Desde el Poder Legislativo, todos los partidos políticos se comprometieron a buscar fondos para evitar que se cierren 20 juzgados de paz; mientras tanto, el diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto) considera que se está “asfixiando” al Poder Judicial con más competencias y menos recursos.
La Suprema Corte de Justicia había resuelto el pasado 19 de agosto el cierre de 20 juzgados de paz debido a su alto costo, tanto en alquileres como en retribuciones al personal, pero decidieron postergar estos cierres esperando que la partida monetaria necesaria se apruebe en la Rendición de Cuentas que se está tratando en el Senado.
Desde 1986 y mediante la ley 15.851 se facultó a la Suprema Corte de Justicia a redistribuir las jurisdicciones de los juzgados, lo que llevó que desde 1992 se unificaran en algunos territorios el funcionamiento de estas sedes. En una reunión con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Suprema Corte señalaron que desde 2002 a la fecha se han suprimido 63 juzgados de paz en todo el país, como un modo de bajar costos. Quedan en la actualidad 116 de estas sedes, pero en la mira de la SCJ está el cierre de 40.
Los juzgados de paz se encargan de temas tales como controversias en arrendamientos y desalojos urbanos y juicios de menor cuantía en materia civil y comercial. La suma máxima en este tipo de juicios es por $ 270 mil en materia comercial y hasta $ 81 mil en juicios laborales. En el Código de Instrucción Criminal de 1897 se señala que los juzgados de paz debían procesar todas las actuaciones, desde casos de estados etílicos hasta homicidios.
Hasta 2017 eran el primer lugar al que llegaban los casos penales de la jurisdicción. Pero los cambios en el Código del Proceso, que determinaban que la investigación y las acusaciones se llevaran adelante por los fiscales, derivó a que dejaran de cumplir esa tarea, con excepción de casos de violencia familiar y de género.
La Suprema Corte de Justicia informó a los legisladores sobre la disminución de los casos atendidos por los juzgados de paz. Los datos de 2019 muestran que, por ejemplo, Baltasar Brum tuvo 27 asuntos iniciados en el año con 5 asuntos en trámite al 31 de diciembre; sentencias dictadas en 2019, Ciudad de Los Cerillos (Canelones) 48 asuntos iniciados, 11 en trámite a diciembre y 3 sentencias; en Solís de Mataojo, 22 asuntos, 0 sentencia; Piriápolis, 355 asuntos, 20 sentencias; Tranqueras, 59 asuntos, 0 sentencia; Cebollatí, 22 asuntos, 0 sentencia; Castillos, 123 asuntos, 8 sentencias; Villa Rodríguez, 40 asuntos, 6 sentencias; Ismael Cortinas, 14 asuntos, 0 sentencia; y Cerro Chato 24 asuntos, 0 sentencia.
Algunos costos anuales que se manejan son, por ejemplo, el del Juzgado de Piriápolis ($ 1,6 millones), Sauce ($ 1,4 millones), Nueva Helvecia ($ 1,2 millones), Progreso ($ 982 mil) y Tarariras ($ 965 mil).
El director general del Poder Judicial, Marcelo Pesce, dijo a los legisladores que el año pasado se realizó “una renegociación de absolutamente todos los alquileres bajo la única premisa de achicar costos” y que los precios disparatados de los alquileres obedecen a adjudicaciones de las “escasísimas ofertas” que se tienen. Los alquileres se llevan el 26% del rubro gastos de funcionamiento del Poder Judicial. Pesce agregó que “siempre la actitud ha sido la de la mendicidad y así se ha administrado la Justicia” y “la reflexión que tenemos que hacer es la siguiente: todos entendemos que la Justicia es un valor supremo dentro del Estado, ¿si?, que es uno de los valores importantísimos que hacen a la esencia del Estado republicano, ¿no? Bueno, disculpen que lo diga tan frontalmente, pero hoy ese valor es el 1,13% del gasto público. Y esto no es solamente hoy; este ha sido el derrotero”.
El anunciado cierre de los juzgados de paz había levantado la protesta del Colegio de Abogados, de la Asociación de Funcionarios Judiciales y de varias juntas departamentales.
“Desmantelar el Poder Judicial”
El diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto) señaló que la intención de su agrupación política durante la discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado, es incluir una partida de US$ 272 mil que es lo que la Suprema Corte necesita para mantener abiertos los juzgados que pensaba cerrar, por lo menos por un año. En declaraciones a La Mañana, el legislador recordó que la Constitución dice que en cada jurisdicción debe haber un juzgado de paz, por lo cual este punto no se está cumpliendo. Existen más de 80 secciones judiciales que no tienen este tipo de juzgados y a la vez se crearon en Montevideo los juzgados de conciliación, que no están previstos en la Constitución. Lust recordó que los jueces de los juzgados de paz en pequeños pueblos tienen un importante rol social en su zona de influencia “porque solucionan muchos problemas entre vecinos, más allá de las sentencias que se dicten. Es más, lo que representa el Juez para la localidad que lo que hace”.
Recordó un caso en el que se le dio el desalojo a una persona que ocupaba una propiedad en Toledo. “El juez además de diligenciar el desalojo, le consiguió una vivienda al desalojado”, contó Lust. “Eso me quedó grabado. Entonces, a veces la figura del juez del interior –eso es lo que a veces la gente no entiende en Montevideo– tiene una representación que va más allá de lo judicial”.
El legislador dijo que “lamentablemente todo pasa por lo económico”. “Hay juzgados que atienden veinte casos por año, pero el alquiler de la sede es de $ 40 mil a lo cual hay que sumarle el salario del juez. Entonces se cierra ese juzgado sin medir su impacto social. Esto en el marco del despilfarro de dinero que hay en el gobierno en todos lados, por ejemplo, cinco autos para la Presidencia es lo que cuestan mantener abiertos estos veinte juzgados”, acotó.
Lust indicó que el presupuesto del Poder Judicial es poco más del 1% del presupuesto del Estado. A este respecto señaló: “El gobierno al Poder Judicial no le da más plata, pero le da cada vez más cosas, creando juzgados de familia, de género, de violencia doméstica. De esta manera se está asfixiando al Poder Judicial. Los gobiernos ven que todo pasa por lo económico y se han olvidado que lo más importante es el ser humano y estamos en un gobierno donde sobra el dinero. Eso lo vemos, por ejemplo, en Inisa donde cada internado cuesta US$ 8.000 por mes, atiende a 200 menores y tiene 800 empleados. Y se debe tener en cuenta que Inisa es una institución dentro del Estado mientras que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Entonces vemos que la realidad es que el Estado actual intenta desmantelar el Poder Judicial, como sucede en casi todo el mundo, porque los poderes judiciales molestan”.
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