La web de Cabildo Abierto publicó el pasado jueves las propuestas económicas presentadas al Poder Ejecutivo. Se trata de un documento de siete páginas dividido en dos grandes capítulos: uno más general llamado “Elementos estructurales del país”; y medidas específicas en el capítulo “Propuestas para atacar elementos coyunturales producidos como consecuencia de la pandemia covid-19”. “La Reforma Tributaria implementada por el Frente Amplio debe ser revisada”, señalan.
Fue el propio líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, quien hizo llegar el documento al presidente Luis Lacalle Pou los días previos al discurso del mandatario ante la Asamblea General. En dicha ocasión, Lacalle Pou anunció medidas para las pequeñas y medianas empresas, en continuidad con lo que viene realizando su equipo económico pero también sumando algunas propuestas recibidas. Consultado Manini Ríos por la prensa al terminar el discurso de rendición de cuentas, mostró conformidad aunque consideró que todavía podían existir nuevos anuncios en el futuro.
Ya desde la campaña electoral el novel partido Cabildo Abierto planteó la urgencia de atender a la empresa y el comercio nacional, rezagado frente a las concesiones que los gobiernos del Frente Amplio habían realizado a grandes capitales internacionales. Esa visión crítica llevó al partido a apuntar a la negociación del contrato ROU-UPM2, reclamando que también otros sectores de la producción sean contemplados y puedan tener las mismas ventajas.
Con el advenimiento de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, Cabildo Abierto reforzó el énfasis en adoptar medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, por ser las que generan mayor empleo y por estar atravesando una ola de cierres sin precedentes. Durante el año 2020 el partido presentó un proyecto de ley de precios de frontera y también algunas iniciativas para la protección contra la usura.
El tema de la empresa nacional en la agenda de gobierno
Fue a partir del mes de diciembre que Cabildo Abierto inició una fuerte campaña para posicionar el tema de la situación de las pymes como prioridad política. En ese momento la discusión pasaba principalmente por la aprobación del Presupuesto Nacional y el Frente Amplio solicitaba un mayor gasto público al mismo tiempo que la implementación de una renta básica universal. Con el Presupuesto encaminado, asesores económicos de Cabildo Abierto comenzaron a trabajar en una estrategia para apoyar al empresariado y el trabajo nacional.
En esa línea el senador Guido Manini Ríos inició una extensa ronda de reuniones con representantes de gremiales y organizaciones de pymes, comerciantes y productores, para recoger los distintos planteos y conocer con más profundidad la situación en cada sector. Esta acción no pasó desapercibida para los medios de comunicación que cubrieron en más de una ocasión esos encuentros. Lo que llevó a que los otros partidos, tanto el Partido Colorado, como el Partido Independiente y el Frente Amplio salieran rápidamente a marcar una agenda coincidente e incluso a elevar propuestas al gobierno a través de una serie de conferencias de prensa.
Desde Cabildo Abierto, sin embargo, se prefirió no hacer públicas las medidas propuestas y enviarlas primero al equipo económico de gobierno para su evaluación. El objetivo estaba logrado y el tema aparecía como uno de los principales ejes de discusión a nivel nacional.
Propuesta de ahorro para financiar medidas
“Compartiendo los lineamientos del gobierno de ordenar el gasto, entendemos que también es fundamental racionalizar nuestro sistema tributario incluyendo también los denominados Gastos Tributarios. No tenemos dudas que este ordenamiento puede generar tantos o más recursos que el ordenamiento del gasto. Más allá de los elementos coyunturales que se verán más adelante, Cabildo Abierto plantea no perder de vista los intereses nacionales para un desarrollo del país con especial atención en una mejor distribución de los recursos y maximizar las herramientas que el Estado puede brindar”.
Así comienza el documento presentado por Cabildo Abierto. Y destaca más adelante: “Las políticas de promoción de inversión han sido caras, regresivas, mal focalizadas y en algunos casos arbitrarias. Deben estar ancladas en actividades capaces de generar “derrames” (investigación, innovación, etc.) y que sean “escalables” a través de la exportación. La concentración en el IRAE es excesiva, ineficiente y regresiva porque no colabora con los costos del emprendimiento o sea el riesgo del proyecto y deja todo el retorno al empresario. Las políticas regresivas penalizan directamente a los micro y pequeños empresarios”.
Además, entre las oportunidades para reducir exoneraciones señala tres situaciones: IRPF, reducir malas exoneraciones y promoción de inversiones. “La aplicación correcta de lo expuesto en los puntos precedentes puede significar un ahorro del entorno de 2 puntos del PBI”, señala el documento. Por otra parte, en cuanto a las medidas para superar la coyuntura de pandemia se proponen 22 medidas concretas de carácter transitorio. Finalmente, el documento sugiere considerar la “posibilidad de aplicar el artículo 206 de la Constitución Nacional y convocar al Consejo de Economía Nacional, con la participación de Empresarios, Trabajadores, Estado y Academia”.
¿Impuesto a la renta o impuesto al trabajo?
Entrevistado el viernes por Informativo Sarandí, el economista y asesor Eduardo Ache sostuvo que “no es aconsejable en ningún sistema tributario tener impuestos que graven en demasía el trabajo”, sobre todo por el avance tecnológico que desplaza mano de obra. “En mi opinión más que un impuesto a la renta personal hay un impuesto al ingreso, porque casi hay cero deducción”, agregó.
En el documento se indica textualmente que “la Reforma Tributaria implementada por el Frente Amplio debe ser revisada ya que la misma no solo aumentó impuestos al trabajo sin deducciones (IRPF), sino que además generó exoneraciones fiscales al gran capital y con elementos excepcionales a determinados colectivos”.
Ache mencionó además el impacto en la dimensión de la seguridad social, que este año se debate en una comisión de expertos. “¿Es justo que en un país como Uruguay, que tiene un problema enorme de seguridad social que hay que resolver, que precisamos jóvenes y aportantes, le pongamos impuestos en demasía al trabajo?”, advirtió.
Por otro lado, el economista reconoció que ya hay algunas medidas que se están tomando por parte del gobierno en los temas coyunturales. “Nosotros dimos una señal bien clara. Entendemos que hay un momento puntual, que hay que apoyar, por suerte se entendió que lo que se estaba planteando era correcto y además aportamos soluciones que hoy ya se están analizando”, subrayó Ache.
Ante la pregunta de cuánto le sale al Estado adoptar estas medidas, el economista respondió: “No hacer esto ahora significa un costo muchísimo mayor después. Las empresas después que se caen no se levantan. Y después que los empleos se pierden van a la cola del Estado a pedir subsidios”. “Lejos de ser un gasto es una inversión”, concluyó.
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