El experto en seguridad, Antonio Romanelli explicó a La Mañana la visión en materia de seguridad que tendrá el programa del partido que se está elaborando para presentar en las próximas semanas.
La seguridad será uno de los puntos centrales a desarrollarse y constará de ocho puntos centrales. El asesor de Cabildo Abierto, Antonio Romanelli, explicó que “para armar un programa, primero hay que determinar la magnitud del problema. Después ver qué tenemos y qué podemos alcanzar en un lugar para poder empezar a resolver el problema y, posteriormente, a dónde queremos llegar, o sea lo que llamamos el concepto estratégico”. El asesor enfatizó indicando: “Somos el único partido que maneja un concepto estratégico sobre el tema seguridad”.
Se han identificado cuatro problemas: la criminalidad, el crimen organizado trasnacional (“que nos ha penetrado desde hace 20 años”), la situación carcelaria (“una vergüenza para Uruguay que tengamos compatriotas privados de libertad en las condiciones que les estamos generando”) y, por último, el ciberdelito. Sobre este último punto, nuestro entrevistado señaló que se trata de “un problema creciente y que está como silencioso”. A nivel global se informa que el narcotráfico produce el 0,8% del producto bruto mundial en dinero, pero el ciberdelito está en el 1,3%. Los cárteles más grandes de narcotraficantes están invirtiendo en hackers y en tecnología de la información.
Organizaciones que operan
Romanelli indica que en la región hay dos grandes organizaciones que están operando: el Primer Comando Capital de Brasil, que está presente en Uruguay con el tráfico de cocaína, y el Tren de Aragua, una organización venezolana dedicada al tráfico de fentanilo que tiene su base en el Pacífico, pero que se ha comenzado a extender. Sobre esta última no se ha constatado su presencia en el país. No obstante, el asesor en seguridad estima que el fentanilo terminará llegando al país en grandes cantidades. Otro grupo importante a nivel latinoamericano es el Cártel de Sinaloa. Este en particular está derivando grandes sumas de dinero a la contratación de hackers, por lo cual se lo considera un peligro, pero ya a nivel de la seguridad cibernética de los países.
“Cuando nos preguntamos que tiene Uruguay de atractivo para estos grupos, vemos que no existe un mercado grande ni gran cantidad de consumidores. Sí tiene dos cosas: primero, un puerto desde donde se puede enviar toda la producción hacia Europa y, segundo, controles muy laxos”. Por esto es fácil apoyar la logística de tráfico de todas estas mercancías. En ese concepto “el crear controles masivos, lleva a que Uruguay deje de ser un país de tránsito, ya que las pérdidas desalientan al narcotráfico y este busca nuevas rutas. De esta manera, cesa el pago que se da por ese traslado de drogas, el cual se efectúa en la propia mercancía, armas y municiones”.
Romanelli aclara que controlar la situación de inseguridad se trata de un proceso largo, “porque el deterioro que venimos trayendo es de más de 20 años y no lo vamos a revertir en un período de gobierno”. Sostiene que “debemos tener una actitud firme y decidida. No puede ser que un barrio como Cerro Norte esté en manos de dos o tres familias de delincuentes, que armen balaceras libremente”.
Controlar el territorio
Se plantea que contra la criminalidad se debe tener el control del territorio. Romanelli explica que el proyecto consiste en generar tres capas de seguridad a nivel país: las fronteras, las rutas y las áreas urbanas. En el caso de Montevideo, la concreción de seis comisarías de alto impacto en zonas de elevada actividad delictiva, reorganizar el área metropolitana, alcanzando 31 comisarías policiales y reconfigurar las zonas operacionales, implementando cuatro centros de operaciones de seguridad en la capital y un centro de operaciones general con monitoreo, inteligencia y móviles de respuesta.
“En la estrategia urbana insistimos en la presencia y en el despliegue policial presente en todos los espacios, ya que cuando alguien deja un espacio otro lo ocupa”, señala el experto. A esto se agrega el incrementar la cantidad de efectivos por seccionales, llevando de los 30 y 60 actuales a unos 120 o 150. Un ejemplo es la Comisaría Décima, que atiende unos 400.000 habitantes de la ciudad de Montevideo, con 30 efectivos dividido en tres turnos.
