Un decreto del Poder Ejecutivo con cambios en materia forestal está siendo cuestionado por el gobierno entrante y no se descarta que sea revisado desde el 1º de marzo.
El pasado 13 de enero, el presidente Lacalle Pou, los ministros de Ambiente, Robert Bouvier, y de Ganadería, Fernando Mattos, firmaron el decreto que introduce modificaciones a un decreto de 2021 que establecía que todas las nuevas plantaciones en terrenos ya usados debían tener una autorización especial. Básicamente, se permite comenzar a plantar en suelos con uso forestal previo sin que se tenga la autorización completa por parte del Ministerio de Ambiente. Esto se considera un cambio fundamental para el sector y había sido solicitado por la Sociedad de Productores Forestales.
Antes, para realizar una nueva plantación en una tierra que había tenido una antes, se debía solicitar una Autorización Ambiental Previa (AAP) en el Ministerio de Ambiente, la cual podía demorar hasta un año. Ahora se debe iniciar este trámite, pero se puede comenzar a plantar mientras corren los plazos para la aprobación. El nuevo sistema se denomina Autorización Ambiental Especial (AAE) y rige para plantaciones de más de 100 hectáreas. Pero en el caso de superficies de 40 a 100 hectáreas, la nueva normativa establece un sistema de registro ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental válido por tres ciclos forestales, unos 30 años.
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) realizó un análisis del decreto, al cual tuvo acceso La Mañana.
En el artículo 1 se efectúan cambios solo de redacción y hace referencia a los interesados en la realización de una nueva plantación forestal o una plantación forestal en suelos ya forestados (sin cambio de uso de suelo) de entre 40 y hasta 100 hectáreas.
El artículo 2 tiene como principal cambio que agrega a los “terrenos forestales con aptitud forestal” aquellos plantados hasta el 31 de diciembre de 2005 y que se hicieron sin estudios ambientales previos.
En el artículo 3 dejan de ser “nuevas” las replantaciones y se las exime de estudio ambiental por todos los ciclos, 30 o más años, incluso las que se hicieron antes de 2005 sin dicho estudio.
El artículo 4 es el que más cambios introduce. En una parte se señala que las plantaciones en suelos ya forestados “podrán ser ejecutadas bajo responsabilidad del titular, aun encontrándose en trámite la autorización referida, siempre que el proyecto de plantación hubiera sido comunicado a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente, con un plazo de al menos 30 días de anticipación a la fecha prevista para el comienzo de las mismas”.
Movus señala que se incluye dentro de las autorizaciones ambientales especiales del artículo 25 del Decreto 349-2005 las plantaciones forestales en suelos ya plantados. Se aclara que “no se modifica ese decreto, pero indirectamente se agrega la plantación de árboles a su alcance. Especifica que pueden plantar antes de la autorización ambiental, equiparando con industrias que pueden hacer la modificación antes de la autorización”.
Mirando hacia el pasado
Para entender este decreto, debemos tener en cuenta que a pesar de la Ley de Ambiente 16.466 de 1994, las plantaciones masivas de árboles, incluso de más de 100 hectáreas, estuvieron eximidas de estudio ambiental previo por una disposición especial del Decreto 435 de 1994. En este se indicaba que requerirían la AAP diversas actividades, como la forestación “de más de 100 hectáreas”, con excepción de aquellas declaradas bosques de rendimiento por la Dirección Forestal.
En 2005 y con el Decreto 349 se resolvía que volvían los estudios de impacto ambiental, pero solo para las plantaciones posteriores a esa fecha. Así, las plantaciones que se hicieron entre 1989 y 2005 no tuvieron análisis ambiental y “además es un muy buen ejemplo de cómo los forestales avanzan con legislación a su favor, estuvieron subsidiadas en 50% del costo de la plantación, podas y fumigaciones hasta 2005”, comenta Raúl Viñas, integrante del Movus, y agregó que “los uruguayos pagamos 350 mil de las 700 mil hectáreas que se plantaron en esos años”.
Cuestionamiento desde el propio Ministerio de Ambiente
Los cambios mediante el decreto de enero fueron cuestionados desde el propio Ministerio de Ambiente. La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) indicó en una declaración que los técnicos de dicho ministerio no tuvieron ninguna participación en su redacción. Recordaron que al igual que sucedió con el Decreto de Caza en el año 2022, “lamentamos desconocer el origen y los fundamentos técnicos de estas modificaciones. Tampoco se siguieron en este caso los caminos habituales para la concreción de una normativa de tal relevancia”.
Para los funcionarios, los cambios en el decreto “no se inscriben en ninguna de las estrategias ni lineamientos de protección del ambiente establecidas por la cartera”. Señalan como una de las consecuencias que no será posible realizar correcciones a través de la evaluación de impacto ambiental a forestaciones que incumplieron la normativa ambiental, en especial aquellas realizadas sobre suelos con aptitud agrícola. Otro aspecto que destacan es que el decreto de 2021, cuando el ministro era Adrián Peña, tenía como punto fundamental un estudio ambiental previo a la plantación, lo cual ahora es eliminado.
“Un vuelo corto”
Integrantes del gobierno electo consideraron que el decreto seguramente va a ser revertido en los primeros días de marzo, tras asumir Yamandú Orsi la Presidencia de la República. El futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sostuvo que la resolución era “inconveniente”. En diálogo con la prensa indicó: “Nos sorprendió el decreto, pero además no compartimos y lo vamos a revisar apenas asumamos el gobierno”.
Acotó que “formalmente” es potestad del gobierno actual emitir este tipo de decretos tan cerca de su partida. Pero consideró “inconveniente que un gobierno que se está yendo tome estas decisiones sobre temas significativos para el desarrollo del país y que comprometen a futuro. Tienen derecho de hacer y el nuevo gobierno tiene el derecho de revisarlo y de tener una opinión crítica, como la tengo”.
Para Ortuño, el decreto reduce los controles ambientales. Esto cuando “estamos hablando de un Uruguay sostenible, de retomar y potenciar el concepto de Uruguay natural. En este marco no podemos flexibilizar los controles ambientales. Debemos apostar a la rigurosidad y el análisis en los estudios de impacto ambiental”. Para el futuro ministro, “este decreto tiene un vuelo corto porque lo vamos a revisar apenas asumamos”.
Por su parte, el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, también hizo referencia al decreto. “Da la impresión de que se quiso favorecer a algún sector”, señaló y se preguntó “cuál es el apuro” para su firma a un mes de que asuman las nuevas autoridades. Otra interrogante que se hizo es “¿qué va a resolver este decreto ahora?”.
Fratti recordó que la Ley Forestal tiene 40 años y fue exitosa, pero ahora hay que revisarla. Hizo referencia al proyecto aprobado en el Parlamento junto a Cabildo Abierto en 2021, para limitar las tierras donde se podía forestar, poniendo a salvaguarda aquellas que tenían buena calidad productiva para cultivos. Esa ley terminó vetada por el presidente Lacalle Pou. Ahora, desde el Frente Amplio se espera reimpulsarla, considerando que los votos están, ya que en Diputados, con los legisladores de Cabildo Abierto, se consigue la mayoría. “Se ha dicho por ahí que Fratti quiere limitar la forestación. De ninguna manera. Si hay más de un millón de hectáreas forestadas y quedan cuatro millones donde se puede plantar, nadie puede decir que estamos limitando. Lo que digo es que no se plante donde no es área de prioridad forestal”, señaló el futuro ministro.
Productores señalan que “es a riesgo”
Sobre el tema del decreto también habló el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos. Considera que es un error señalarlo como una “flexibilización” en normas ambientales. Mattos dijo: “Esto viene hace meses y hemos sido muy cuidadosos en el aspecto vinculado a que los suelos de aptitud forestal sean los utilizados”. Sobre este punto manifestó que en el decreto de 2021 (que ahora se modifica) se determinó la acotación de un área de suelos “muy importantes” de casi un millón de hectáreas. Esta área fue firmada en el gobierno del presidente José Mujica con la empresa Montes del Plata. Esto le permitía a la empresa forestar sin restricción en un radio de 200 kilómetros de la planta de Conchillas.
El gerente general de la Sociedad de Productores Forestales, Miguel Helou, dijo que el nuevo decreto “no implica modificaciones sustanciales al ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental en el caso de plantas forestales”. En declaraciones al diario El Observador, indicó: “De las cosas valiosas que vemos en este nuevo decreto es que se precisó la definición de plantación forestal, la cual es toda acción de plantar con especies forestales en suelos en que no haya habido un uso forestal previo”. A esto agregó: “En caso de que el proyecto no sea aprobado, el productor tiene que retirar lo que ha plantado y seguramente afrontar multas. Eso es un avance para nosotros, si bien es a riesgo”.
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