Con el inicio de la nueva gestión, comienzan los cuestionamientos al gobierno entrante en referencia a diferentes áreas. A lo largo del período 2020-2025, las fiscalías fueron motivo de cuestionamientos por diferentes razones. La no designación oficial de un fiscal general, la falta de recursos humanos y la rapidez para la resolución de unos casos y la lentitud ante otros de conocimiento público fueron causa de polémica, incluida la opinión del ex fiscal general y futuro prosecretario de Presidencia, Dr. Jorge Díaz. El Dr. Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, en nota concedida a La Mañana se refirió a los temas en cuestión.
En su cuenta de X usted respondió a quienes cuestionaron la incorporación de una abogada y una contadora en el caso de Conexión Ganadera. ¿Eso muestra la falta de recursos humanos de la Fiscalía?
Es terrible, ¿no? Es terrible y eso es bueno que la gente lo sepa. Hay que repetirlo hasta el cansancio: la Fiscalía necesita recursos. Lo que hace esta situación es graficar lo que después queda como algo un tanto vacío. Una fiscalía de delitos económicos, ¿cómo pretende tener éxito en sus investigaciones si no tiene un contador o un escribano que analice la documentación? O sea, son recursos humanos básicos para ser eficaces en la persecución. Después, hay gente que se queja y dice que los pobres van presos y los ricos no. Cuando el organismo encargado de la persecución penal tiene esas limitaciones, se favorece la impunidad, sobre todo la de los poderosos, entonces, para que eso no siga ocurriendo, el diagnóstico es claro. Si no se tiene presente que ese es el diagnóstico, la Fiscalía va a hacer paliativos, como en este caso. Eso es un paliativo, designar momentáneamente una contadora para que colabore en una investigación específica. Es un paliativo, porque ese funcionario, seguramente, es alguien necesario en otro lugar también, entonces se comparten cinco o seis equipos fiscales con un solo funcionario. Eso evidentemente atenta contra la eficiencia.
¿Cómo tomó las declaraciones del ex fiscal general Jorge Díaz cuando cuestionó la lentitud del caso de Conexión Ganadera?
Me causó sorpresa esa valoración. Porque si aparece una persona y dice que la Fiscalía es lenta, entiendo que no conoce realmente cómo funciona la institución, los tiempos que se llevan, la complejidad de las investigaciones, los ritmos de las causas los van marcando las complejidades de las causas, las posibilidades de licenciar evidencia, la capacidad que tenemos de analizar evidencia. Muchas veces las causas que tienen muchos denunciantes, muchos imputados o mucha información para dilucidar van a tener un tiempo de resolución mucho mayor que una causa sencilla que puede ser mucho más rápida. Entonces, la lentitud en realidad no tal, sino que puede considerarse un ritmo adecuado para la investigación. Cuando alguien que conoce el sistema desde adentro, como el doctor Díaz, que conoce cómo funciona la Fiscalía porque ha estado encargado de ella, ha hecho este diagnóstico, ha dicho una y otra vez que la Fiscalía no tiene los recursos para funcionar adecuadamente, se lo ha dicho a las otras autoridades, cuando alguien que ha estado en esa posición y tiene ese diagnóstico realiza estas valoraciones es sorprendente. Lo que sí, uno siempre tiene que ver el lado positivo, si alguien que va a estar en un cargo de esa especialidad, como prosecretario de la Presidencia, tiene ese diagnóstico de situación, lo que esperamos es que las soluciones a ese diagnóstico aparezcan.
Ante el anuncio de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿qué rol va a jugar la Fiscalía?
