Según el ex-director Nacional de Educación, la ley vigente aprobada por el FA provocó un aumento de la deserción, disminución de los egresos y, en definitiva, contar con menos docentes y educadores de los que se necesita. Para Martínez Larrechea, las modificaciones previstas en la ley de urgente consideración, el uso de la tecnología y las oportunidades de intercambio estudiantil implican un cambio significativo en la enseñanza.
¿Qué reflexiones podría hacer sobre los cambios que propone la LUC en materia de educación?
La ley N°18.437 -Ley de Educación General vigente- fue votada solo por el Frente Amplio y ni siquiera en su totalidad. A ella se opuso además el Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP y los gremios, así como toda la oposición. Era una ley de mala técnica legislativa, programática, pesada. Consagraba una concepción burocrática, y estatalista, diseñando un sistema educativo en el que, básicamente, solo podían participar y decidir realmente los profesores con diez años de ejercicio.
Como lo ha señalado el ministro Pablo da Silveira, la LUC no es una nueva ley de educación y solo se limita a modificar algunos aspectos de la ley vigente. Es relevante que haya sido votada en general por al menos seis partidos de siete.
¿Cuáles son estas principales modificaciones?
La LUC apunta a reformar la gobernanza del sistema en aspectos básicos que permiten desarrollar un plan razonable en ese sentido. El gobierno de la educación estaba repartido entre 20 personas que muchas veces no estaban de acuerdo entre ellas.
Otro aspecto importante es el rol del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que pasa a ser el formulador de la política educativa. La ANEP es una administración autónoma, y lo sigue siendo, pero en ningún lugar de la Constitución se dice que la ANEP no tenga que tener un diálogo y articular con las políticas públicas que formule el Poder Ejecutivo. Al revés, la Constitución pide la coordinación de la enseñanza. En este nuevo rol, el MEC elabora un plan nacional de educación que es consensuado con las autoridades del Codicen y que se envía al Parlamento.
¿Cuál es su opinión sobre las críticas que ha recibido el proyecto de ley?
La Federación de profesores -una reducida minoría de los docentes- y algunos de sus referentes intelectuales, han planteado un escenario catastrófico de mercantilización del sistema educativo, de ataques a la libertad docente, de precarización laboral, que revela un total desconocimiento de la política educativa nacional.
Hay cambios muy importantes en materia de formación docente. Se establece dentro del MEC un programa de fortalecimiento y se anuncia la creación de un consejo consultivo que estudiará la validez universitaria de las propuestas que hagan llegar desde ANEP y de otros institutos. Hoy, los niveles de egreso (en cantidad y en aspectos cualitativos) no permite contar con el cuerpo docente que se necesita.
Se otorga verdadera autonomía técnica e institucional al INEED. Se reconoce la importancia del nivel universitario en la formación docente. Se modifica la gobernanza del sistema educativo, volviéndolo más ejecutivo y ágil. Los docentes siguen participando orgánicamente de las decisiones y en su rol más relevante, como técnicos y profesionales, en las Asambleas Técnico Docentes.
En cuanto a la llegada de la pandemia a Uruguay, ¿cómo vio preparada a la educación universitaria para afrontarla?
Creo que estamos en presencia de una enorme transformación del sistema educativo pero que todavía no somos conscientes de que, en pocas horas, en marzo, el sistema educativo bajó una perilla y pasó de presencial a mediado por la tecnología con componentes virtuales, que ya se usaba, pero solo como apoyo.
Aún no la podemos considerar totalmente “educación a distancia”, porque se trata muchas veces de presencialidad mediada por tecnología -sin un diseño pedagógico que expresamente incorpore la lógica virtual-, pero sin duda que estamos a la puerta de una virtualidad (o semi-presencialidad) universal.
Es un proceso que requiere una planeación, la disposición de elementos propicios para la educación a distancia. Pasará un tiempo hasta que se consolide como sistema. Aprender de este proceso, investigarlo, sacar las lecciones que corresponda para tener un sistema de educación combinado, presencial y virtual, potenciado, será la tarea de los próximos meses.
Este cambio implicará cambios en la formación docente, en los enfoques cognitivos y en las prácticas pedagógicas. Tenemos que transformar las formas de construcción del conocimiento. Hemos empezado a experimentar el futuro. Por eso necesitamos trabajar mucho y darle un nuevo abordaje a la educación.
¿Cómo se posiciona el país en materia de internacionalización de estudios?
Hoy en Uruguay se tiene una asignatura pendiente en materia de internacionalización de la educación superior y la movilidad de estudiantes y docentes, donde tenemos números bastante modestos. La UdelaR, la Universidad Católica del Uruguay y la ORT (también el Claeh y la UM) poseen servicios, o áreas de gestión de la internacionalización. Se trata de esfuerzos muy valorables y oportunos, pero sin duda insuficientes, especialmente en el sector público, donde la principal y exitosa iniciativa de internacionalización, o regionalización, ha sido la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM).
Si uno ve los datos de la Universidad de la República advierte que, en 2016, por ejemplo (y esto no ha cambiado radicalmente) solo unos 150 alumnos en total -entre recibidos y enviados- había participado en programas de intercambio tales como Escala Estudiantil de la AUGM, PIMA de la OEI, Marca y Movilidad Mercosur, Erasmus Mundus y otros semejantes.
Mientras tanto, hay en el mundo más de un millón de estudiantes internacionales. El programa Erasmus, y luego el proceso de Bologna, que no puede ser copiado pero que no es posible ignorar, permitieron el flujo de cerca de un millón de estudiantes dentro de Europa. El país junto a las instituciones debería hacer un esfuerzo para potenciar el intercambio y la movilidad porque el conocimiento es un bien público global y entonces necesitamos una mejor circulación del conocimiento, evitar la fuga de cerebros y apostar a la ganancia de cerebros, a la circulación de los talentos de los jóvenes formados.
Hay una novedad al respecto, y es que en julio del año pasado 23 países de América Latina y el Caribe firmaron una versión modificada del Convenio Internacional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de la Educación Superior. Es una convención internacional que promueve el reconocimiento de estudios en los países. Introducir y potenciar la dimensión internacional resulta clave si queremos participar, como país y como región, de la Cuarta Revolución Industrial y científico-tecnológica hoy en marcha, que supone el acceso a la inteligencia artificial, la robótica, las tecnologías 5G, las nanociencias y la biotecnología, entre otros cambios.
Iniciativa de movilidad académica apunta a mayor intercambio con la región
«La Asociación Civil Alberto Methol Ferré elaboró una propuesta a ser presentada a los ministerios competentes del gobierno para el desarrollo de una iniciativa de movilidad académica, basado en la importancia que atribuyera Methol Ferré (en línea con el pensamiento de Rodó), a la generación de espacios regionales de encuentro de la juventud universitaria, que les permitiera acceder a una autoconciencia regional y mundial.
Los objetivos principales serían diseñar un efectivo sistema de acumulación y transferencia de créditos de movilidad en la formación de grado; promover acuerdos interinstitucionales de confianza mutua para la movilidad y el reconocimiento de créditos de las instituciones de educación superior; brindar asistencia técnica a las experiencias regionales existentes o que puedan impulsarse, procurando su convergencia y sinergia y promover la suscripción de un Protocolo a nivel de Mercosur y de Celac. Hoy, los procesos de movilidad que tenemos son meritorios, pero aún insuficientes».
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