Según el último censo de 2018, en Uruguay hay alrededor de 490.000 personas con más de 65 años. Por ley, a partir de esta edad se las comienza a considerar mayores y se calcula que casi un 13% de esta población se encuentra en situación de dependencia. ¿Cuál es la situación actual y qué abordaje se le está dando a la problemática desde el Estado?
El Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) es la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dedicada a la protección y promoción de los derechos de este grupo etario. De acuerdo a lo revelado por ese instituto la semana pasada, desde el 2020 recibieron un promedio de 186 denuncias de maltrato y en el 75% de los casos se damnificó a mujeres. Los hijos de las víctimas conforman el 42% de los agresores y en cuanto al tipo de abuso, casi el 60% es psicológico, seguido por patrimonial, físico, negligencia y abandono.
En oportunidad del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, celebrado el 15 de junio, el director de Inmayores, Daniel Bonelli, expresó que “las personas mayores tienen derecho a una vida sin ningún tipo de violencia y el Estado uruguayo debe garantizar y promover ese derecho”. Ante estas situaciones, el Instituto responde mediante un equipo integrado por profesionales del área social, psicológica y jurídica.
La directora adjunta de Inmayores, Susan Gómez, explicó a La Mañana que el instituto lleva a cabo diversas instancias orientadas a la sensibilización y prevención de los diferentes tipos de violencia. Según dijo, también han impulsado dispositivos de orientación y atención a personas mayores que se encuentran atravesando una situación de este tipo, como también a familiares y terceros que identifican esta realidad y no saben de qué forma actuar o cómo ayudar a la víctima.
El instituto también facilita, a través de la coordinación con otras instituciones, o internamente dentro del Mides, el acceso a servicios, recursos o programas que puedan aportar una mejora a cada situación particular. La directora adjunta señaló además que se encuentran elaborando un protocolo de actuaciones y una guía que servirá como herramienta a los técnicos que trabajan en la atención de esta población.
Desde Inmayores consideran que las políticas públicas de nuestro país deben estar orientadas a que se reconozca el valor de estas personas en lugar de considerarlas una carga. “Tenemos que seguir trabajando en concientizar para cambiar el paradigma sobre las personas mayores, que tienen la misma dignidad que todas las personas. Debemos dejar de verlas como personas dependientes y pasar a verlas como una reserva de experiencias y de conocimiento”, dijo Daniel Bonelli en diálogo con este medio.
Por otra parte, el instituto cuenta con un consejo consultivo asesor integrado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Banco de Previsión Social (BPS), la cátedra de geriatría de la Udelar y por tres representantes de las organizaciones civiles, para asesorar en el diseño de proyectos y acciones orientadas a garantizar acceso a la salud, medicamentos y tecnología, y abogar el respeto a sus derechos.
A nivel normativo, Susan Gómez explicó que el estándar mínimo para la defensa de derechos humanos de estos ciudadanos es la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores. La Convención establece que debe haber investigación y se debe fomentar la capacitación y sensibilización. “Es un instrumento jurídicamente vinculante que obliga a los Estados que lo ratifican a darle cumplimiento”, enfatizó.
Regulación y fiscalización de establecimientos de larga estadía
Otro aspecto del que se encarga Inmayores es de la regulación y fiscalización de los establecimientos de larga estadía (residenciales y hogares). Bonelli señaló que en 2020 se realizaron 400 fiscalizaciones en todo el país. En el 2021 fueron 500 y este año ya van 280.
Según dijo el director del instituto, en Uruguay existen alrededor de 1470 establecimientos de este tipo, de los cuales están registrados actualmente cerca de 350. Con el certificado social que emite Inmayores a través de la Oficina de Certificación Social, hay 206. Los que cumplen con el protocolo sanitario del MSP son menos: 111, sin embargo, se ha logrado avanzar significativamente en este sentido, ya que en marzo de 2020 había solamente 19 establecimientos habilitados.
