La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza, en un marco de enfrentamiento político entre el gobierno y mayor parte de la oposición, que acusa al jerarca de haber violado la Constitución al mantener actividades en el sector privado de la salud.
El ambiente en la Cámara de Diputados se encontraba cargado de tensión política cuando la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, tomó asiento para enfrentar una de las pruebas de fuego más desafiantes de su gestión. La interpelación por el caso de Álvaro Danza, presidente de ASSE, había reunido a casi todo el arco opositor en una muestra de unidad contra el gobierno.
Frente a los diputados, Lustemberg defendió con firmeza la trayectoria de Danza al frente de la principal institución de salud pública del país. Sin embargo, los cuestionamientos llovieron desde todas las bancadas opositoras, que acusaban al jerarca de violar flagrantemente el artículo 200 de la Constitución al mantener durante meses actividades simultáneas en el sector privado de la salud mientras dirigía ASSE.
El diputado Gerardo Sotelo del Partido Independiente abrió el fuego de los cuestionamientos con una intervención contundente. “No se puede pulsear con la Constitución”, afirmó el legislador, marcando el tono de lo que sería una larga jornada de acusaciones y defensas cruzadas. Para la oposición, resultaba inadmisible que Danza hubiera ejercido simultáneamente su cargo público y mantenido vínculos con mutualistas privadas, en lo que calificaron como un claro conflicto de interés.
Desde el oficialismo, los legisladores del Frente Amplio cerraron filas alrededor de la ministra y el cuestionado jerarca. Alejandro Zavala, diputado oficialista, no dudó en calificar la interpelación de “caprichosa” y parte de una estrategia de hostigamiento político contra el gobierno. Sus palabras encontraron eco en otros colegas de bancada que insistían en considerar el caso como “cerrado” luego de que Danza renunciara a sus actividades en el sector privado mutual.
La sombra de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se proyectó largamente sobre el debate. Mientras el oficialismo esgrimía el fallo del organismo que no había encontrado incompatibilidades en la situación de Danza, la oposición contraatacaba señalando las supuestas irregularidades en ese mismo fallo. Felipe Schipani, diputado colorado, llegó a calificar la resolución de “amañada”, desatando inmediatas protestas desde la bancada oficialista.
En el trasfondo de la discusión jurídica y constitucional latía una pulseada política de mayores dimensiones. Esta interpelación representaba apenas la primera de tres que la oposición tenía preparadas contra el gobierno de Yamandú Orsi, marcando un tono de confrontación que prometía extenderse por el resto del año legislativo. Para muchos analistas, se trataba del primer round de un combate político que recién comenzaba.
Las voces más críticas no se conformaron con señalar la incompatibilidad constitucional y llevaron el debate hacia terrenos más sensibles aún. Schipani insistió en que Danza “tenía que renunciar” por haber violado la Constitución durante seis meses, mientras otros diputados mencionaban supuestos “cobros indebidos” y “enriquecimiento sin causa”, exigiendo la devolución de esos montos.
La defensa del oficialismo encontró en la experiencia y capacidad técnica de Danza su principal argumento. Legisladores oficialistas destacaron su trayectoria profesional y su compromiso con la salud pública, insistiendo en que las acusaciones carecían de fundamento y respondían más a una estrategia de desgaste político que a una genuina preocupación por la ética pública.
Mientras los diputados intercambiaban argumentos, fuera del Palacio Legislativo se libraba otra batalla: la de las narrativas políticas. Dirigentes oficialistas como Federico Preve hablaban de “pirotecnia política” y “cortina de humo”, acusando a la oposición de buscar desviar la atención de los logros de la actual gestión de ASSE en comparación con la anterior.
La interpelación parecía condenada a terminar en un empate político, con ambas trincheras firmemente atrincheradas en sus posiciones. Pero más allá del resultado inmediato, el caso Danza ha logrado instalar en la agenda pública un debate de fondo sobre los límites éticos de la función pública, la interpretación de las incompatibilidades constitucionales y los estándares que la ciudadanía puede esperar de sus autoridades.
Cuando finalmente concluyó la sesión, quedó claro que este episodio representa apenas el primer capítulo de una pulseada política que promete extenderse, con nuevas interpelaciones ya anunciadas y un clima de confrontación que amenaza con dominar la escena política en los próximos meses. El caso Danza, más allá de sus particularidades, se ha convertido en el campo de batalla donde parece librarse una guerra política mucho más amplia.
