¿Qué coyuntura económica le espera al nuevo gobierno que asuma el 1º de marzo de 2020?
Un legado difícil, con las consecuencias de la aplicación durante 15 años de un enfoque socio-económico asociado al histórico estructuralismo económico, dirigista y asistencialista, focalizado en el intento de una igualación social irracionalmente forzada y por tanto no sustentable, con elevada carga de sus desequilibrios fiscales sobre la actividad privada. Difícil pero no imposible de superar con un nuevo paradigma.
¿Por qué un nuevo paradigma?
Porque nuestro país requiere dejar en el pasado la “parálisis paradigmática de certeza” a la que estamos expuestos. Hay errores que no deben repetirse, como la aplicación de políticas y acciones pro cíclicas, con ausencia de medidas precautorias y disciplinares como lo son la Regla Fiscal y los Fondos de Estabilización, todo ello enmarcado en un excesivo proteccionismo doméstico y regional. Las consecuencias están ya entre nosotros, como lo son los compromisos “endógenos” generados voluntaria y apresuradamente en la parte alta del ciclo, repartiendo imprudentemente resultados coyunturales no sostenibles, impactando notoriamente en el deteriorado escenario actual y en su proyección a los años inmediatos.
Basta con apreciar la situación a la fecha, con estancamiento e inflación, con un déficit fiscal que alcanza niveles cercanos al 5% del PIB y una Deuda cuyo pago deberemos enfrentar los que hoy estamos y las futuras generaciones hasta el año 2055, lo que nos recuerda a los economistas el concepto de la “equivalencia ricardiana”, que no es otra cosa que afirmar que la deuda contratada en el presente, más temprano que tarde se pagará con más impuestos.
A todo ello se suman pérdidas de 45.000 fuentes de trabajo desde el año 2015 y un consecuente desempleo creciente, un consumo que dejó de ser el motor en el que se apoyaba la estrategia gubernamental y una inversión que completó en 2018 cinco años consecutivos de caída. Y no menor, atenta mirada de las Agencias Calificadoras y sus apreciaciones sobre la permanencia del Uruguay en rangos de Investment Grade o Grado Inversor.
¿Cuáles serían las características de ese nuevo paradigma?
Es imperativo comenzar por reconocer la imprescindible incorporación “efectiva” de una Economía de Mercado que promueva la percepción favorable de un empresariado privado responsable y un crecimiento económico que posibilite un desarrollo sustentable y socialmente incluyente. Y un Estado no prescindente, impulsando un desarrollo competitivo, actuando en sus roles sustanciales de seguridad y jurídica y física, estabilidad económica, políticas de educación, salud y empleo, y cobertura social pro-activa y sustentable. Un Estado que reconozca en la libertad individual, en el trabajo y en el respeto a la propiedad privada el mejor camino para el logro de un desarrollo sustentable e incluyente.
¿Cuáles serían las prioridades en ese nuevo modelo?
Uno: Impulsar un crecimiento económico dinámico y generador de más y mejores empleos, como el mejor camino para reducir las desigualdades, en tanto sea complementado por una gradual igualación de oportunidades a través de políticas que permitan y promocionen el acceso a una educación y capacitación de calidad adaptada a los requerimientos de la Cuarta Revolución Industrial, sustentado todo ello por un adecuado sistema de salud, una infraestructura eficiente y redes de protección para los más vulnerables.
Dos: Aplicación de acciones pragmáticas para el corto, mediano y largo plazo, encaminadas a desarrollar, con el concurso prioritario del sector privado, nuevas competencias sustentadas en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), incorporación de nuevas tecnologías y excelencia y calidad de productos que puedan conquistar nuevos mercados.
Tres: Promover la apertura comercial, la competitividad y una mejor estructura productiva, basada esta última en la incorporación de nuevas tecnologías, enfoques desde el perfeccionamiento y facilitación de la oferta, la calificación de la fuerza de trabajo, el apoyo a nuevos emprendimientos en áreas de actividad con competitividad internacional y la facilitación y reducción de costos transaccionales.
¿Cómo financiar tales cambios a partir del déficit fiscal actual?
Entiendo que queda claro que los cambios que proponemos se orientarán al Crecimiento, la Estabilidad y el Empleo, respondiendo su instrumentación a una estricta disciplina fiscal, una apertura comercial y la búsqueda de un desarrollo competitivo incluyente.
Pero todo ello será posible solamente a partir de la reducción del déficit fiscal y del peso del Estado sobre la competitividad interna y externa, mediante un gradual ajuste del gasto público y de la carga tributaria individual y empresarial, con efectivo fomento a la inversión privada.
Una disciplina fiscal que debe considerar desde la mencionada Regla Fiscal, los Fondos de Estabilización y la incorporación de un esquema presupuestal de “Presupuesto Base Cero”, hasta medidas impostergables como una selectiva eliminación de 50.000 vacantes entre los vínculos laborales en el Estado, lo que conjuntamente con la supresión de otras erogaciones prescindibles en “Materiales y Servicios no personales” y “Suministros” permitirán una disminución del 2.5% del PIB en el déficit fiscal, contribuyendo a la meta de alcanzar al fin del período 2020/2025 un resultado global no mayor al 2% del PIB.
A ello se deberá sumar el tratamiento parlamentario del Sistema de Previsión Social vigente, procurando una solución a la situación incremental de requerimientos a Rentas Generales, los que han crecido en un 89% en valores reales desde el año 2006, representando el 24% del gasto ejecutado en el año 2018;
Y no menor resultará el estudio y reformulación del gasto social, orientando su asignación a esquemas desburocratizados y eficientes, debidamente coordinados e integrales, que promuevan la recalificación y reincorporación del desempleado al trabajo activo y productivo, evitando la dependencia cultural y temporal, en particular en la inactividad de larga duración, impactos a nivel social, económico, competitivo y psicológico.
Enrique S. Pees Boz es Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla y graduado como Master en Administración Pública y Macroeconomía por la Universidad de Harvard, EEUU, con cursos de especialización en Finanzas y Real Estate en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvannia.
Inicialmente Contador Público – Licenciado en Administración por la UDELAR, ocupó la Dirección del Doctorado en formación en Administración de Empresas de la Universidad de la Empresa, habiendo sido Profesor Grado 5 de la Licenciatura en Economía de la Universidad Católica del Uruguay, y de Administración y Contabilidad Industrial y Costos de la UDELAR. Fue funcionario del Banco Hipotecario del Uruguay desde 1966 hasta el año 2003, año en el que se retira ocupando el cargo de Gerente General. Asesor de PyMEs y Consultor de Naciones Unidas, del Grupo Banco Mundial y del BID, además de otras instituciones regionales, gobiernos nacionales y entidades subnacionales. Asesor Senior Asociado de Evensen Dodge International Inc. Ha dirigido diversas investigaciones y realizado múltiples publicaciones.
Cabildo Abierto eligió bien, si vamos de acuerdo, pero es imprescindible bajar el costo del estado urgente