En la Policía existe la percepción de que tienen un riesgo más alto que en el pasado. Así lo señaló a La Mañana, Antonio Romanelli, integrante del grupo asesor en seguridad de Cabildo Abierto.
El grupo asesor de seguridad el Ministerio del Interior ha venido manteniendo una serie de encuentros con sindicatos policiales. ¿Cuáles son los temas principales que se han analizado?
Nos reunimos con el Sindicato Único de Policías (Supu) y con el Sindicato de la Policía Nacional (Sipolna). Tuvimos extensas charlas con ambos, preguntándoles qué reivindican y ambos sindicatos nos dieron documentos. Coincidimos en un 100% con las reivindicaciones del Supu y casi en un 95% con las del Sipolna, que está afiliado al Pit-Cnt. Lo que nos dijeron es que habían leído el programa de Cabildo Abierto, en especial en aquellas cuestiones de reforzamiento de recursos humanos de la Policía con énfasis en las personas. Además, se agregó un tema específico de compensaciones a bomberos y al personal carcelario. Hay que compensarlos un poco mejor, como por ejemplo que se puedan jubilar en mejores condiciones. Se encuentran en un régimen que para el retiro computan siete años por cinco trabajados, y nosotros pensamos llevarlo a ocho por cada cinco.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones?
Una de ellas son los planes de vivienda para los policías, los medicamentos en Sanidad Policial y la salud mental. Ese es uno de los puntos más importantes. Si un policía tiene un problema, atención psicológica no es llamar y preguntarle si está bien. Tienen unas carencias tremendas y una desatención muy grande. Tenemos que encarar esto en serio y ver cuál es el problema. Los policías requieren atención psicológica en todo el país y esto es difícil, no logramos tener profesionales de salud mental en todo el territorio nacional. Eso se tiene que solucionar. Llevamos 14 suicidios de policías en el año y es muy doloroso. Debemos preguntarnos por qué sucede esto con gente joven.
Otro punto son los costos importantes de los medicamentos. Proponemos un sistema con una negociación directa con los laboratorios desde Sanidad Policial. Por un lado, está el medicamento de receta que da el Hospital Policial y que se puede levantar en alguna farmacia con descuento, pero se debe tener otro sistema aparte, que atienda a la familia. Ya existen sistemas similares en otras dependencias del Estado, con convenios que frente a la compra de un medicamento en una farmacia hay un descuento. También existe preocupación por el servicio 222 [vigilancia policial contratada] y los funcionarios eventuales. Estos ingresaron con menores requerimientos, para cumplir funciones de vigilancia que, precisamente, hacían los policías anteriormente con el 222. Esa sustitución los perjudicó económicamente y ya existen cuatro departamentos donde no se puede realizar más el 222, lo cual es una baja del 30% en su salario. Los dos sindicatos reivindican poder volver a cumplir ese servicio. Por otro lado, están los eventuales que cumplen el servicio, pero no logran hacer una carrera dentro de la Policía. Además, después de dos años como eventual, el Ministerio del Interior los debería presupuestar y hay gente que hace ocho años está sin ser presupuestada.
En materia de vivienda había un fondo creado en anteriores gobiernos para la construcción destinada a funcionarios policiales. ¿En qué se encuentra ese fondo?
Eso es una cantidad de dinero importante, que la administración del Frente Amplio puso en un fideicomiso y este gobierno rescató. Se comenzó a trabajar con el Ministerio de Vivienda, pero lo construido es totalmente insuficiente. Necesitamos impulsarlo mejor. El ministro Jorge Larrañaga dijo que había una cantidad de terrenos en poder del Ministerio del Interior y que los quería vender para hacer algunas cárceles, entre ellas una de máxima seguridad, que la pusieron en el presupuesto y no la hicieron. Nosotros en aquel momento planteamos que por lo menos un 10% de esos terrenos fueran asignados a construir viviendas para policías. Pero eso está en el debe. Me consta que hay un esfuerzo muy grande del Ministerio de Vivienda y el ministro Raúl Lozano recientemente inauguró viviendas en Pando para los policías. Pero lo cierto que para construir viviendas para los policías el dinero está, lo que hay que vencer es la burocracia.
Tuvieron un encuentro con el Círculo Policial, que es la asociación de oficiales. ¿Qué me puede comentar al respecto?
