La crítica situación de los empresarios y productores nacionales no escapa a nadie. Este tejido que significa la mayor parte del empleo privado soporta daños desde hace varios años pero con la pandemia está sufriendo severos desgarros. En la región y en el país surgen voces que reclaman una nueva mirada que contemple una salida alternativa a los procesos de concentración económica y de multiplicación del asistencialismo.
A mediados de diciembre pasado una información publicada en el diario El País advertía sobre miles de empresas nacionales que cerraron y no han vuelto a abrir. En la nota se señalaba que las micro, pequeñas y medianas empresas son responsables de dos de cada tres empleos en el sector privado.
En el marco de un foro virtual la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez, subrayó algunos datos verdaderamente preocupantes. Según recogió el medio de prensa, Sánchez indicó que entre febrero y junio de este año la cantidad de empresas cotizantes en el BPS con menos de 100 empleados se redujo en 7.000, aunque luego hasta octubre se recuperaron 3.700, lejos de los niveles prepandemia.
En esa línea, Sánchez agregó que «hay un dato más preocupante» y es que entre febrero y junio de 2020 se destruyeron 40.000 puestos de trabajo en estas empresas y entre junio y octubre solo se recuperaron 7100. «Es importante poder trabajar para mejorar su competitividad y productividad a través de distintos programas de apoyo», agregó.
También el secretario general de la Aladi, Sergio Abreu, dijo entrevistado en radio Universal que el 90% de las empresas uruguayas son proyectos pymes y a ellas se busca potenciar desde el organismo regional. «Vamos a tener una alteración social por la falta de respuesta», señaló Abreu y alertó que de otra forma los países «van a terminar haciendo una olla de presión que tenemos que evitar que tenga explosiones desestabilizadoras».
La noria de la concentración y el asistencialismo
Fue en el mes de diciembre que se aprobó el presupuesto nacional quinquenal, apuntando a ordenar las cuentas públicas, con una ley muy lejana a un ajustazo neoliberal como pregonaron desde filas de la oposición. No obstante, en esas últimas semanas del año el estallido de la primera ola de contagios alteró el rumbo de leve recuperación que se proyectaba, especialmente para los sectores del comercio y servicios. Ni que hablar para el turismo, que recibió un verdadero golpazo con las nuevas restricciones que debieron implementarse. El escenario mutó y la necesidad de algo más que oxígeno para estos sectores se volvió indispensable.
Es verdad que el Ejecutivo implementó medidas especiales desde el inicio de la pandemia, entre ellas el seguro de paro parcial y las garantías del Siga, que funcionaron exitosamente. En estos días se anuncian también prórrogas por parte de BPS para el pago de aportes patronales rurales aunque mantiene plazo para la presentación de nóminas. El Gobierno muestra buena disposición para atender las urgencias del empresariado y el productor nacional, pero seguramente se necesita un mayor estímulo o las medidas adoptadas no serán más que cuidados paliativos.
Consultado por La Mañana, el economista Eduardo Ache decía en diciembre que «el modelo no puede continuar siendo el de la concentración empresarial ni el de la asistencia del Estado». Explicó que la situación viene de lejos y ha sido agravada con la pandemia. «Después de la bonanza, ya entre 2015 y 2020, la inversión había bajado, el desempleo estaba subiendo, existía un cierre de empresas y aumento del déficit. Entre 2005 y 2020 Uruguay aumentó casi US$ 3000 millones la presión fiscal», subrayó Ache.
Aun cuando nadie puede dudar de la importancia de crear condiciones para las grandes inversiones extranjeras, sobre todo para atenuar el impacto del alto costo país, algo que se ha cumplido en los últimos años alcanzando niveles récord, la gran cuestión que surge ahora es poner en la balanza lo que implicaría la destrucción del tejido empresarial y productivo que sostiene el empleo. Las asignaciones del Mides ya alcanzan a más de 800 mil personas, ¿es posible continuar engrosando este número sin consecuencias catastróficas?
