Este es el pensamiento que nos viene cuando examinamos la problemática de la seguridad social. Es claro que el envejecimiento de la población tiene un efecto encarecedor del sistema por servir beneficios jubilatorios y pensionarios durante plazos más largos y a un mayor número de personas. A esto se suma que van disminuyendo los aportantes debido a la entrada de menos jóvenes al mercado de trabajo por la importante caída de la tasa de fecundación (o hijos por mujer). En conjunto, se configura una situación de menores ingresos y mayores erogaciones para el BPS. Todo esto no es necesario demostrarlo, pero, a título de ejemplo, desde la reforma del año 1995, el tiempo de pago de las prestaciones aumentó casi el 40%.
Pero también es claro que la acción de los gobernantes ha ido en el sentido de otorgar a determinados grupos de presión beneficios no sustentados por aporte alguno, reflejado por razonamientos políticos en busca de votos y mejora de su imagen pública.
En otras palabras: nadie dijo que cuidemos los dineros del jubilado.
¿Cuál es el problema? No hay una condena social cuando el dinero de los jubilados se gasta en seguros de paro extendidos, de empleados privilegiados como Pluna, Envidrio, Olmos, industria frigorífica, textiles y tantos otros.
Solo considerando tiempos cercanos, las experiencias han sido las de las soluciones fáciles complementadas con posiciones demagógicas: seguir con la universalización de más y más beneficios, poco atados en el tiempo con los verdaderos aportes de las personas, mientras que por otra parte se van poniendo topes a las jubilaciones, disminuyendo los sueldos básicos jubilatorios modificando su forma de cálculo y se plantea hacia el futuro alargar el período de trabajo y la edad necesaria para el retiro. De esta manera se prosigue con un régimen de reparto creciente, simplemente haciendo las cuentas para que los recursos alcancen, cobrando a más personas y pagando menos a cada una.
La ley 18.395 del año 2008 (primer gobierno de Tabaré Vázquez) fue uno de los hitos que, a “contrapelo” del mundo, redujo el tiempo de aportes necesarios al sistema de 35 a 30 años. Entre otros cambios se incluyeron, por ejemplo, jubilaciones menores con 15 años de trabajo y 70 de edad y hasta 5 años de reconocimiento de servicios por maternidad. A su vez, el BPS en 2006 aceptó las jubilaciones por testigos para demostrar actividad laboral sin aportes registrados.
Por otra parte, el decreto promulgado el 17 de febrero 2020 es demostrativo, pero no el único, en lo que se refiere a dar beneficios por motivos políticos. Fue fechado 11 días antes de terminar el gobierno anterior y es otra decisión inconveniente al otorgar 100% de heredabilidad a los beneficiarios de la “Pensión Especial Reparatoria”. Esta es la pensión que se le paga (sin haber efectuado los correspondientes aportes) a una serie de ciudadanos que sufrieron perjuicios por su propia decisión de levantarse en armas contra la sociedad; beneficio que por cierto no lo tienen los ciudadanos que aportaron durante gran parte de su vida ni sus sucesores.
Varias leyes más, cuyo análisis no viene al caso, demuestran esa tendencia consistente en captar la simpatía de sectores que no cumplieron con el precepto básico para cobrar un retiro: aportar al sistema. Cosas como éstas, y otras tantas, nos obligan a preguntarnos por qué se hace tan poco puntualmente para corregirlas. Derogar una ley, decretar cambios a un régimen, eliminar resoluciones del directorio del BPS son, y debieran ser, caminos inmediatos. Dos años después de asumido el gobierno, hubiéramos esperado avances en ese sentido.
Esto sin perjuicio de la revisión total del sistema, que evidentemente no es lo más adecuado a los tiempos que se viven. Esta revisión se resolvió creando una comisión para buscar soluciones a futuro, sin paralelamente hacer una profunda cirugía a la situación actual, por ejemplo, revirtiendo los errores de la ley de 2008. Eso debió haberse hecho de inmediato al comienzo de la gestión de este gobierno y si bien la pandemia pudo enlentecerlo, no debió detenerlo. En efecto, reconocido el desfinanciamiento en el que había quedado el sistema por malos cálculos de sus autores, se debió corregir de inmediato la situación. Este fue uno de los puntos en el que el gobierno, en lugar de jugar únicamente al largo plazo, debió agregar a juicio del suscrito, acciones inmediatas que revertieran los más importantes errores de los tiempos recientes.
