La exfiscal Gabriela Fossati está de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia, pero indica que si el presidente electo Yamandú Orsi pone a su frente a Jorge Díaz “cometería un grave error”. En diálogo con La Mañana, también se manifestó partidaria de aplicar, para ciertos delitos, medidas alternativas a la prisión.
¿Cuál es su opinión sobre la creación del Ministerio de Justicia?
Es una medida anunciada por el Frente Amplio. Cuando trabajé en el sector Sumar del Partido Nacional también lo veíamos con buenos ojos como una posibilidad de mejorar algunas áreas puntuales, y desde la lista 25 del Partido Colorado se planteó la creación de un servicio descentralizado para que se ocupara no solo de la rehabilitación de los reclusos, sino que dependiera de este Ministerio de Justicia. En definitiva, es algo necesario, pero todo depende de los cometidos que se le asignen. Hay una realidad y es que los ciudadanos quieren una mejor Justicia. Tener una Justicia correcta y una sociedad más tranquila y segura necesariamente implica trabajar en forma igualitaria los tres pilares: prevención, represión y la rehabilitación. Hasta ahora, estos tres factores se concentran en un ministerio, el de Interior y prácticamente es unánime la mirada de los operadores del sistema y de quienes trabajamos en el sistema, en cuanto a que no ha dado frutos la rehabilitación. Es muy difícil poder trabajar bien la rehabilitación desde la mirada de los mismos que tienen que trabajar y prepararse para la prevención y represión. Por lo tanto, para este Ministerio de Justicia, una de las tareas que se pensó, por lo menos desde la Coalición Republicana, era la de concentrar esa tarea tan necesaria de rehabilitación de los reclusos, de la atención en su salud mental, en un trabajo multidisciplinario con otros ministerios, con ASSE y otros organismos. No se puede resolver este problema si no es con profesionales de las distintas áreas. O sea que, en principio, yo creo que la creación de este ministerio es una medida necesaria. El concentrar todas las tareas en el Ministerio del Interior ya sabemos que no funciona.
En cuanto a la rehabilitación, ¿su idea es que las cárceles también pasen a depender del Ministerio de Justicia?
Creo que debería ser así, ya sea a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, un servicio descentralizado o una dependencia nueva dentro del nuevo ministerio. Esa tendría que ser la tarea fundamental del Ministerio de Justicia, porque la realidad es que estamos generando una sociedad más violenta y la estamos generando desde hace muchísimos años. En esto no se salva ninguna administración. Siento que la falla fundamental está en el primer pilar y en el último: en la prevención y en la rehabilitación. En represión se ha trabajado, tanto en las administraciones del Frente Amplio como en esta última, en la que se trabajó aún mejor todavía, y el presidente electo Yamandú Orsi anunció que tiene toda la voluntad de seguir trabajando en este sentido. El problema es que si fallan los otros dos pilares, prevención y rehabilitación, no se mejora.
Precisamente en lo referido a la reincidencia que se observa entre los liberados, la cual es muy alta, ¿cómo se puede evitar?
Hubo un problema de todos los partidos cuando se modificó el código de proceso penal (CPP) y se creó la Fiscalía General de la Nación, nombrándose a Jorge Díaz y asignándole un poder ilimitado. La idea de Jorge Díaz era solicitar a los fiscales números de formalizados y penados. Hay que explicarle a la gente que aumentar el número de reclusos no lleva a tener una sociedad más segura, porque esos detenidos estarán en muchos casos tres, cuatro, cinco meses y van a volver a salir. Creo en las penas alternativas, y se registró con el nuevo CPP un retroceso en ese trabajo, lo cual fue realmente muy negativo. En las condiciones en que están los recluidos es realmente imposible pensar en que salgan mejor de lo que entraron. Van a salir más especializados en el delito y con más odio hacia la sociedad que los margina. Por lo tanto, estas transformaciones requieren explicarle a la población la situación. Hasta ahora se le dijo que encerrarlos tres meses era algo bueno para el país, y eso se dio fundamentalmente desde las Instrucciones Generales que postuló Jorge Díaz. En este contexto, se debe entender que la cárcel tiene que ser el último recurso y los presos deben estar separados según su peligrosidad. En el pasado, en la época del ministro Bonomi, se cometió el error de mezclarlos, lo que ahora estamos pagando. Lo que se hizo fue mezclar presos extranjeros con uruguayos, y los extranjeros les enseñaron modalidades de delincuencia que nosotros no teníamos y que ahora las tenemos. Hay que ser muy riguroso en cuanto a cómo trabajar con cada recluso según sus características, o sea si estamos hablando de adictos, de enfermos mentales, de personas que delinquen, pero que no tienen una peligrosidad importante para la sociedad, o de delincuentes peligrosos, narcotraficantes o de cuello blanco. Por lo tanto, hay que trabajar bien y el Ministerio de Interior no tiene posibilidades, porque es un trabajo muy profundo. Aspiro a que si se crea este Ministerio de Justicia se lo tome en serio y valore cada caso.
