En su último informe, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, recomienda a las autoridades impulsar un plan de deshacinamiento y dar mayores respuestas a las patologías de salud mental y al tratamiento de adicciones de los reclusos. Asimismo, sugiere promover medidas alternativas y avanzar en la reinserción laboral del liberado.
La semana pasada, el Comisionado Juan Miguel Petit presentó ante la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento el “Informe sobre la situación carcelaria y del sistema de medidas alternativas” del año 2020.
En el documento se destacan “los muy buenos pasos de involucramiento con la rehabilitación en cárceles que están dando varios organismos”, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Trabajo, el CODICEN e intendencias.
A su vez, resaltó el “Plan Dignidad Carcelaria” del Ministerio del Interior (MI) con perspectiva de los derechos humanos y género, que “continuó” a la reforma iniciada en el año 2010. Además, valoró acciones del Instituto Nacional de Rehabilitación como el avance en la transformación del COMCAR y la apertura del preegreso en dicho centro, el impulso a actividades productivas y laborales, el combate al coronavirus y la campaña de vacunación en cárceles, algo que fue destacado a nivel mundial.
Sin embargo, lamentó que aún no se prevea la necesidad de más personal técnico, más operadores penitenciarios y rubros para infraestructura y funcionamiento. Si se compara este informe con el publicado el año pasado, se puede advertir que las condiciones de privación de libertad en el sistema penitenciario empeoraron. En 2019, el 73% de la población carcelaria estaba alojada en lugares que no ofrecían las posibilidades de rehabilitación necesarias para facilitar su reinserción social, mientras que el nuevo documento estima que actualmente es el 89%.
Según la evaluación de la Oficina del Comisionado Parlamentario, en el 33% de los establecimientos se detecta trato cruel, inhumano o degradante (26% en 2019); insuficientes condiciones para la integración social y rehabilitación en el 56% (47%); y apenas en el 11% (27%) se apreciaron buenas condiciones y oportunidades de integración social, cifras que según el Comisionado denotan el “impacto” causado por la pandemia y el aumento incesante del hacinamiento.
De acuerdo a los datos actualizados al 31 de mayo de 2021, la población penitenciaria de Uruguay es de 13.640 (con un crecimiento de 1% por mes durante el último año), siendo las personas privadas de libertad: 12.731 hombres, 894 mujeres y 15 trans.
Proponen plan de deshacinamiento
El texto da cuenta de que desde 2015 la inversión en cárceles ha bajado y la población penitenciaria ha crecido, lo que ha generado “una crisis de hacinamiento que pone en jaque todos los intentos de rehabilitación”.
El ranking elaborado por el Instituto sobre el Crimen y Delito de la Universidad de Londres (autoridad en la materia) ubica a Uruguay como el 15° país con más presos del mundo, de una lista de 222. Actualmente, nuestro sistema penitenciario tiene una tasa de 388 presos cada 100.000 habitantes, con un hacinamiento del 134% (100 plazas para 134 personas), aunque en algunas unidades la tasa de hacinamiento es mucho peor: Salto (323%), Artigas (226%) y Maldonado (163%).
Por este motivo, el Comisionado Parlamentario recomendó a las autoridades impulsar un “plan de deshacinamiento, tratamiento y baja de la reincidencia”, y que se conciba el sistema de ejecución penal como “un conjunto con dos grandes áreas: la privación de libertad y las medidas alternativas o sustitutivas”.
Para dicho plan recomendó fortalecer la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida y a la Dirección Nacional del Liberado (dependiente del MI), la que propuso que pase a formar parte del Mides, “para su mejor gestión e impacto”.
Carencias en las respuestas a patologías mentales y adicciones
El documento expresa que, pese a los esfuerzos realizados por funcionarios de ASSE y Sanidad Policial, “la atención sanitaria dentro del sistema penitenciario sigue siendo inadecuada y las limitaciones de su cobertura una fuente inquietante de conflictos, patologías no resueltas a tiempo y tensiones que generan violencia». «En particular, son notorias las extremas limitaciones y carencias que tiene el sistema para dar respuesta a las patologías de salud mental y al tratamiento de adicciones”, indica el texto.
Ante este contexto, una de las más enfáticas recomendaciones del informe es que ASSE debe «urgentemente» conectarse con el sistema penitenciario, «ya que no está cubriendo todo el sistema y la cobertura en adicciones y salud mental es todavía muy insuficiente”.
El documento publicado días atrás por el Comisionado Parlamentario manifiesta que es “vital” que ASSE asuma plenamente su mandato institucional como prestador público de salud en el sistema penitenciario, cubriendo los servicios de todo el sistema, disponiendo que los recursos otorgados en la Ley de Presupuesto para salud mental y el tratamiento de las adicciones también sean desplegados en el sistema penitenciaria, tanto en las prisiones como en el sistema de medidas alternativas.
Casi nula aplicación de ley para inserción laboral de liberados
Por otra parte, el informe destaca algunos hitos conseguidos, en materia del trabajo en el proceso de preegreso y egreso, por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI), que tiene el cometido de diseñar y gestionar políticas públicas en materia de apoyo a la reinserción social de personas que egresan del sistema penitenciario.
El Comisionado resaltó que en 2018 la DINALI comenzó a implementar un programa de preegreso en la Unidad N°4 (COMCAR) que luego se expandió al resto de las unidades de la zona metropolitana y Canelones. Además, resaltó una mayor cobertura de la DINALI en todo el interior del país.
No obstante, el documento señala falencias en la aplicación de herramientas para la inserción laboral del liberado. Por ejemplo, apunta a que fue de “casi nula aplicación” la Ley 17.897 (2005), de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, que estableció que se debía incluir en todos los pliegos de licitaciones de obras y servicios públicos, “la obligatoriedad de los empresarios contratantes, de inscribir un mínimo equivalente al 5% de personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas” en la Bolsa de trabajo de la DINALI.
Señala que las empresas obviaron la contratación de “peones” o dieron a esas tareas otra denominación o rango, salteando formalmente la normativa. Esta situación llevó al Poder Ejecutivo a promover otra norma en la Rendición de cuentas de 2016, ampliando la obligación a las “tareas de peones, medio oficial, oficial o similares”, de manera de tener una definición abarcadora y difícil de ser eludida.
El informe asegura que esta ley tampoco fue cumplida por buena parte de las empresas que licitan con el Estado, ya que la norma no tiene un régimen sancionatorio. A su vez, lamenta que tampoco exista difusión y sensibilización en el mundo empresarial sobre el rol social de la norma y la importancia de su cumplimiento.
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