A esto hay que agregarle el mal funcionamiento del propio banco, que no puede ser ignorado por las actuales autoridades del mismo, del MTSS y de la propia Presidencia. Solo es preciso referirse a algunos temas para visualizar lo expresado. Ha trascendido, a través del trabajo de los representantes empresariales, los abusos por subsidios por enfermedad, la creciente cantidad de jubilaciones por imposibilidades laborales que no son tales, los cálculos erróneos de los pagos a la construcción, los innecesarios seguros de paro por el 100% de los ingresos, las extensiones de años que se han dado a muchos sectores, etc.
El temor por otra parte es que cuanto más demoren los cambios, mayores obstáculos tendrán, pues habrá tiempo de generar resistencia en una sociedad que, ante todo, ama la quiescencia y en los hechos se la exige a sus gobernantes. Pero esa apetecida quiescencia solo logra seguir alejándonos del desarrollo. Crecer al 2% mientras los demás crecen al 3, 4 y 5% nos separa cada vez más de ellos y aumenta en nuestros jóvenes la tentación de emigrar, incrementando el problema estructural que vivimos.
Y la caja profesional, ¿qué?
Esta situación no es muy diferente en el marco de otros servicios previsionales, aun en aquellos en que el sector público participa en menor medida con la Caja de Profesionales Universitarios. La misma, lejos de atraer a los profesionales con un sistema moderno, estimulando su afiliación, insiste con pedir prebendas al gobierno, imponer aportes que no formaban parte del contrato entre la caja y cada profesional cuando estos se afiliaron y pagaron (pretende rebajar las jubilaciones) y hasta soluciones que van en contra de lo que es la lógica económica. Entre las últimas, cabe destacar que cobra a los profesionales que tienen causal jubilatoria en lugar de simplemente establecer sistemas casi gratuitos que los estimulen a seguir activos frente a la otra opción, que es jubilarse y por tanto pagarles mensualmente con una caja desfinanciada.
Un profesional con 30 años de ejercicio (y aportación) puede optar por retirarse con casi $ 72,000 o seguir pagando casi $ 24.000 mensuales, prácticamente 100,000 pesos de diferencia según la decisión que tome. Si a eso se le agrega lo que le cuesta el DGI y la FONASA, debería facturar del orden de $ 120.000 para no perder dinero. Recién lo que facture por encima de ese monto lo compartirá entre él y el Estado. El resultado es un sistema que impulsa el trabajo en negro, un sistema en el que, salvo profesiones o situaciones excepcionales, el retiro ocurrirá ni bien se den las dos cosas: 60 años de edad y 30 de servicio agregando presión financiera a la caja.
Es claro que, sin soluciones diferentes, modernizando las cosas, el sistema de la caja profesional estará agotado. Lo único que de alguna manera puede ser correcto desde el punto de vista económico es destinar el IASS que se cobra a las pasividades de la caja a ella misma. No parece correcto que se cobre a estas pasividades un impuesto para mantener otra caja (el BPS) cuando ella misma es deficitaria.
Otro punto a considerar es las elecciones y los directorios. Algunos actores que llevaron a la caja a esta situación de desfinanciamiento siguen dirigiendo sus destinos. Solo basta repasar los nombres y las profesiones (actualmente tres médicos, dos contadores, un veterinario y un arquitecto) de quienes han estado a cargo de la misma los últimos años y recordar el oscuro proceso eleccionario que se vivió, sin información por parte de los afiliados, con reglamentaciones de la Corte Electoral que cambiaron en el camino, con candidatos triunfantes que estaban imposibilitados de presentarse y lo hicieron igual, con la nominación por parte del Poder Ejecutivo de directores que ya habían fracasado. Si a eso se le agrega la casi nula información que se diera a los electores, no puede considerarse que el proceso electoral y sus resultados fueron exitosos. Hay que recordar que la caja ha recibido importantes críticas por haber pagado sueldos increíblemente altos, tener desordenes o atrasos administrativos importantes, equivocarse en sus cálculos actuariales, etc. ¿Es que nunca se pensó que en su dirección debían estar profesionales del tema?
En resumen, ¿está el país dispuesto a los cambios?
*Ingeniero agrónomo, economista agrícola
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