Paraguay: oposición acusa al gobierno de “entreguista” por acta bilateral de Itaipú

La renuncia el pasado 24 de julio del presidente de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE), Ing. Pedro Ferreira, a muy pocos hizo presumir que días después se desataría una gravísima crisis en el gobierno paraguayo. Tanto que la oposición está solicitando por estas horas el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y a su vice Hugo Velázquez.

Una ola de renuncias siguió a la salida de Ferreira. Nada más y nada menos que del canciller Luis Castiglioni, el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, del director de Itaipú, José Alderete y hasta del reemplazante de Ferreira en la ANDE, Alcides Jiménez.

El detonante de esta crisis fue la polémica generada en torno a un documento que se había mantenido en reserva y fue negociado entre las autoridades de Paraguay y Brasil sobre el aprovechamiento de la energía de la represa de Itaipú que se había firmado el 24 de mayo de este año. En el documento original figuraba un punto que permitía a la ANDE vender directamente energía de Itaipú en el mercado brasileño. Sin embargo, en el documento final se quitó esa cláusula sin el conocimiento de Ferreira, aunque con el presunto consentimiento del jefe de Estado y sobre todo del vicepresidente Velázquez, que es apuntado como uno de los principales responsables.

El 1 de agosto el gobierno paraguayo tomó una drástica medida y dejó sin efecto el acta bilateral sobre compra de energía y delegó en los equipos técnicos la prosecución de las negociaciones. No obstante, ni esta acción ni el apoyo que recibió Abdo Benítez de parte del presidente Bolsonaro de Brasil lograron detener el escándalo, que desde luego es aprovechado políticamente por la oposición. Un primer intento de presentar el juicio político naufragó cuando parte de la oposición vinculada al ex presidente Horacio Cartes decidió dar marcha atrás a último momento. Pero nuevamente este martes 6 de agosto, 32 diputados de la oposición elevaron un escrito de 172 páginas cuestionando a la cabeza del ejecutivo y al ministro de Hacienda por avalar un acto que consideraron “entreguista”.