Obviamente, lo que falta son definiciones. El Ministerio de Justicia es un titular. Ahora, ¿qué es lo que va a contener y qué función que va a tener? No lo sabemos, nadie lo sabe. Y hay tantas posibilidades como se le ocurra a quien lo esté proyectando. Lo que sí se tiene que tener absolutamente presente es que ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio de Educación y Cultura pueden tener ninguna injerencia absoluta en lo que hace la Fiscalía General de la Nación, porque es un organismo con autonomía funcional. El principio de autonomía funcional indica que ni el ministro de Educación y Cultura, bajo cuya tutela administrativa está el servicio centralizado de Fiscalía General de la Nación, o en el futuro un ministro de Justicia van a poder tener ninguna injerencia. Esto es particularmente sensible. Una cosa es el Ministerio de Educación y Cultura, en donde, por ejemplo, el ministro Pablo Gassivera, la ministra Muñoz en el pasado o el ministro Ehrlich, obviamente no tenían tiempo para andar reparando en lo que hacía la Fiscalía porque tenían otros problemas más importantes, como los que tienen que ver con la educación, mucho más importantes en cuanto al cometido del ministerio que es Educación y Cultura, donde la Fiscalía no parece tener mucha relación con eso. Ahora bien, cuando hay un ministerio específico hay que ser muy vigía de que esa autonomía funcional se mantenga y que al ministro de Justicia en cuestión no se le ocurra meter mano al Ministerio Público o a la Fiscalía, que es siempre una tentación que aparece y ha aparecido a nivel regional y también de nuestro país en estos últimos años. Eso hay que cuidarlo.
¿Cómo definimos el momento actual? ¿Tenemos una política judicializada o una Justicia politizada?
Esos son latiguillos que obviamente son efectistas en cuanto al diagnóstico, pero después no tienen que ver con la realidad. Primero, hay que desmitificar una cosa concreta. Si se habla de politización de la Justicia porque se puede entender que los fiscales o los jueces tienen preferencias político-partidarias a la hora de ir a votar, sería irrisorio no entender que no es así. Son funcionarios politizados en el sentido de que tienen una mirada política sobre las cosas en cuanto a políticas de Estado, por ejemplo, la política criminal en el caso de la Fiscalía y la política pública de persecución penal. Eso implica que a la hora de realizar su trabajo no pueden de ninguna forma guiarse por eso que votan en el cuarto secreto, así como tampoco realizar ninguna apreciación pública ni manifestación ni actuación pública respecto a cuestiones político-partidarias. Son dos cosas diferentes. Entonces, la politización de la Justicia es un poco un latiguillo que a lo único que apunta es a desprestigiar una institución. Después, la judicialización de la política es ese fenómeno por el cual, en lugar de dirimir cuestiones que tienen que ver con la política entre rivales políticos en ámbitos parlamentarios o los correspondientes, lo que se hace es someter el problema político a la Justicia Penal con toda la parafernalia alrededor. No es simplemente hacer la denuncia, sino que el día que se va a hacerla se llevan a las cámaras, los medios se presentan, se hace una conferencia de prensa, después se busca acceder a la carpeta del caso, siempre con la prensa latente, se va a los medios de comunicación, se dan notas referentes a esto, se trata de apurar el ritmo de las causas. Ese es un fenómeno ante el que se debe tener cuidado porque lo que pasa a importar no es lo que realmente ocurre en la Fiscalía, o sea, cómo se está investigando, cómo se está judicializando el caso, cómo se está llevando adelante el juicio, sino el proceso paralelo, lo que se dice en la prensa, en tal diario, en una red social. Eso es absolutamente perjudicial para el trabajo del sistema de Justicia, que después va a tener un análisis y una conclusión, ya sea una imputación o una condena, ya sea un archivo, un sobreseimiento o una absolución. Entonces, cuando eso llegue, si en el proceso paralelo, que siempre va mucho más rápido, ya hubo una conclusión del imaginario colectivo, después cae en saco roto el resultado del sistema de Justicia. Mucha gente que ha sido condenada por el discurso social después es absuelta o sobreseída o se ha archivado su caso en la Justicia y, sin embargo, toda la congoja que pasó en ese trasiego no se le puede devolver porque el juicio paralelo fue el que prosperó.
TE PUEDE INTERESAR:
