Con una población carcelaria de casi 14.000 personas, el mayor registro de muertes, fugas y la reciente confirmación de un caso de secuestro y tortura en un módulo del ex Comcar, finalmente se ha instalado el debate político sobre el problema de la gestión del sistema penitenciario.
El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit solicitó una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tras conocerse el caso de un hombre de 28 años privado de libertad que estuvo 60 días secuestrado por otros internos en el módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) y hallado con signos de desnutrición y tortura.
Petit dijo en rueda de prensa que el hombre estaba “con un estado de estrés postraumático parecido al de un náufrago o al de alguien que vivió una penuria extrema” y añadió que todos los funcionarios penitenciarios con los que conversó del hecho estaban “desolados, preocupados y preguntándose qué hacer”.
Tras el episodio, el comisionado expresó que “los tres poderes del Estado tienen que pensar y trasuntar ese pensamiento en acciones”. “No se puede responsabilizar a esta administración ni a la anterior, es un grave problema estructural que tiene el país que nosotros hemos señalado varias veces en los últimos años”, indicó.
Aseguró además que trabajará “intensamente” sobre este tema, por el que ya se contactó tanto con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como del Ministerio del Interior (MI), la Fiscalía y el Parlamento Nacional. El observador penitenciario expresó que “al horror humano de lo que hacen a veces las personas hay que responder con diálogo, dignidad y política pública”.
El ministro del Interior anunció el pasado lunes la remoción del encargado de los módulos 10 y 11 del centro penitenciario. Al mismo tiempo, en un comunicado, la cartera detalló las circunstancias en las que se detectó la preocupante situación sobre la que se pudo saber que “la persona habría sido extorsionada y maltratada por parte de uno o más compañeros de celda durante varios días”, y que “la situación de esta persona se desconocía a pesar de que semanalmente los policías recorren el módulo revisando el estado de las rejas”.
Desde la cartera se comunicó que se hizo una denuncia ante la Fiscalía de Flagrancia de segundo turno, a cargo del fiscal Sergio Palomeque, y que se dispuso una investigación administrativa “a los efectos de esclarecer los hechos”. Además, en el operativo se relevó a las 750 personas que están en el módulo 11 y “se pudo determinar que 7 privados de libertad sufren un cuadro de bajo peso, en la mayoría de los casos asociado al consumo problemático de drogas”. El comunicado añade que revisarán “los controles que se realizan entre las personas privadas de libertad, con el objetivo de evitar que estas cosas vuelvan a suceder”.
Hace dos semanas Petit presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario del Parlamento el “Plan de combate de la reincidencia y en favor de la rehabilitación”, para atender la situación “crítica” del sistema carcelario que “requiere de nuevas políticas públicas para que el mismo sea un factor de seguridad y rehabilitación”.
El plan está basado en cuatro pilares: el fortalecimiento de las medidas alternativas a la prisión y de la Oficina de Libertad Asistida (OSLA); el pasaje de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides); una reestructura y fortalecimiento técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); y la presencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en todas las unidades penitenciarias.
Plantean la idea de crear un Ministerio de Justicia
Semanas atrás el ministro del Interior había planteado que sería buena idea crear un Ministerio de Justicia que gestione los temas carcelarios. El 27 de junio, en una entrevista con el diario El País, Heber reconoció que “la gran debilidad” que tiene el ministerio “son las cárceles”. Señaló que “hay dos ministerios: uno que es el combate al delito, el despliegue territorial de la Policía; y el otro es el de la recuperación, la reeducación del preso para devolverlo a las sociedades”.
“Estaría de acuerdo en que tuviéramos un Ministerio de Justicia en el Uruguay”, manifestó, aunque admitió: “no estamos en condiciones hoy a no ser que el presidente me diga que sí. Lo ideal es que sí, pero todavía no tenemos los recursos”.
Un mes después, tras reunirse por primera vez con el Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario en materia de seguridad y criminalidad que asesora a la cartera (coordinado por Martha Valfre, directora de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses), el ministro del Interior se volvió a referir a la creación de un Ministerio de Justicia.
Heber señaló que “a nivel personal” está de acuerdo con la creación de un nuevo ministerio, pero que eso está “en un mundo de lo ideal”; debido a que “actualmente los recursos están destinados a lo social con especial énfasis al más desprotegido”. Agregó que “sería mejor” que se creara la nueva institución, no obstante, explicó que “Uruguay tiene sus limitaciones y tenemos que adecuarnos a las mismas”.
La necesidad de voluntad política
Consultado por La Mañana, el abogado Andrés Ojeda aseguró que “pocas cosas generan tanto consenso como la voluntad de remover la gestión de las cárceles del Ministerio del Interior”. “En todas las campañas electorales escuchamos a todos los partidos decir que las cárceles no tienen que estar en la órbita del Ministerio del Interior, pero nunca ninguno la saca de ahí, y ¿por qué?”, cuestionó. Señaló que “si las cárceles salen de la órbita de interior y van a la órbita de un Ministerio de Justicia nadie se va a quejar, nadie las va a reivindicar”.
Para Ojeda “el lugar natural para la gestión de las cárceles es el Ministerio de Justicia; y Uruguay se ha privado sistemáticamente de esta herramienta de forma gratuita, porque la podría crear casi sin gastar plata”. En opinión del abogado no hace falta más plata para eso porque “las cárceles ya tienen presupuesto propio”, por lo que es “simplemente reubicar” dichos fondos. Aseguró además que si no se ha hecho hasta ahora es “por falta de voluntad política”, y manifestó sus esperanzas de que “este gobierno tenga el empuje y la voluntad política de crear este Ministerio de Justicia, que sería histórico y vanguardista”.
El abogado del sindicato policial explicó que “el Ministerio del Interior tiene por cometidos centrales otras cosas”, por ejemplo el de “la seguridad interna del país”. Aseguró que es un “lío” que “el que tiene la responsabilidad de perseguirte y encarcelarte sea el mismo que tiene la responsabilidad de rehabilitarte”. “Cómo vas a generar una empatía, si el persecutor y encarcelador es el mismo con el que tenés que trabajar en tu rehabilitación; es completamente contradictorio”, cuestionó.
Ojeda entiende que es positiva la intervención de otras secretarías de Estado como el Mides, el MEC y Salud Pública, en tareas específicas dentro del sistema penitenciario, pero “no” para que se encarguen de “la gestión”. “Yo no concibo que todos esos jugadores no estén dentro de las cárceles, colaborando, pero ninguno de ellos tiene por cometido central las cárceles, como sí lo tendría un Ministerio de Justicia”, que es el “lugar natural” sostiene el abogado vinculado al Partido Colorado. “De hecho tampoco tiene lógica que los defensores de oficio dependan del Poder Judicial. Tiene que depender del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia”. Porque “es el Estado que te defiende, no el Poder Judicial”.
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