En la política como en la vida, cuando hay asuntos de gravedad que no se resuelven adecuadamente, suelen volver una y otra vez reclamando una salida definitiva. Las soluciones pacificadoras exigen actos de grandeza, de coraje y de inteligencia. Hace un mes, desde estas páginas de La Mañana destacábamos los esfuerzos que se concretaron en la Paz de Aceguá de 1904, que permitieron a nuestro país apuntalar un tiempo de progreso económico y de libertades políticas.
Tiempo después, la crisis económica de mediados de siglo XX, el contexto de Guerra Fría y la polarización ideológica abrió un nefasto período en nuestro país desde la década del 60. Posteriormente, con la deposición de las armas y la restauración democrática se procuró a través de una ley de amnistía y una ley de caducidad habilitar una salida pacífica, pero dos décadas después se desconoció la voluntad popular y el acuerdo político nacional. La consecuencia es que se empezó a judicializar un asunto netamente político y esto fue degenerando en una politización del sistema judicial.
No descubren nada nuevo las recientes declaraciones de Lucía Topolansky –apoyadas por José Mujica– cuando se refiere a causas judiciales viciadas por falsos testimonios e incluso de acciones para presionar testigos. Se podría hacer un libro sobre acciones inexplicables de fiscales y jueces condenando a personas después de medio siglo, por mera convicción, sin pruebas y sin respetar principios fundamentales como la prescripción de los delitos. Con algunos casos escandalosos, como el del coronel Juan Carlos Gómez, que estuvo tres años preso, aunque luego se lo absolvió y se reconoció su inocencia.
Ya lo había manifestado en el año 2010 la exministra de Defensa frenteamplista Azucena Berruti, cuando se refirió a que se encarcelaba militares “sin pruebas” y que el Poder Judicial estaba actuando por “venganza”. Declaraciones que hizo precisamente en un libro de la periodista y ahora flamante senadora Blanca Rodríguez. También el exministro Eleuterio Fernández Huidobro en su momento criticó la injusticia que se cometía con el coronel Gómez, valiéndole el escarnio de su fuerza política.
El Frente Amplio ha reaccionado a las declaraciones de Topolansky y Mujica como si se hubiera cuestionado un dogma religioso, planteando una falsa dicotomía con la búsqueda de detenidos desaparecidos, algo que nadie está poniendo en cuestionamiento. Incluso torpemente hay quienes lo atribuyen a un pacto por los votos de Cabildo Abierto, pasando por alto que las declaraciones de Topolansky al libro de Cohen fueron hechas mucho antes del proceso electoral que consagró la nueva composición parlamentaria. Se podría hasta hacer un paralelismo con el vilipendio que sufrió el expresidente Tabaré Vázquez cuando se manifestó contrario al aborto, lo que lo llevó a renunciar al Partido Socialista en el 2008.
Del otro lado, desde los partidos tradicionales algunos de sus principales dirigentes se han inflamado y reclamado que no haya un “lavado de manos”. Sin embargo, fue el desinterés de la mayoría de la Coalición Republicana el que determinó que no se restableciera la Ley de Caducidad –derogando la ley interpretativa de 2011 que en su momento criticaron con ferocidad–, que no se aprobara la prisión domiciliaria para mayores de 65 años y que no se hicieran cambios en Fiscalía General, dejando en soledad al socio minoritario Cabildo Abierto con sus proyectos parlamentarios que fueron desestimados, salvo el de reparación a víctimas de la guerrilla.
Quien ha quedado muy expuesto es el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, que ni siquiera tuvo el reflejo de comportarse de acuerdo a su investidura, sino que debió ser intimado por la Fiscalía General para proceder. Las posturas de este fiscal desde hace mucho tiempo revelan un claro apartamiento de la objetividad y hasta del sentido común, por ejemplo, cuando asegura que a las víctimas se les debe creer y que no se imagina por qué una víctima mentiría para que un inocente vaya preso.
Perciballe en realidad no hace más que seguir al pie de la letra los lineamientos de algunos organismos internacionales que forman parte del sistema de la ONU y la OEA. Por eso hacemos énfasis desde este editorial en que este asunto no es judicial, es político. Y no es solo de política nacional sino de política internacional. Porque durante la Guerra Fría desde el norte las principales embajadas y sus organizaciones predilectas agitaron la confrontación, la imposición de doctrinas económicas y las fuerzas armadas del Cono Sur fueron instrumentalizadas a esos efectos. Pero caído el muro de Berlín, desde aquellos mismos centros se propagó la doctrina de los derechos humanos, el desmantelamiento de los ejércitos, la proliferación de grupos identitarios y ONG, así como la reforma de los sistemas judiciales de matriz latina.
Pero en este momento de la historia se advierte el crecimiento de una corriente distinta que sopla desde el norte, que cuestiona severamente a varias instituciones políticas y económicas del sistema multilateral, que se opone directamente a varias agendas globalistas, en donde anidan redes de burócratas antinacionales, apátridas y malthusianos. Un lobby al que nada le importa si hoy en las cárceles uruguayas se violan sistemáticamente los derechos humanos, si hay desaparecidos o torturados por el avance del narcotráfico o si hay personas inocentes que son condenadas por falsos testimonios, ya sea en cuestiones vinculadas a la ideología de género o al llamado pasado reciente. Lo único que parece importarles es mantener un “relato” que les permita sostener una estructura política y su financiamiento correspondiente, so pena de poner en riesgo las bases de la república.
Apostamos y queremos creer que las dirigencias de las principales fuerzas políticas de nuestro país tienen una fuerte vocación republicana y visión de futuro. Que están dispuestas a establecer un diálogo nacional, sin copiar recetas extranjeras. Que entienden la gravedad de los problemas que subyacen al deterioro institucional de la Justicia uruguaya. Sería imperdonable que esos dirigentes, en esta hora, cedieran a la presión de algunos grupos de presión o minorías intensas. Las críticas de hoy serán convertidas en elogios en el mañana.
Los episodios de estos días tienen que ser encarados como una oportunidad política histórica para empezar a transitar, por fin, una salida completa. Que contemple por supuesto priorizar la búsqueda de información sobre el paradero de los restos de los desaparecidos, como la iniciativa que muy acertadamente auspicia la Iglesia católica, pero al mismo tiempo restablecer las garantías fundamentales del Estado de derecho, logrando acuerdos políticos nacionales (derechos humanos, cárceles, narcotráfico, respeto a los plebiscitos, etcétera) y la despolitización de la Justicia. Esto es fundamental no solo para mejorar la convivencia entre los uruguayos sino para sentar las bases de un crecimiento económico y social hacia las próximas décadas.
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