El primer lineamiento del plan de vivienda para este período es priorizar a los hogares en situación de vulnerabilidad y emergencia habitacional. Para la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, el déficit habitacional sigue siendo una de las principales preocupaciones, por lo que se desplegarán diversos programas que apuntan a mejorar esa realidad. La política de vivienda también tendrá “un rol activo en la erradicación de la pobreza infantil extrema”, afirmó la ministra a La Mañana.
¿Cómo describiría la situación de la vivienda en Uruguay?
La situación de la vivienda en Uruguay muestra avances importantes, pero también desafíos estructurales que persisten. De acuerdo con el Censo 2023, en Uruguay existen 1,6 millones de viviendas y 3,5 millones de habitantes. Esto representa 19,4% viviendas más que en el último censo nacional realizado en 2011. La mayoría de los hogares, alrededor del 57%, son propietarios de su vivienda, aunque una parte importante aún paga su crédito o vive en terrenos cuya tenencia no está plenamente regularizada. A pesar de un aumento del stock de vivienda sostenido, persisten problemas vinculados a la asequibilidad, la localización y la integración urbana. De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Asentamientos Irregulares de la Dirección Nacional de Integración Social de febrero de 2025, en Uruguay existen 667 asentamientos irregulares, estimándose entre 176.000 y 200.000 personas que viven en ellos. La infantilización de la pobreza es otro fenómeno crítico, que justifica dar prioridad absoluta a la atención a la infancia. El 32% de los menores de seis años se encuentran bajo la línea de pobreza en términos monetarios, y el 31,4% en situación de pobreza multidimensional.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país en la materia?
Uruguay enfrenta desafíos claros y complejos. Tenemos una población que prácticamente no crece, pero donde cada vez hay más hogares con menos integrantes. Hoy los hogares unipersonales representan casi un tercio del total. Eso implica nuevas necesidades: mayores demandas de viviendas, pero también viviendas adaptadas a distintos momentos del ciclo de vida y a nuevas formas de convivencia.
El segundo gran desafío que enfrentamos es el costo de la vivienda y su impacto directo sobre las condiciones de vida de la población. En nuestro país, los hogares destinan en promedio cerca del 30% de sus ingresos al acceso o mantenimiento de la vivienda. Esta proporción, que constituye uno de los gastos más significativos, no es un dato menor: expresa la magnitud de la incidencia que tiene la vivienda sobre la distribución del ingreso y sobre la posibilidad real de las familias de ejercer otros derechos fundamentales. De allí la necesidad de seguir trabajando para que las políticas habitacionales no solo promuevan el acceso, sino también la asequibilidad y la permanencia en la vivienda, incorporando instrumentos financieros y de gestión del suelo que permitan equilibrar el peso del gasto habitacional en los ingresos de las familias y asegurar condiciones de vida dignas y sostenibles.
El tercer gran desafío para nuestro país son los elevados niveles de precariedad habitacional, así como una realidad que nos interpela con fuerza: más de 600 asentamientos registrados a nivel nacional. Detrás de esa cifra hay hogares, comunidades y generaciones enteras que han debido construir sus vidas en condiciones de informalidad, carencia de servicios básicos y precariedad.
Un cuarto desafío, central para esta gestión, es la prioridad en las infancias. La pobreza infantil sigue siendo la más alta del país. Sabemos que las condiciones habitacionales durante los primeros años de vida determinan en gran medida las trayectorias futuras. Por eso, toda política de vivienda es también una política de infancia.
Y un quinto desafío: el acceso al suelo y la vacancia habitacional. Tenemos viviendas desocupadas y terrenos servidos que no se están utilizando, al tiempo que miles de familias no logran acceder a un lugar donde vivir dignamente. La gestión del suelo es, por tanto, una pieza clave en la construcción de una política habitacional más justa. En esto debemos ser claros, no hay política habitacional posible sin suelo.
Frente a estos diversos desafíos, entendemos que las respuestas deben ser integrales. El hábitat no se construye desde un solo ministerio ni desde un único nivel de gobierno. Se construye en articulación con las intendencias, con otros ministerios, con las empresas públicas, con la sociedad civil y con el sector privado.
