El proceso de auditorías anunciado por el gobierno del presidente Lacalle Pou se ha iniciado en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). En el segundo se han detectado diversas irregularidades y las investigaciones se profundizarán.
Las auditorias son un tema candente y desde la Presidencia se considera que permitirían reflejar desde qué punto parte el gobierno que asumió el 1 de marzo. Por otra parte, es uno de los reclamos más reiterados por los votantes, razón por la cual el presidente Luis Lacalle Pou quiere darle un nuevo impulso. En una reciente reunión con diputados nacionalistas de todo el país, Lacalle dijo que una de las prioridades son las auditorías, y que las mismas comienzan por ASSE y el MIDES, dos lugares neurálgicos de la administración pública donde se están observando probables irregularidades.
Durante el período de transición después de las elecciones, Lacalle había señalado que “cuanto más información se nos brinde por parte del gobierno de Tabaré Vázquez, menos profundas deberán ser las auditorías que vamos a hacer en todos los organismos. Si el gobierno facilita información, será mucho mejor para todos”.
Las auditorías se pueden realizar de tres maneras diferentes: con los propios controles internos del organismo, con la Auditoría Interna de la Nación (AIN) o con la contratación de auditores externos. Lacalle es partidario de que sea la AIN quien escudriñe en las cuentas de los organismos, aunque también piensa que en algunos casos se podrían sumar auditores externos.
Uno de los principales problemas que preocupa a los nuevos jerarcas de algunas reparticiones es que, si las auditorías son solamente internas, en muchos casos las realizaría el personal que proviene de la administración anterior.
Otro aspecto no menor es que las auditorías se limiten a los aspectos contables y no entren a cuestionar aspectos técnicos como, por ejemplo, el valor de los productos comprados o las contrataciones realizadas. Es por eso que se tiende a realizar auditorías que sean no solo contables sino también administrativas. De ahí la posición del presidente.
En el Banco Central hay 30 empresas auditoras registradas, las cuales son habitualmente contratadas por empresas privadas y eventualmente por organismos públicos.
La auditoría del MIDES
En el MIDES se ha creado la Unidad de Auditoria Interna; “un paso muy importante”, según destacó a La Mañana el director general de Secretaria de esa cartera de Estado, Nicolás Martinelli. El MIDES tiene en marcha con esta unidad interna tres auditorias. Una de ellas tiene que ver con los arrendamientos que el MIDES paga a organizaciones sociales y que tiene que ver con los refugios para personas en situación de calle.
Otra es referida a la situación de los inmuebles de la Dirección Nacional de Discapacidad y otra con las deudas generadas con el BPS, por atrasos y multas en la inscripción de obras del programa Uruguay Trabaja. Ya se detectó que 18 ONG que administran refugios recibieron los fondos, pero no pagaron los alquileres de los mismos, los cuales terminaron siendo abonados por el MIDES.
Una de las auditorias que puede llevar más tiempo es la de inmuebles de la Dirección Nacional de Discapacidad. Se trata de veinte propiedades a las cuales hay que visitarlas para ver el estado edilicio y las condiciones de funcionamiento. Algunas propiedades son donaciones o parte de testamentos, por lo tanto, también hay que ver cuál es la situación jurídica.
Estas propiedades fueron donaciones al Instituto Artigas (instituto de ciegos) que pasó a formar parte del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), una dependencia del MIDES.
Según aclaró Martinelli, “estas auditorías se realizan por personal del ministerio y las mismas están en curso, sin que exista una fecha en que se tengan resultados”. El jerarca adelantó que hay por lo menos dos departamentos más que se van a auditar. Se trata del destinado a rendición de cuentas de organizaciones sociales y el Departamento de Logística. Pero en estos dos casos las auditorias las realizará la Auditoría Interna de la Nación, con la colaboración de la Unidad de Auditoría Interna de este ministerio.
La situación en ASSE
Dentro de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) las auditorías han comenzado por la Gerencia Administrativa y no solamente es contable, sino que también abarca los procedimientos administrativos.
Ya hubo varias observaciones del Tribunal de Cuentas en los últimos años sobre los gastos que se producen en diferentes unidades de esta administración. Una de las últimas es del pasado 11 de marzo, cuando el Tribunal volvió a observar el gasto de $ 131 millones de pesos (unos tres millones de dólares) por parte del Hospital Pereira Rossell en el pago a la Fundación Plenario Mujeres del Uruguay (Plemuu) por los servicios de limpieza. El tema central es que el gasto original era de $ 97 millones y fue ampliado varias veces, superando lo establecido por el TOCAF. Este es un tema que data de 2014, pero por seis años se ha venido repitiendo.
Por otra parte, en el informe del 2019 de la Auditoría Interna de la Nación, existe un capítulo para el Hospital Regional de Salto (HRS). En el mismo se señala que “si bien el HRS posee equipos para realizar ecografías y radiologías, debe realizar contrataciones externas de técnicos y profesionales para el uso de los mismos. Esta situación se origina en el hecho de que, al realizar los llamados correspondientes para la provisión de cargos, estos fueron declarados desiertos por la no presentación de postulantes. Los valores de los honorarios pagados por ecografías realizados en el HRS son iguales o mayores que los precios adjudicados en la licitación de UCA (Unidad Centralizada de Adquisiciones), donde los estudios se realizan en las clínicas de los proveedores utilizando sus equipos y estructura administrativa”. Pero la Auditoría también detectó que las solicitudes de estudios carecían de la información necesaria para su realización sin la identificación del médico actuante.
“Esta situación podría provocar que se realicen y/o paguen estudios que no correspondan o sean innecesarios”, se señaló. También existieron contrataciones directas a proveedores que mantienen vínculos funcionales con ASSE, lo que contraviene el art 46 del TOCAF. Según se explica, “esta situación obedece a que para determinados estudios médicos existe un único proveedor dentro del Departamento, y realizar contrataciones fuera del mismo implicaría un incremento en el costo del estudio, en el tiempo de traslado y un posible riesgo para el paciente”. Tras el informe, la dirección del hospital se comprometió a corregir las situaciones señaladas.
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