Para poder cumplir con sus objetivos programáticos, el nuevo gobierno debe primero resolver la situación crítica de las cuentas públicas: el déficit fiscal, cerró en 2019 en el 4,7% del Producto Bruto Interno (PBI), excluyendo el “efecto cincuentones”. Este es el peor número desde 1989, dato que se ve agravado por el hecho de que la meta del gobierno saliente en la Rendición de Cuentas era un déficit de 3,4% del PBI. Ante esta situación ¿Cuál es entonces la propuesta del nuevo gobierno entrante para ordenar las finanzas públicas? ¿Qué podemos esperar en materia fiscal?
El programa aprobado por todos los partidos políticos de la coalición multicolor, denominado “Compromiso por el cambio”, prevé varias respuestas importantes a estas interrogantes, algunas de las cuales ya se ven plasmadas en el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (“LUC”).
En este sentido, el gobierno electo planteó una serie de objetivos programáticos para los próximos cinco años, con la mirada puesta en ordenar las cuentas públicas. Entre otros, podemos destacar: (i) la disminución del déficit fiscal, como condición para reducir el nivel de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio; (ii) la identificación de ineficiencias y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos, a través de auditorías de gestión que se llevarán a cabo durante 2020; (iii) el ahorro en el gasto público (sin afectar sustancialmente el Gasto Público Social); (iv) el establecimiento de una Regla Fiscal; (v) un Presupuesto basado en resultados (con mínimos “gastos discrecionales”); y (v) la reducción de los gastos superfluos (flota vehicular del Estado, asesores, adscriptos contratados y cargos de particular confianza).
De la aplicación conjunta de estas medidas, se prevé un recorte aproximado de U$S 900 millones. Esta cifra representa casi un 2% del PBI uruguayo. Sin embargo, este plan económico sufrió un golpe fuerte tras el anuncio del Gobierno saliente de no aumentar las tarifas públicas a comienzos del año 2020. Vale recordar que la política que practicó el actual Poder Ejecutivo durante los últimos 14 años fue la contraria: el aumento sistemático de los precios públicos. Y para poder cumplir con las metas y estimaciones adoptadas, el nuevo equipo económico se vio en la obligación de anunciar la decisión de que aumentará las tarifas para atenuar el efecto de la medida del gobierno saliente en lo que resta del año.
Asimismo, será vital la forma en que se implemente una nueva institucionalidad asociada al cumplimiento de estos objetivos. En este sentido, la LUC prevé la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (AMEPP), cuyo cometido principal será maximizar la eficiencia administrativa. Asimismo, se prevé la creación de un Comité de Expertos y un Consejo Fiscal asesor para el cumplimiento de la Regla Fiscal.
Por otra parte, una nueva concepción de los organismos reguladores, como entes “fuertes” es central en el manejo de las empresas públicas.
En materia de tributos, no se esperan grandes cambios en virtud de los reiterados anuncios de que no se crearían “nuevos impuestos”, manteniéndose las estructuras y bases impositivas actuales. También se aclaró que no se “jugaría” con dicha expresión, como lo hizo el gobierno saliente, en la campaña anterior. Recordemos que la promesa fue no crear más impuestos y, a través de un “juego de palabras”, se pretendió burlar el compromiso electoral, con la modificación o el aumento de los tributos que ya existían.
Por lo tanto, no es probable que se den grandes cambios en el sistema tributario, salvo pequeñas modificaciones que puedan generar movimientos positivos en el mercado. A modo de ejemplo, según lo anunciado y el programa político del presidente electo, es factible esperar ciertas modificaciones en materia de residencia fiscal y legal, así como en la Ley de Inversiones, la Ley Forestal y otras regulaciones, con el objetivo de fomentar la creación de empleo y la atracción de inversores, sobre todo de la “vecina orilla” y aprovechando el contexto regional.
Concretamente en la LUC se prevén ciertas medidas que tiene por finalidad reactivar a las pequeñas y medianas empresas (“pymes”), así como la creación de nuevo empleo, entre otras cosas. En este sentido, se prevén incentivos fiscales para los emprendedores y empresas que comiencen actividades con posterioridad a la ley. Asimismo, se propone un cambio trascendental para reactivar a las pymes: que las compras realizadas por parte de contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) a empresas que anteriormente se encontraban comprendidas dentro del régimen “Pequeña Empresa” (las famosas “Literal E”) puedan considerarse un gasto deducible. Esta medida permitiría reactivar la sinergia entre pequeñas y grandes empresas. Recordemos que en el sistema actual las empresas grandes no pueden deducir como gasto la facturación de una pyme. Por ende, este panorama desincentiva la contratación de las pequeñas empresas.
En lo que tiene que ver con el resto de la economía y para el período de Gobierno, es de esperar que las nuevas autoridades tomen más medidas tributarias, adoptando políticas de incentivo o beneficios fiscales con la finalidad de reactivar el conjunto del aparato productivo del Estado. Por supuesto que esta posibilidad estará “atada de manos” por la Regla Fiscal y los resultados económicos del país en su conjunto. Pero el camino de generar nueva y genuina riqueza en el país se encuentra en esa dirección.
Por último, es importante destacar que el cumplimiento del resto del programa político de la coalición multicolor dependerá del cumplimiento de los objetivos y medidas concretas a la que nos hemos referido, ya que sin enderezar el barco no se puede llegar a buen puerto. En efecto, la ciudadanía votó un cambio en buena medida para que el nuevo gobierno transforme la realidad y la lógica económica que predominó en el país durante los últimos 15 años. Una gran parte del electorado creyó fervientemente en la idea de “no más impuestos” como forma de financiar el déficit fiscal y en el recorte del gasto público para evitar un mayor endeudamiento.
Por lo tanto, el gobierno que asumirá en pocos días deberá tener una gran disciplina para poder cumplir con los difíciles pero loables objetivos que se propuso sin caer en la dulce tentación de los populismos. Está en juego la calidad de nuestra democracia y el sistema político en su conjunto.
(*) Abogado. Docente de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Universidad de la República y la Universidad de la Empresa
