Según el informe recientemente publicado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe[i] (Cepal) en relación a las tendencias y principales impactos del COVID-19 en la sanidad, economía, mercados internacionales y a nivel social, una dimensión de suma relevancia a considerar son los Sistemas de Protección Social. En esta crisis estos Sistemas deben ser vistos desde dos ángulos, que si bien están relacionados es importante a los efectos de entender algunos fenómenos poder diferenciarlos. En primer lugar, el Sistema de Protección Social es uno de los dispositivos y redes fundamentales que existe a nivel de una sociedad que funcionan de soporte y contención de los efectos de la crisis, abarcando múltiples dimensiones como ser los ingresos, la cobertura de salud, la información, y a los diferentes grupos poblacionales y actores económicos. Pero al mismo tiempo los Sistemas en sí mismos pasan a ser la plataforma para las políticas que dan respuesta a la crisis tanto en lo que refiere a parte importante de la actividad económica como a la mantención de un bienestar mínimo y cobertura de riesgos de la población. Esto pasa a ser clave en una situación como la actual donde la presencia e intervención del Estado es el medio fundamental para atender todas las dimensiones de la crisis. La fortaleza de la institucionalidad estatal es el principal factor de control de los niveles de incertidumbre que se presentan.
A nivel de nuestro continente como sostiene la Cepal “la Protección Social en América Latina y el Caribe ya era insuficiente antes del COVID-19” y ha sido tema central de análisis y preocupación en los últimos años por las dificultades en términos de sustentabilidad y eficiencias. En este marco, es que desde la Cepal se sostiene que “la crisis ejercerá una presión adicional sobre los países con espacio fiscal reducido, lo que pondrá en peligro el gasto social, que ya está sometido a tensiones tras siete años de lento crecimiento económico”. Pero, a su vez, la crisis sanitaria tiene aparejado una crisis muy importante en el plano económico y social, que si bien debería venir rezada la propia dinámica de paralización y construcción de expectativas lleva a impactos adelantados en el plano económico. También debemos considerar que en nuestro país y en nuestro continente la presencia considerada como casos de COVID lleva un mes, pero a nivel mundial ya llevaba casi dos meses lo que nos venía definiendo un cambio en el comportamiento de la economía y mercados internacionales que ya venía impactando en nuestra realidad.
A nivel de nuestro continente “la Protección Social en América Latina y el Caribe ya era insuficiente antes del COVID-19” según informe de la Cepal
Pero si vamos específicamente a los aspectos que hacen a la Protección Social (en el concepto más abarcativo de la misma siguiendo a la OIT a nivel de nuestra región) algunos fenómenos de características estructurales pueden ser sumamente complejos.
La situación económica general venía de algunas situaciones de crisis y otras de caídas en el crecimiento, lo que tiene efectos importantes a nivel de las inversiones y su contracara inmediata que es el empleo. Entonces a una situación complicada si le sumamos una crisis de las características de esta, donde hay dos elementos que podemos más que destacar que son: la paralización total de muchas de las actividades y los altos niveles de incertidumbre; tenemos que sumarle un impacto nunca antes conocido en el empleo tanto en lo formal como en lo informal. Si vamos a ver al empleo formal tenemos un golpe fuerte sobre el sistema contributivo que a nivel general venía con fuertes problemas de sustentabilidad producto del envejecimiento poblacional, los cambios en el mundo del trabajo, las ineficiencias propias de los sistemas y la caída en la actividad económica. A estas tendencias ya difíciles le sumamos la parálisis total de la mayoría de las actividades, despidos y envíos a seguro de paro en forma masiva. Esto último para aquellos países que cuentan con sistemas de seguros de desempleo, programa conocido en Uruguay, pero no existente en todas las realidades latinoamericanas. Esto afecta trabajadores, empresarios en especial pequeñas y medianas empresas muchas veces también con fuertes déficit de coberturas y los ingresos del sistema que ya viene en problemas.
En un segundo nivel, está la actividad informal. En economías donde la actividad informal es importante y se constituye como principal fuente de ingresos y estrategia de sobrevivencias de muchos colectivos la paralización también los afecta directamente llevándolos a tener cero ingresos. Estos colectivos vulnerables pasan a situaciones fuerte de pobreza e indigencia y con pocas alternativas y posibilidades ya que el sistema está en mejores condiciones de atender a los formalizados. Como afirma la Cepal “los programas de protección social no contributiva, que se financian con impuestos, apoyan a los más pobres; será necesario ampliarlos a otras familias de bajos ingresos en riesgo de caer en la pobreza. COVID-19 y la crisis sanitaria pone en evidencia la injusta organización social de los cuidados en la región donde es considerada una externalidad y no un componente fundamental para el desarrollo”.
Desde nuestro país y a pesar de que el tema de Protección Social ha estado en el centro de la preocupación tenemos importantes activos desde el punto de vista de nuestros programas y Sistemas de Protección Social que están siendo claves a la hora de generar estrategias y programas para enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica social, y parece importante destacarlo y verlo en la perspectiva regional.
Activos y valores de nuestro sistema
Nuestro sistema tiene importantes activos y valores que resultan claves, y que podemos valorar y salvaguardar a la hora que repensemos ajustes y futuras reformas. Interesa destacar algunos de ellos.
En primer lugar, contamos con una red de protección social de larga data y abarcativa de todos los colectivos con una institucionalidad de suma relevancia que es el Banco de Previsión Social (BPS) como principal autoridad y articulador de muchas otras instituciones y organismos públicos. EL BPS no solo lleva adelante el sistema contributivo, sino que administra y ejecuta parte fundamental del no contributivo, esto le permite disponer de información y tener un alcance de todos los individuos y actores. Pero un elemento a su vez importante es su conformación con representación social directamente elegida por los trabajadores, empresarios y jubilados y pensionistas que tienen un espacio que les puede dar las posibilidades de ejercer voz y voto en la toma de decisiones.
También es una realidad que tanto el sistema contributivo como el no contributivo cuenta con un conjunto de prestaciones que tienen alcance casi universal. Las primeras medidas para salvaguarda de los trabajadores han sido expandir el seguro de desempleo instrumento existente y funcionando con facilidad y agilidad hasta en la gestión del mismo. Pero a nivel del sistema no contributivo existen un conjunto de programas con alcance a los diferentes colectivos que hacen que el sistema en su conjunto tenga un alcance prácticamente total (asignaciones familiares, pensiones a la vejes, cuidados para adultos mayores, entre otros). Muchos de estos mencionados requieren mejoras y mayor alcance, pero existe una plataforma modelo en la región. A esto me gustaría agregar dos factores que pasan a ser de suma relevancia en la actualidad de aislamiento, primero, contar con información del conjunto de la población y sistemas informáticos muy desarrollados. Y por otro lado, el importante desarrollo de gobierno electrónico con muchos trámites “on line” que aportar rapidez, transparencia, eficiencia, llegada a todos y evitan la aglomeración de personas en una ventanilla.
A pesar de ser un país pequeño tenemos unas fortalezas únicas que han
sido la base de muchos de nuestros logros y mejores resultados en los ranking
internacionales de cohesión social y fortalezas del sistema público.
