La promesa de campaña del gobierno multicolor de auditar las distintas dependencias de la administración pública sigue su curso. El proceso que comenzó con los significativos casos vinculados al Mides y a ASSE, donde se detectaron graves irregularidades, tiene ahora dos nuevos protagonistas: UTE y Ancap.
El actual director de ambos organismos en representación de Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, fue uno de los que durante la campaña electoral hizo énfasis en la necesidad de poner en práctica las auditorías de gestión. Desde los lugares que hoy ocupa, en los últimos meses ha apoyado iniciativas al respecto, afirmó en entrevista con La Mañana.
Según explicó, los dos entes en los que participa ya cuentan con sus respectivas auditorías internas, con auditores externos y con representantes permanentes del Tribunal de Cuentas, “que dan fe de la información contable y financiera que se difunde periódicamente”. La auditoría de gestión, por otra parte, “busca analizar todo aquello que se hizo y no se debió hacer, así como lo que no se hizo y se debió hacer, en un pasado que condiciona el presente de ambas empresas”.
En el caso de UTE, por ejemplo, el jerarca respaldó la concreción de la iniciativa del director por el Partido Nacional, Felipe Algorta, de auditar las cuentas de Gas Sayago, al que calificó como “el fracasado proyecto que aún seguimos y seguiremos pagando los contribuyentes del país”.
Cabe recordar que Gas Sayago, cuya copropietaria es Ancap, era la encargada de llevar adelante la construcción de la planta regasificadora, una obra promovida durante la segunda administración frenteamplista que quedó trunca. El caso se encuentra en la órbita penal, tras una denuncia realizada por varios legisladores que en el período anterior conformaban la oposición, a raíz de las pérdidas millonarias constatadas.
A fines de julio, el Directorio de UTE resolvió por unanimidad concretar la auditoría externa sobre esta empresa. En ese entonces, a través de su cuenta de Twitter, Algorta comentó que la decisión fue tomada por tratarse de “un negocio muy malo para el país por el cual el Estado hasta el día de hoy sigue desembolsando recursos”.
El cambio de la matriz energética: reforma “costosa” que debe investigarse
La semana pasada, el Directorio trató la propuesta de Pées Boz de promover una investigación en relación a la transformación de la matriz energética, a la que considera “costosa”.
El primer gobierno del Frente Amplio incluyó en su agenda el cambio de la política energética a partir del desarrollo de fuentes renovables, sobre todo, la eólica. Sin embargo, no solo esa reforma nunca se tradujo en una baja significativa de las tarifas –que era uno de sus cometidos-, sino que, además, los contratos firmados por las administraciones anteriores obligan al Uruguay a pagar a los propietarios de los parques eólicos, por 20 años, toda la energía que los molinos produzcan, aunque no sea utilizada.
Así fue como durante seis años –entre 2014 y 2019-, UTE abonó a generadores privados 142 millones de dólares por energía que no usó, según informó días atrás el diario El Observador.
Antes de asumir, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, se refirió a que la apuesta de los gobiernos de izquierda por la energía eólica fue demasiado grande y sostuvo que el desbalance generado influye en los costos de la empresa pública.
En la misma línea se expresó Pées Boz en diálogo con La Mañana. El economista recordó que mientras que en 2010 se planteó la incorporación gradual de 300 MW adicionales de potencia en base a energía eólica, “en estos 10 años, lejos de contemplar dicha producción objetivo, llegamos hoy a tener instalados parques eólicos por más de 1.500 MW de potencia máxima, lo que contribuye a un alarmante desequilibrio entre una generación posible en escenarios óptimos de 4.500 MW, para una demanda muy menor, la que actualmente no supera los 2.200 MW”.
El directorio de Ancap actualmente está investigando pagos a la DGI por multas e intereses por 150 millones de dólares.
Además, lamentó que UTE deba pagar por comprar energía que no necesita, lo cual encarece la producción y de esa forma repercute en el precio de venta. Es “otro tema para investigar y corregir”, adelantó.
El director del organismo añadió que “los costos por capacidad de potencia instalada según la nueva matriz de energía eléctrica y que no tienen un consumo al cual dirigir la energía, repercuten, según nuestras estimaciones preliminares, en más de 70 millones de dólares anuales en el presupuesto de UTE y consecuentemente en sus tarifas. Para confirmar y buscar soluciones es que promovemos las consecuentes investigaciones”.
Urgencia por la realización de una auditoría sobre negocios con Ancap
Aunque ya hay procesos en curso para auditar la gestión pasada de Ancap, el vicepresidente del organismo, Diego Durand, solicitó la realización de una auditoría general de carácter urgente, a fin de evaluar las cifras y los negocios que ha desarrollado la empresa pública en los últimos 15 años, según la información consignada por el semanario Búsqueda el pasado jueves.
Tal como indicaron fuentes del organismo consultadas por El País, la investigación será llevada a cabo por un Comité de Auditoría que será presidido por Durand. En una reunión del Directorio, se planteó la necesidad de comenzar las pesquisas desde el año 2005, por entender que a partir de esa fecha empezaron a tomarse decisiones que llevaron a la realidad actual.
Búsqueda señaló que la auditoría buscará indagar, entre otros temas, sobre los negocios de Ancap con la petrolera venezolana PDVSA, con la empresa Exor y con Gas Sayago.
Por otro lado, Pées Boz, en calidad de integrante del Directorio de Ancap, informó que actualmente se están investigando “pagos a la DGI por multas e intereses, a pesar de no tener deuda por impuestos según declaración de la propia DGI, por 150 millones de dólares, los que aún se están pagando en cuotas. Lo original es que fue el propio Directorio el que en el año 2016 solicitó que la DGI lo investigara y concluyera en una transferencia a plazo, vía DGI, a Rentas Generales”.
Peligra el futuro de la planta de cal de Cementos del Plata
En otro orden, luego de una frustrada licitación de la empresa brasileña CGT Eletrosul, peligra el futuro de la planta de producción de cal de Cementos del Plata, situada en el departamento de Treinta y Tres.
La central termoeléctrica de Candiota es el principal cliente de la subsidiaria de Ancap, que desde 2010 le exportaba cal. Pero el contrato a 10 años llegó a su fin y la compañía norteña decidió realizar una subasta, de la cual participaron dos empresas de Brasil además de Cementos del Plata.
El pasado lunes 10, la empresa dio por ganadora a la firma brasileña Cal Cruzeiro, pero la subsidiaria de Ancap impugnó el fallo con el argumento que el ganador no podía asegurar el volumen solicitado.
La política de cambio de matriz energética nunca se tradujo en una baja significativa de las tarifas, que era uno de sus cometidos.
Antes esto, CGT Eletrosul aceptó el planteo y declaró ganadora del proceso a Cementos del Plata, tras una breve renegociación, de acuerdo con un comunicado de la petrolera uruguaya.
No obstante, el último miércoles, pese a que todas las observaciones que hizo el competidor fueron descartadas, finalmente CGT Eletrosul declaró fracasada la licitación argumentando que en los documentos de la empresa del grupo Ancap existía un fallo formal.
Tanto Ancap como Cementos del Plata entienden que el argumento es infundado, por lo cual iniciaron todas las medidas administrativas de rigor y evalúan otro tipo de acciones legales para revertir la decisión.
En la calera, ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Treinta y Tres, trabajan 70 personas. Allí se producen 15.000 toneladas por mes que se destinan casi en su totalidad a abastecer la demanda de la central termoeléctrica brasileña de Candiota.
TE PUEDE INTERESAR