¿Preocupa el actual déficit habitacional?
Sí, el déficit habitacional sigue siendo una preocupación central. Si bien ha disminuido en términos relativos, continúa afectando a decenas de miles de hogares, sobre todo los más vulnerables. El déficit ya no se explica principalmente por la falta de unidades, sino por la calidad y la adecuación de las existentes. Hay unas 40.000 viviendas con hacinamiento y cerca de 26.000 sin espacio apropiado para cocinar. El déficit no se mide solo en cantidad, sino en términos de acceso justo, asequibilidad y permanencia en condiciones dignas.
¿Cuáles son los objetivos trazados en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat (PQVH) 2025-2029?
El PQVH asume el desafío de trabajar para que más familias accedan a una vivienda adecuada con especial atención a los sectores más vulnerables, pero también garantizar que esas viviendas estén bien localizadas, conectadas a servicios y en entornos seguros y sostenibles. El plan se estructura en cinco lineamientos estratégicos que orientan la acción de la cartera durante el período.
El primer lineamiento es priorizar la atención a hogares en situación de vulnerabilidad y emergencia habitacional, especialmente aquellos con niños pequeños, mujeres embarazadas o personas mayores. Se prevé un refuerzo de los programas de respuesta rápida, relocalización y atención a emergencias, así como una coordinación estrecha con otras políticas sociales. En consonancia con las prioridades definidas por el Poder Ejecutivo, el PQVH establece que la política de vivienda y hábitat también desempeñará un rol activo en la erradicación de la pobreza infantil extrema. En ese sentido, en este primer lineamiento estratégico se destaca la creación del Programa “Crece desde el pie” en coordinación con el Mides y ASSE, que busca dar respuesta a hogares con recién nacidos en situación de vulnerabilidad social y que residen en viviendas con alta precariedad habitacional.
El segundo lineamiento se orienta en asegurar el acceso y la permanencia en una vivienda adecuada, lo que implica diversificar las modalidades de tenencia mediante opciones de propiedad, alquiler social, cooperativas y autoconstrucción, respaldadas por instrumentos de crédito, subsidios y garantías. Dentro de este eje se destaca el programa Primera Vivienda, dirigido a hogares de ingresos medios y medios bajos que encuentran dificultades en el mercado formal para el acceso al crédito hipotecario. También se proyectan aquí las modificaciones del programa “Entre Todos” que se ha llevado adelante para acceso a viviendas promovidas amparadas en la Ley 18.795 para población objetivo del MVOT. Esta revisión y evaluación pretende transitar hacia un programa que permita modificar los mecanismos de acceso, con tope de precios a las viviendas y subsidios a la demanda.
El tercer lineamiento también se orienta a la vulnerabilidad social, pero con foco en la integración urbano-rural. Impulsa intervenciones en barrios y localidades pequeñas que incluyan realojos, mejoras, procesos de regularización y conexión a saneamiento. En esta línea de acción Mevir desplegará programas integrales en el medio rural. Además de los programas de Mejoramiento de Barrios, Plan Juntos y el Plan Nacional de Relocalizaciones, se destaca en este lineamiento la creación del Programa Más Barrio, que buscará impulsar intervenciones integrales de desarrollo urbano y vivienda en zonas con alta concentración de vulnerabilidad, exclusión socioterritorial y violencia, con el objetivo de transformarlas en comunidades habitables, seguras e integradas.
El cuarto lineamiento refiere al suelo urbano, con la puesta en marcha de una segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano. Su objetivo es aprovechar de manera eficiente los inmuebles públicos y promover distritos de innovación en ciudades del interior, articulando vivienda, infraestructura y equipamientos.
Finalmente, el quinto lineamiento se centra en la gestión del Sistema Público de Vivienda, con el propósito de fortalecer la planificación, el monitoreo y la evaluación basados en evidencia, así como promover la transparencia y la participación social en todo el proceso de implementación.
Necesitamos soluciones diversas, flexibles, que atiendan las urgencias pero que también garanticen la permanencia. Que respondan a las realidades rurales y urbanas, a los jóvenes que se independizan, a las familias que crecen, a los adultos mayores que envejecen solos.
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