ser el motor de la economía de Uruguay, en la muestra de los últimos 10 años es el que menos ha usado la herramienta. Para encontrar una empresa de agro dentro de los montos más grandes, recién aparece en el lugar 32.
En cambio, dentro de las empresas que han presentado proyectos de inversión de valores menores a US$ 10.000, hay dos empresas de este sector. Un hecho curioso, es que el 18% de las empresas que se han presentado repite más de una vez en presentar otro proyecto. Y en montos significa un 38% del total.
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