Desde el Frente Amplio, el senador Alejandro Sánchez (MPP) lo ve como una iniciativa a estudiar. Por otro lado, desde el Peri se señala que la solución sería llevar este tema a un plebiscito en 2024, mientras que el diputado cabildante Eduardo Lust indica que el proyecto refleja el espíritu de la Constitución.
El proyecto presentado por Cabildo Abierto (CA) para que los contratos del Estado que excedan un período de gobierno deban tener la autorización del Senado, sigue siendo polémico y por el momento las voces a favor y en contra se encuentran restringidas.
En el pasado, los gobiernos han utilizado los mecanismos de los contratos a largo plazo en el otorgamiento de grandes concesiones. Una de las primeras fue la denominada Ley de Puertos de 1992 durante el gobierno de Lacalle Herrera, que habilitó las concesiones a privados durante varias décadas. Después, en el gobierno de Jorge Batlle vendría el Tratado de Protección de inversiones con Finlandia firmado en 2003, que fue la puerta para que Botnia (después llamada UPM) se instalara en Uruguay, con una concesión de 20 años. En 2007 la planta estaba instalada en Fray Bentos y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, en 2019, una dio una nueva autorización creando UPM 2. Y al día de hoy, el actual gobierno amplió la concesión a Katoen Natie en el puerto de Montevideo, por 50 años.
Como se puede apreciar, todos los gobiernos, de distinto color políticos, han empleado la concesión a largo plazo para atraer inversiones, sin que los contratos firmados deban pasar para su aprobación en el Parlamento y en muchos casos con cláusulas reservadas, que solo son de conocimiento del Poder Ejecutivo.
La iniciativa de CA propone que los contratos del Estado que excedan más de un período de gobierno deben ser remitidos al Senado, para que este se expida en un plazo de 60 días y si no lo hace, el contrato se considera tácitamente aprobado. En caso de votarse por la negativa, “no podrá reiterarse la solicitud del mismo contrato durante el período del gobierno en curso”, se plantea. Además de los contratos, se agregan la concesión de zonas francas.
Al tener que ser la aprobación por mayoría simple, se entiende que el gobierno debería tener los votos y lo que se pretende es que los contratos sean públicos, para conocer cuáles son las condiciones que se exigen en las autorizaciones o concesiones.
Sánchez: “Reflexionar sobre el asunto”
En diálogo con La Mañana, el senador Alejandro “Pacha” Sánchez (Frente Amplio – MPP) dijo que su sector aún no había analizado el proyecto. “Me parece que es interesante reflexionar sobre el asunto”, acotó, “ya que de alguna manera el Parlamento debería intervenir, entendido este como el ámbito de mayor representación política del país. Cuando un gobierno logra concretar una inversión y esa inversión a veces comprometen algunas cuestiones como exoneraciones fiscales o pueden tener compromisos de largo plazo, sería bueno que el Parlamento lo analizara”.
Sánchez indicó que muchas veces este tipo de acuerdos se anuncian a la oposición, pero a nivel de la cúpula política, “sería positivo pensar en algún tipo de dispositivo parlamentario para también tratar el tema”. Agregó: “Es interesante abrir ese debate en un mundo donde tenemos grandes corporaciones transnacionales y a nosotros nos toca estar de este lado del mundo, del Tercer Mundo, donde tenemos necesidad de inversión. Eso muchas veces genera una asimetría muy grande con las corporaciones que tienen un andamiaje jurídico institucional que a menudo violenta la soberanía nacional”.
Lust: “Coincide con el espíritu de la Constitución”
Por su parte, el diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto) dijo que la intención del proyecto “es excelente” y la comparte “100%”.
Sostuvo que la iniciativa coincide con el espíritu de la Constitución, que dice que las normas de Rendición de Cuentas y el Presupuesto no se pueden incorporar normas que traspasen el período de gobierno.
No obstante, manifestó que debería ajustarse un tema, y es a qué tipo de contratos se refiere. “Hay muchos contratos que otorga la administración que traspasan el período de gobierno y que son contratos que no tiene más remedio de traspasarlo”, sostuvo. “Por ejemplo, una licitación para construir una carretera. Si es sobre la mitad o al final del gobierno, claro que lo va a traspasar. Pero también pasa esto en otras licitaciones, como por ejemplo en materia de empresas de limpieza o seguridad o hasta el suministro de insumos. Y entonces para solucionar esto hay que agregar que es para contratos que obtengan los beneficios de la Ley de Inversiones. Porque con esa ley se hacen los grandes contratos a decenas de años, como por ejemplo el de UPM y que muchas veces incluyen cláusulas secretas”.
Por otra parte, el legislador considera que el tratamiento de los contratos debe ser en la Cámara de Diputados y no en el Senado, ya que en la Cámara Baja es donde existe una mayor representación de la ciudadanía, con más partidos políticos.
Vega: “Sintonizamos con Cabildo Abierto”
El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (Peri), César Vega, plantea llevar adelante un referéndum con una iniciativa similar, si este proyecto de ley no se aprueba en el Senado antes de 2024.
“Yo estoy de acuerdo con lo que propone Cabildo Abierto, pero en la medida que respalde la recolección de firmas de Uruguay Soberano”, dijo a La Mañana. Este movimiento está recolectando firmas para la realización de una reforma constitucional donde en su punto dos se plantea que los contratos a largo plazo deben pasar por el Parlamento “haciendo obligatoria la aprobación legislativa en los casos en que el contrato implique el sometimiento del país a jurisdicción extranjera, la estabilidad jurídica (es decir garantía de que ninguna ley o norma disminuirá las ganancias de la empresa), o cuando se pongan a cargo del Estado obligaciones que se extiendan más allá del período de gobierno en curso al firmar el contrato”.
“Tenemos una coincidencia al 100% con el planteo de Cabildo Abierto y este partido si se suma a esta juntada de firmas va a lograr mismo objetivo, cuando se logre hacer el plebiscito”, dijo el legislador.
“En este tipo de temas sintonizamos con Cabildo Abierto. No hay apoyos a este tipo de planteos por parte de otros partidos, porque hay cosas que nadie las quiere decir”, agregó Vega. “Estas concesiones son operaciones de la venta de la patria, como ya decía Germán Araujo. Usted necesita trabajo y por eso regala una parte del país, una zona franca, elimina impuestos. Pero esas posibilidades no se la dan a los uruguayos, son para los extranjeros. Y ninguno (de los partidos políticos) quiere quedar atado de pies y manos, por las dudas si les tocara gobernar. Lacalle Pou lo hizo para el puerto, pero antes Vázquez lo había hecho para UPM, Mujica para Montes del Plata y Batlle para Botnia”.
Como ejemplo de lo que pasa nivel global, manifestó que China quiere invertir en un puerto de Alemania “y el debate es ver si les dan un 15% y si vienen acá los chinos, nosotros los abrazamos para que se queden con todo el puerto”.
Para Vega, la necesidad de que este tipo de contratos de largo plazo pasen por el Parlamento da la garantía de saber las condiciones de los contratos “y que gente se entere lo que dicen los mismos”. Acotó que por este tema tiene contacto con legisladores de Cabildo Abierto “ya que su posición nacionalista es muy respetable y tiene que ver con este tipo de asuntos”.
Voces en contra
Legisladores blancos y colorados se han pronunciado contra la iniciativa. El senador colorado Raúl Batlle en declaraciones a La Diaria, dijo que con una ley de este tipo se limita “muchísimo” al Poder Ejecutivo. “Vamos a conseguir que nadie venga a invertir a Uruguay”, agregó.
Por su parte, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, sostiene que “analizar contrato a contrato es poco eficiente”. No obstante, hay otras miradas. El senador Gustavo Penadés ha indicado a la prensa que le parece que se debe estudiar esta iniciativa.
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