La creación de un Ministerio de Justicia durante la próxima legislatura es casi un hecho. En el programa del Frente Amplio se plantea volver a tener una cartera de este tipo, algo que no sucedía desde la dictadura.
El 1º de septiembre de 1976 se emitió el Acto Institucional número 3 en parte del cual se señalaba la creación del Ministerio de Justicia, “al que corresponderá, de acuerdo con las Normas Constitucionales y Legales pertinentes, el orden de relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y demás entidades jurisdiccionales, excepto la Militar”. El ministro designado fue Fernando Bayardo Bengoa, quien también era fiscal de Corte. En 1985, con el retorno de la democracia, la Suprema Corte de Justicia recobró su denominación, autonomía y facultades.
El tema de un Ministerio de Justicia resurgió en la campaña electoral y el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado lo incluyeron en sus programas de gobierno. La única diferencia es que mientras los nacionalistas hablaban de un Ministerio de Justicia, colorados y frenteamplistas le agregaban “y de Derechos Humanos”. Pero ya a fines de 2022, desde el Partido Colorado se propuso crear este ministerio. Fue durante las conversaciones de todos los partidos convocados por el gobierno de Lacalle Pou para aplicar nuevas medidas de seguridad. Pero el Partido Colorado tiene una situación dividida en su seno. Mientras que quien fuera su candidato a la Presidencia, Andrés Ojeda, es partidario de esta iniciativa, Pedro Bordaberry no la considera necesaria.
En el programa de gobierno del Partido Colorado se señalaba que este ministerio “no solo estará a cargo de las políticas penitenciarias y la promoción de los derechos humanos, sino que también velará por el correcto funcionamiento del sistema republicano de gobierno, la debida coordinación entre sus poderes, la seguridad jurídica, la transparencia y los mecanismos de contralor”. Asimismo, tendrá entre sus deberes “fortalecer la administración del sistema de justicia, asistir al Poder Ejecutivo en las relaciones con el Poder Judicial, facilitar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, así como promover la modernización de la legislación nacional, entre otras funciones claves”. En este ministerio los colorados pretenden que se incluya a los defensores de oficio, que actualmente dependen de la Suprema Corte de Justicia. También que tenga a su cargo elaborar las políticas penitenciarias.
En el programa de gobierno del Frente Amplio se señala únicamente que se “impulsará” la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En el caso del Partido Nacional se plantea crear este nuevo ministerio para “centralizar y coordinar mejor las políticas de justicia y derechos humanos, lo que puede mejorar la eficiencia y efectividad del sistema” con la “incorporación de fiscalías especializadas”. A la vez, esta cartera serviría a su entender para promover “una mayor interconexión entre diferentes entidades estatales, optimizando el uso de recursos y esfuerzos”.
No obstante, también se aclaraba que el nombre Ministerio de Justicia “ha sido fuertemente resistido en nuestro país porque evoca a las funciones que ejercía ese ministerio en el período de la dictadura”. Pero se destacaba en el programa de gobierno que no tendría “nada que por mandato de nuestra Constitución sea competencia del Poder Judicial”. La idea de los nacionalistas es que el ministerio sea el nexo entre el gobierno y la Fiscalía, tarea que hoy tiene a cargo el Ministerio de Educación y Cultura.
Para votar lo que será seguramente una iniciativa del próximo Poder Ejecutivo, el Partido Nacional pretende que el Ministerio de Justicia tenga a su cargo la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. También la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la Dirección Nacional de Registros y las fiscalías de primer y segundo turno.
Unión de frenteamplistas, blancos y colorados
Argentina, Brasil, Chile, España y Francia son algunos de los países que tienen un ministerio de este tipo. En Uruguay se han unido frenteamplistas, nacionalistas y algunos colorados para defender esta idea. También el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, dijo que “hasta que no haya un Ministerio de Justicia que realmente pueda negociar los recursos para la ejecución penal, mano a mano, con los demás ministerios, la administración carcelaria va a ser un organismo mendigante”.
Sin embargo, al surgir la idea, el dirigente de Cabildo Abierto Rivera Elgue señalaba antes de las elecciones que “se van a dar las condiciones para que Jorge Díaz sea el ministro de Justicia si el Frente Amplio gana”. Es que el nombre de Jorge Díaz estuvo desde el inicio por parte del Frente Amplio para que fuera el novel ministro. Tras las elecciones, el presidente electo Yamandú Orsi indicaba que “el nombre” para el futuro ministerio “puede ser Díaz o puede ser otro. Pero no hay mucha gente y no son muchas las oportunidades porque es un tema muy específico y delicado para trabajarlo a paso firme”. Posteriormente, Jorge Díaz fue nombrado prosecretario de Presidencia, donde su rol sería la coordinación con el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, un nombre aportado por el propio Díaz a Yamandú Orsi. Entonces, el presidente electo afirmó que el nombramiento de Díaz en Presidencia era “para empezar” y aclaró: “Después vemos cómo avanza el tema Ministerio de Justicia, puede ser una oportunidad sí, incluso hay que pensar en gente que entienda de los temas”. También dijo que el cargo de secretario de Presidencia es más político y el de prosecretario más técnico, aclarando que Díaz es un hombre “técnico-político a la vez”.
“Empezó el yira-yira del Ministerio de Justicia”
Pero también se han alzado, además de las de Cabildo Abierto, otras voces en contra. Una de ellas es la del expresidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Uruguay, Juan Fagúndez. Haciendo memoria indicó: “Recuerdan las y los ciudadanos a qué se dedicaba entre otras ‘cositas’ el Ministerio de Justicia…, a controlar las Fiscalías”. Ya en 2023 y cuando surgía la idea de colocar en los programas de gobierno de algunos partidos el proyectado ministerio, Fagúndez señalaba que “empezó el yira-yira del Ministerio de Justicia”.
Mediante su cuenta de Twitter expresaba: “Hay personajes que como no vivieron o estudiaron lo que significó ese Ministerio (de 1976 a 1985) hablan sin saber, otros lo extrañan. Fue uno de los Ministerios más fascistas del régimen, pero, además, hoy representaría la acción política más retrógrada que se pueda cometer”. Agregaba que “el Poder Ejecutivo debe mantenerse especialmente lejos del Poder Judicial. No disfracen lo que verdaderamente se necesita para tapar un monstruo ideológico que termine con el prestigio del cuestionado Poder Judicial”.
En aquel momento, quien será ministro del Interior, Carlos Negro, ejercía como Fiscal y le contestó a Fagúndez. “Seguimos pensando que estos son los debates serios que nos debemos quienes estamos vinculados a la justicia penal. El consenso reunido en el documento presentado por el Ministerio del Interior días atrás es de los trabajos más serios que se han elaborado desde lo político en materia de seguridad”. Estaba haciendo referencia a las reuniones interpartidarias sobre seguridad efectuadas el año pasado, antes de las elecciones.
La doctora Doris Morales, ministra de la Suprema Corte de Justicia, también se opone a la idea. “No hay cosa más política que los ministerios. A los ministros los designa el presidente de turno”, decía sobre fines del año 2023 en una entrevista con el semanario Búsqueda. Morales dijo: “Lo único que sé, es que la Constitución le da a la Suprema Corte de Justicia determinadas potestades, como son los nombramientos de los jueces, los pedidos de venia para los ministros de tribunal o hacer el presupuesto para que después lo apruebe el Poder Ejecutivo. Obviamente, esas cosas no pueden ser otorgadas a un Ministerio de Justicia”. Agregó que debería analizar la propuesta que por ese entonces presentaba el Frente Amplio, “pero en principio” sostenía: “Soy contraria a la existencia de un Ministerio de Justicia, porque un ministerio de cualquier naturaleza es el ministerio del gobierno que esté en su momento”.
El Ministerio de Justicia se podría votar este año si se llega a un acuerdo sobre sus potestades, entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y un sector del Partido Colorado, el liderado por Andrés Ojeda. Para esta iniciativa los votos están en la Cámara de Diputados, donde el FA no tiene mayoría. Pero también podría formar parte de un acuerdo más amplio sobre otras leyes.
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