Usted señala el separar por su peligrosidad a los delincuentes, lo cual parece algo lógico, pero en el gobierno actual no se hizo.
El problema del trabajo con los presos es algo que no lo ha podido resolver ninguna de las administraciones en los últimos 30 años. Considero que este tema tiene que ser una política nacional y los partidos deben tener una mirada altruista y coordinar entre todos. No es un problema de Frente Amplio, ni de los blancos ni de los colorados. Es un problema de la perspectiva. Se agravó con Jorge Díaz en tanto y en cuanto valoraba a los fiscales (principalmente a los jóvenes) de acuerdo con la cantidad de formalizados y de personas que mandaban a la cárcel. Eso es un grave error. Mandar a un ladrón de poca monta tres meses a prisión, junto a otros que son de mayor peligrosidad, hace que a esa persona se le generen deudas. Eso sucede ya que cuando ingresan en las cárceles toman los más poderosos control sobre ellos y pasan a ser protegidos, pero eso les genera deudas, que después cuando salen deben pagar. En las cárceles hay un sistema, un submundo, que se debe conocer. Y claro, eso la ciudadanía no lo conoce, y sí quienes estamos hace muchos años en el sistema.
¿Qué espera usted de un futuro ministro de Justicia?
Espero de corazón que nuestro presidente electo Yamandú Orsi no delegue demasiado como ha sucedido con la Fiscalía General de la Nación. Los seres humanos cuando tienen demasiado poder y pocos controles a veces cometen excesos que no cometerían si funcionaran los sistemas de control. Por eso la democracia es el mejor sistema, porque hay controles. Aspiro a un ministro de Justicia que esté permanentemente conversando con el presidente de la República y sería importante también analizar las características personales de a quien se elige. El peor error que podría cometer Orsi es elegir a Jorge Díaz porque claramente es responsable de la situación actual de la Justicia. Además, la sociedad está dividida en cuanto a su persona. Están quienes lo apoyan y quienes claramente creen que es el responsable de la situación actual. Y una de las funciones muy importantes que tendría ese Ministerio de Justicia es el vínculo con la Suprema Corte de Justicia. Con la que Díaz no ha tenido un buen vínculo. Está compuesta por cinco miembros que son de mucha personalidad, no los avasallan y, por lo tanto, no va a haber ningún ministro de Justicia que le pase por encima. El ministro tendría que ser una persona que tenga buen diálogo con los jueces y no es el caso de Díaz. Ese ministro debería ser político para que tenga un buen diálogo con todos y no genere grupos o manadas en torno a él.
¿Qué terminará pasando con el Fiscal de Corte, cuya designación se sigue prolongando en el tiempo por falta de acuerdo político?
Creo que, si no se propone a alguien que dé garantías a todas las partes, lo mejor que puede pasar es que continúe la doctora Mónica Ferrero. No se le conoce ninguna cercanía política, es una fiscal de carrera que tiene una trayectoria que nadie puede cuestionar y les da garantías a todos. O sea, si usted me pregunta a mí, yo como integrante de la Coalición Republicana, les diría a los míos: “Si proponen cualquier nombre, no acepten; que quede la doctora Ferrero, que es una garantía de que la Fiscalía está funcionando mejor”. Pero la Fiscalía tiene toda una estructura y mandos medios designados por el fiscal anterior que no le van a permitir a la doctora Fernández sola mejorar esas deficiencias que son reales. Creo, además, que hay que revisar todas las personas directamente designadas por Jorge Díaz y los partidos deberían acordar que esos cargos sean designados por carrera o trayectoria.
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