Para salir de la noria del aumento de la concentración y del asistencialismo, es necesaria una decisión política. Así lo ha planteado Ache y se ha insistido desde estas páginas editoriales. También lo entiende el senador Guido Manini, quien ha manifestado en entrevista con El País que se requiere conceder exoneraciones impositivas a pequeñas y medianas empresas para evitar la «muerte laboral» de miles de uruguayos.
En tanto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que estaba estudiando la posibilidad de exoneraciones para bares y restaurantes afectados por la pandemia y algún tipo de ayuda para pymes. De concretarse en algunas medidas efectivas, podría contribuir mucho más que continuar ensanchando los miles de contratos municipales o seguir el camino de millonarias obras como el Antel Arena.
Soluciones creativas
Recientemente en una contundente columna, el director de El Observador, Ricardo Peirano, sostuvo que «las autocracias hacen buenos negocios con grandes empresas o multinacionales pero desprecian al pequeño capital de origen nacional». «Por eso hay muy poca preocupación en bajar el costo país, que favorece a todos, y mucha preocupación en abrir ventanillas especiales para atraer inversiones. Ojo, inversores que deben ser bienvenidos. Pero que no deben estar por encima de los pequeños y medianos inversores nacionales», agregó.
Y concluye el editorialista que «una excesiva rigidez puede dejar por el camino a mucha empresa viable. Y la falta de recursos fiscales no es una excusa. Soluciones creativas y eficaces existen si hay voluntad política de hacerlo».
Para el secretario general de la Aladi, Sergio Abreu, se corre el riesgo de ir a una «alteración social por la falta de respuesta» y alertó que los países «van a terminar haciendo una olla de presión que tenemos que evitar que tenga explosiones desestabilizadoras».
En Chile desde hace algunos años algunos empresarios se plantean el modelo alemán de las Mittelstand para ese país. En un artículo publicado en La Tercera en 2019, el empresario Christoph Schiess lo proponía en base al argumento de que «el aumento de la riqueza chilena se ha mantenido en un grupo reducido de la población, que administra las grandes empresas, que a su vez representan el 75,8% del total de las ventas en el país». «El modelo económico no compartió el ascenso con las pymes, dándoles espacio para convertirse en empresas sólidas y de mayor tamaño», agregó. Su preocupación, en alguna medida, se acentuó durante el estallido social en ese año.
Si se trata de soluciones creativas, una interesante propuesta a tener en cuenta proviene precisamente de Chile. En una publicación académica fechada en aquel convulsionado año, el profesor Claudio Sapelli de la Universidad Católica propuso la implementación de un «ingreso garantizado» o «impuesto negativo al ingreso», idea que ha sido bien recibida por el ministro de Hacienda chileno, Ignacio Briones.
«El impuesto negativo al ingreso es un pariente de la renta básica universal. En el caso de la RBU uno le da un cheque por igual suma a todos y luego cobra impuestos. En cambio en el INI el neteo entre subsidio e impuestos se produce antes de pagar y se paga solamente el neto. Al final el monto a financiar inicialmente es menor», dijo Sapelli consultado por La Mañana.
Desde su óptica, un esquema de este tipo tiene enormes ventajas si se transforma en el eje de la política social. «Esto implica eliminar muchos programas chicos (en el caso de Chile serían cientos), no focalizados, fragmentados. Eso a su vez proveería parte del financiamiento de un INI. Serviría de un verdadero seguro social ante diferentes situaciones que podrían afectar a las personas (como podría ser el covid ahora, o la robotización en el futuro). Permitiría eliminar los efectos perversos que tiene la condicionalidad en Chile, en que funciona como una verdadera trampa de la pobreza (si uno supera en un peso un límite, pierde todos los beneficios, siendo entonces igual a un impuesto confiscatorio en el margen)», sostuvo Sapelli.
Preguntado sobre si una iniciativa semejante tendría viabilidad en un país como Uruguay, Sapelli respondió que «todos los países en vías de desarrollo que están gastando 5 puntos del PIB en programas sociales debieran evaluar cambiarlos a todos por este único programa». «Ese es aproximadamente el costo estimado de un programa de este tipo», señaló.
Haciendo un paralelismo con las vacunas, no es momento de descartar ninguna posible solución de fondo.
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