Cuando se le pregunta sobre la actual estrategia policial, Romanelli indica que es la misma que utilizó el Frente Amplio. Se creó, por parte del FA, el PADO (patrullaje móvil) entonces bajaron los efectivos de las seccionales. “El inconveniente que tiene este sistema es que, si bien está presente, no está en contacto de proximidad con la gente, porque están patrullando barrios que no conocen”, manifiesta. La alternativa planteada es darles entonces más capacidad operativa a las comisarías. Para Romanelli “el Estado tiene que volver a entrar en algunas zonas de las ciudades, en especial en el área metropolitana”. Frente a hechos en los que la Policía concurre y al ser agredida se retira, indica que a veces sucede este fenómeno, ya que “la Policía se retira porque tiene uno o dos patrulleros”, producto del poco poder que tienen hoy día las comisarías.
Una de las situaciones en las que más hace hincapié Romanelli es en materia de controles. Para el experto “el narcotráfico está pegando duro, ya que hay una importante cantidad de armas y municiones. Cuando un cargamento de droga sale para Europa hay que pagar la logística. Y eso se paga con droga, pero también con armas y municiones, y no puede ser que no estemos agarrando armas y municiones en las rutas. Argentina, por ejemplo, está capturando una cantidad relevante de armas y municiones, sobre todo en las provincias de Misiones y Corrientes. Son armas que iban para Brasil o Paraguay. Esto demuestra que deben estar circulando armas y municiones por nuestras rutas, las cuales terminan en manos de los narcotraficantes locales. De ahí la importancia de incrementar los controles en las rutas nacionales”.
Drones para vigilancia
En la propuesta sobre seguridad de Cabildo Abierto también se incluye el crear un “anillo digital” con cámaras en los ingresos al área metropolitana con reconocimiento de matrículas, crear una unidad de drones, con equipos de gran autonomía y visualización térmica para operaciones urbanas, de fronteras, en rutas y emergencias y extender la red de videovigilancia que admita inteligencia artificial. El fenómeno que se da en muchos barrios es que los propios narcos se ocupan de destruir la iluminación pública y las cámaras de vigilancia, con los drones se piensa que de esta manera el área estaría cubierta, ya que tienen visión térmica y nocturna.
También se plantea la creación de una unidad especial de vigilancia dedicada a centros educativos públicos y sus adyacencias. Especialmente en los liceos se ha detectado microtráfico y en los alrededores de estos. A esto se agrega alcanzar cuatro brigadas antidrogas en el área metropolitana, dos en Canelones y otras dos en Maldonado, y crear brigadas antidrogas en la Prefectura Nacional Naval.
En materia de reclusión, otro planteo de Romanelli es la construcción de una cárcel de alta seguridad, dos presidios de media seguridad y no menos de cuatro centros de rehabilitación para primarios con adicciones. También distribuir el máximo posible de delincuentes primarios en cárceles y chacras en jefaturas departamentales y la vez de equipar todas las cárceles con equipos para talleres y facilitadores para maximizar el trabajo obligatorio. En materia de seguridad deportiva se propone organizar un registro de aficionados y un comando especial de seguridad en el deporte.
Cuestionamiento a allanamientos nocturnos
Cuando se lo consulta sobre los allanamientos nocturnos, una modificación constitucional que se plebiscitará con las elecciones nacionales manifiesta tener una visión bastante crítica. “Nosotros le dimos nuestro apoyo, pero lo condicionamos y dijimos que es necesario que esté un fiscal o un juez cuando se disponga el allanamiento, a la vez que se haga con personal especial y específicamente capacitado para incursión urbana nocturna y es necesario que tengan equipo especialmente diseñado para estas situaciones”. Acota que son operaciones de alto riesgo. La Policía así las califica; en términos coloquiales dicen que es una máquina de picar policías, ya que el allanamiento nocturno siempre termina con un funcionario procesado o herido. “Nosotros entendemos que va a ser de difícil aplicación. Va a ser difícil que los comisarios pidan un allanamiento nocturno, no van a querer pedirlo”.
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