Asimismo, Bonelli indicó que cuatro establecimientos de larga estadía fueron clausurados por el MSP en esta gestión. En cada caso, Inmayores procedió a realojar a sus residentes en el marco del Plan de Apoyo Permanente, que fue creado en esta administración para brindar subsidios a las personas que deben ser realojadas y no tienen ingresos suficientes para poder afrontarlo.
El jerarca indicó que para lo que queda del período se proponen continuar avanzando en la fiscalización, promoviendo que los establecimientos tengan condiciones dignas para las personas mayores que allí residen y clausurando a los que no cumplen con los requisitos mínimos.
Otras acciones
En otro orden, el Sistema Nacional de Cuidados tiene a su cargo la acreditación de saberes de los cuidadores. A los establecimientos de larga estadía se les exige una proporción de cuidadores por personas mayores que residen en cada lugar y se los exhorta a que en cada turno haya personas con la preparación necesaria para brindar una atención adecuada. Para Bonelli es crucial que los cuidadores sean especializados.
Por su parte, la diputada Silvana Pérez Bonavita (CA) considera que es necesario modificar la ley 19.791 para reducir los casos de reincidencia de abuso a personas mayores en los establecimientos de larga estadía. En ese sentido elaboró un proyecto, que ya cuenta con el apoyo de otros legisladores de la coalición, que busca ampliar lo previsto en la ley mencionada, que exige que todas las organizaciones que trabajan con personas vulnerables soliciten a la Dirección Nacional de Policía Científica un certificado de no contar con antecedentes de ciertos delitos.
“Estamos agregando a los antecedentes actualmente previstos, la privación de libertad con incapacidad compulsiva (cuando se le aplica sedación a una persona de forma indiscriminada para que no esté en ambiente), también se agrega el abandono o la omisión de asistencia a niños y niñas incapaces, el abuso de inferioridad psicológica de menores y dependientes y, por último, el abuso de firma en blanco, un tipo de estafa que se da bastante en residenciales”, explicó la diputada a La Mañana.
En este momento alguien con antecedentes de estafa podría presentarse a trabajar en un establecimiento y estar a cargo de personas vulnerables ya que una institución no tiene derecho a solicitar esta información. “Me parece clave para poder erradicar este tipo de violencia”, opinó Pérez Bonavita. El proyecto de la representante por Cabildo Abierto está pendiente de estudio en la comisión correspondiente.
Desde el MSP, la subdirectora general de la Salud, Dra. María Guidici, manifestó en el seminario “Adulto Mayor: más derechos y garantías”, desarrollado el martes 21 de junio, que el ministerio ha desarrollado seis líneas de acción para abordar la problemática de las personas mayores, en el curso de estos casi tres años de gestión. La primera es una herramienta informática que funciona a modo de censo a tiempo real y que sirve para visualizar a las personas que se encuentran en los establecimientos de larga estadía, realizando un diagnóstico de situación global y una georeferenciación por barrio.
Otra línea de acción que llevaron a cabo en conjunto con Inmayores fue la creación de un formulario único inspectivo, en el cual incluyeron una unidad entera referida al abuso y maltrato, para identificar situaciones de violencia o negligencia y asegurar la protección de los derechos de estas personas. También se encuentran preparando capacitaciones para los cuidadores, para fortalecer sus capacidades y brindarles herramientas. En ese sentido la doctora dijo que “la prevención, promoción y fortalecimiento de atención primaria es uno de los objetivos principales del MSP”.
Por último, la subdirectora también informó en este seminario que el MSP acaba de elaborar una guía de fragilidad para personas mayores, con criterios prácticos e instrumentos de pesquisa en el primer nivel de atención, que apunta al fortalecimiento de la atención primaria. La misma estará disponible en la página del MSP a la brevedad. “La educación y la capacidad es la vacuna contra la violencia”, opinó la jerarca.
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