También tuvimos un 100% de coincidencias en todas las cuestiones. Pero esto no es casualidad. El programa de Cabildo Abierto fue hecho por profesionales de la seguridad, de la Policía y de las Fuerzas Armadas. De esta manera se tiene un conocimiento de lo que está sucediendo y de lo que se requiere.
Policía vecino del criminal
¿Se sigue dando la situación de que el policía vive en el mismo barrio o asentamiento en que están los criminales?
Eso continúa hasta hoy, aunque en menor grado que antes. Se ha tratado de mejorarle la vida al policía, con los incrementos salariales otorgados por el anterior gobierno y el actual, que llevó a los policías a poder alquilar en algunos otros barrios. Pero todavía se da esa situación del policía vecino del criminal, y por eso hay que encarar en serio un plan de vivienda para tratar de alejarnos de toda la peligrosidad.
La pregunta iba dirigida a que se ven casos en que policías, por ejemplo, están en una parada de ómnibus y son rapiñados para obtener su arma y chaleco antibalas.
Sucede que el policía está muy expuesto y Manini dijo que hay que empezar a cuidar a quien nos cuida. Hasta ahora el policía es un ciudadano de segunda. Hay que poner recursos para poder sacar adelante esta gente, que tenga otro confort de vida y que, desde esa posición, pueda defendernos a todos.
Un punto muy cuestionado son los seguros de vida. ¿Qué propone Cabildo Abierto?
El seguro de vida que le pagan a un policía cuando muere por acto de servicio, o sea baleado por un criminal, es de 83 mil pesos. Una verdadera miseria. Se tiene que ir a la norma internacional, usada por Naciones Unidas, que marca que al fallecer un funcionario policial en acto de servicio se deben pagar 50 mil dólares. En ese sentido en nuestro programa hicimos la propuesta de una escala (en unidades indexadas) que va por fallecimiento en acto de servicio, puramente, o como consecuencia del acto de servicio. Esto es importante. No es menor. Se debe tener en cuenta que al policía se le descuenta de su salario un monto por seguro de vida y ese fondo supera ampliamente lo que supondría el pago de 50 mil dólares por funcionario caído en acto de servicio. Alguien tiene que proponer este tipo de cambios y para eso está Cabildo Abierto.
Tras estas reuniones, ¿qué visión se llevaron de la Policía y la violencia actual en la sociedad?
Ellos observan que hay un incremento muy importante de la violencia y viene creciendo. Esto comienza en 2006 y 2007, y no es por el tema de la liberación de presos que se registró en ese momento. Nosotros como grupo asesor, hicimos un documento entregado al senador Manini y en el cual señalamos 27 errores que se cometieron durante todos los gobiernos del Frente Amplio y por lo cual se incrementó la situación de inseguridad.
El primer error fue dejar sin efecto un decreto por la cual el policía podía detener una persona en averiguaciones. A partir de eso, que fue en 2007, se empezó a descalabrar todo. Significó que no se podía detener a nadie en averiguaciones, entonces ya no se conseguía información y los delincuentes andaban más libres por la calle. Y la frutilla de la torta fue en 2017 con la nueva Ley Orgánica Policial que consagra en su artículo 25 que las comisarías solamente podían ser receptoras de denuncias y no efectuar prevención, represión o inteligencia. Desde ese momento las comisarias se comenzaron a despoblar y se centralizó el patrullaje.
Eso es algo nefasto, ya que quien patrulla no sabe dónde está, no conoce la zona. Llevó a que la Policía perdiera el contacto con la población. Cuando falta el patrullaje empieza a incrementarse el delito. Días atrás vimos un caso que se difundió por las redes sociales en el que en Carrasco una mujer es asaltada de manera violenta. En esa zona había siempre policías patrullando, pero desaparecieron por 15 días (ya sea por falta de personal o por qué se enfermó algunos de los asignados), entonces empezaron las rapiñas y los hurtos. Al otro día de ese suceso con la señora, apareció la Guardia Republicana. Pero así no funciona.
La comisaría de Carrasco o la del Cerro deben tener, como propone Cabildo, no menos de 120 efectivos, con funcionarios que estén de manera permanente en la zona y conozcan a la gente que tiene que proteger, al comerciante, a la gente que circula y ganar la confianza para que el ciudadano les informe si ve algo sospechoso. Esa es la gran función de prevención que tiene la Policía: el conocimiento de todo. Cuando perdimos la aproximación de la Policía con la población, comenzó el descalabro y llegamos a índices de homicidios y delitos importantes.
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