UTE está obligada a comprar energía eléctrica que nadie consume, sin embargo, los usuarios del servicio son quienes abonan ese sobrecosto en cada factura, lo que la encarece un diez por ciento. El director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Peés Boz, detalló en entrevista con La Mañana las causas y consecuencias de estos hechos.
Enrique Peés Boz, director de UTE por Cabildo Abierto, aseguró que no cuestiona la incorporación de fuentes renovables a la matriz eléctrica, pero sí cuestiona el modelo de negocios o la instrumentación adoptada, así como los sobrecostos generados para UTE por los contratos PPA (power purchase agreement) firmados, en los que se acuerda una continuidad de veinte a treinta años, en los que los sobrecostos alcanzarán los cinco mil millones de dólares.
El director explicó que la matriz energética se compone de fuentes estables (que provienen de las instalaciones térmicas), las semiestables (las represas o hidroeléctricas) y las inestables (eólicas y fotovoltaicas), y que estas últimas generan un fuerte impacto negativo en las finanzas de UTE.
Sostuvo que entre 2012 y 2108 se formaron esos contratos a veinte y treinta años a precios de hasta 120 dólares el MWh, cuando actualmente la misma producción se lograría con la cuarta parte de dicho valor. “Esos sobreprecios los pagamos los clientes de UTE, porque por cada tres mil pesos en las facturas, 1200 se destinan al pago de los contratos PPA con agentes privados, fundamentado todo ello en la promoción de energías renovables”, detalló a La Mañana.
En ese sentido, Pées Boz expuso que se trata de un “gran negocio” desde el punto de vista del sector privado, ya que se aseguraron precios muy redituables sin asumir una cláusula que contemplara la evolución decreciente de ellos como consecuencia de la evolución tecnológica en el sector. “Y lo hacen transfiriendo riesgos del mercado a UTE, que queda contractualmente obligada a comprar por dos o tres décadas la energía que produzcan”, agregó.
El entrevistado enfatizó en que el riesgo empresarial privado “lo cubrimos los que pagamos los servicios de UTE, incorporados los costos por sobreprecios y excedentes, estos últimos efectivos o por ‘restricciones operativas’ que se deben pagar, aun cuando no se produzca la energía por parte del generador privado. Incentivos todos promocionales que surgen en el año 2010 y tendrán efecto sobre las finanzas de la población por varios años más”.
Frente a esto, y en pos de evitar los impactos desfavorables para la empresa pública, durante 2022 se intentó por parte de UTE renegociar los contratos PPA, se ofreció una ampliación del plazo originalmente acordado a cambio de una reducción del precio contractualmente acordado. Sin embargo, UTE rechazó las ofertas presentadas por las dieciséis empresas de energía, ya que el objetivo era obtener contratos más ventajosos para la compra de esta energía.
El cisne negro de las exportaciones
Las exportaciones de energía desde Uruguay siempre se realizan a Argentina y Brasil, la venta del excedente es fundamental para achicar los sobreprecios que pagan los usuarios de UTE. Sin embargo, en los últimos cuatro años quedó demostrado que las grandes exportaciones son como “un cisne negro”, en palabras de Pées Boz. En ese sentido, indicó que en el año 2020 se exportaron 55 millones de dólares en energía; en 2021, exportamos por 503 millones de dólares, es decir, diez veces más que el año anterior. Ya en 2022 bajó, pero como tuvo problemas Argentina, exportamos 222 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, solo se exportaron veintiún millones de dólares.
“Estos indicadores demuestran que, en primer lugar, UTE tienen una capacidad instalada para abastecer a todo el mercado local y exportar quinientos millones de dólares, pero si el año pasado solo exportó veintiún millones, quiere decir que hay unos 480 millones de dólares excedentes de una capacidad instalada de producción que está sobredimensionada y solo se aprovecha cada vez que hay un ‘cisne negro’, pero en los restantes años no hay oportunidad de utilizarlo”, expuso.
Pées Boz sostuvo que, en cualquier orden, si existe una instalación hecha para vender quinientos, pero solo se venden veintiuno, el resto son excedentes que tienen costo solo por existir. “Buena parte de esos 480 millones de dólares que sobran tienen que ver con lo que pasó entre 2012 y 2018, años en los que se privatizó en exceso y quienes pagan mes a mes las consecuencias son los usuarios de UTE”.
Conclusión: una prospectiva desfavorable
El director cabildante señaló que desde 2012 casi el cincuenta por ciento de la producción de energía eléctrica en nuestro país está privatizada a través de parques eólicos, fotovoltaicos y biomasa que “priorizan el interés privado al equilibrio económico-financiero de UTE y sus usuarios” y que ahora, con decretos recientes, se continúa y profundiza la tendencia privatizadora.
“Mi evaluación crítica responde a la defensa de la empresa pública, cuyo directorio nos han honrado en integrar, así como de las 1.600.000 familias y empresas que, estando lejos de los órganos decisores de gobierno, terminan pagando los costos de las decisiones adoptadas, superando muchas veces nuestra oposición fundada. Estamos defendiendo una empresa pública que, aún en competencia imperfecta y desleal con intereses privados, continúa apoyando a los sectores económicos y sociales”, señaló.
En síntesis, dijo, la prospectiva del mercado eléctrico y la participación de UTE en él resulta gráficamente representable por una balanza cuyos platillos no están ni estarán en equilibrio, “consecuencia de una pretendida competencia claramente imperfecta”. Pées Boz aseguró que como efecto resultante fundamentalmente de los contratos PPA, los compromisos asumidos con UPM 2 por el gobierno nacional en el año 2018, así como recientes decretos, implicarán que los gastos de UTE suban por el efecto de sobreprecios y compras obligadas de energía no necesariamente comercializable.
“Mientras tanto, el platillo de ingresos descenderá, en la medida que se concrete la paulatina migración de nuestros usuarios –en particular de nuestros grandes consumidore– hacia la elocuentemente promovida oferta privada”, sumó el director. Sostuvo, además, que los costos de los desequilibrios aparecerán en las facturas de los usuarios cautivos, familias y empresas que permanecerán como clientes de UTE. “No sabemos si estos y aquellos ven lo que hemos tratado de explicar, pero seguramente lo van a poder verificar, tanto los unos como los otros”, puntualizó.
El camino del hidrógeno verde
Consultado acerca de su visión sobre el hidrógeno verde y el plan de producirlo en Uruguay, Pées Boz señaló que se trata de un tema que aún tiene muchos pasos que dar, sin embargo, hay un proyecto piloto aprobado, que se concretó a nivel público a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). El proyecto implica la movilización de nueve camiones y UTE participaría en caso de que sea necesario el abastecimiento de energía.
En el plan piloto participan empresas privadas importantes a nivel local que, a través de un consorcio, lo llevarían adelante en Pueblo Centenario, muy cerca de UPM 2. La selección de este proyecto piloto fue realizada por el MIEM y la ANII, y UTE brindará apoyo a través de la adjudicación de diez millones de dólares, con partidas de un millón por año, lo que representa tres MWh de energía.
“En principio, lo que se usa es agua y energía eléctrica para generar el hidrógeno verde, y la energía eléctrica la generaría la empresa a partir de parques fotovoltaicos, pero serán apoyados por UTE en caso de que fuera necesario”, detalló el entrevistado.
Por otra parte, el director comentó que “hay rumores de que una empresa alemana se instalaría en Tambores, pero ese proyecto no es piloto, ni de tres MWh, sino que es de más de cien MWh, con producción eólica y solar destinados a producir energía eléctrica. Esperemos que todo esto no sea Gas Sayago”, expresó.
TE PUEDE INTERESAR:
