Cuando en un partido político se desconoce la ética de la derrota, como llamaba Felipe González la actitud que debía asumir la colectividad que fuere vencida en elecciones limpias, no se pueden esperar las honestas disensiones, la franca discusión, el juego limpio o el respeto por la verdad.
Es lo que ocurre con el Frente Amplio y su sucedáneo, el PIT-CNT. Comencemos por recordar que su punto de partida es la historia tergiversada por sus seudohistoriadores militantes e intelectuales que, en la derivación por supuesto izquierdista de su discurso, pretenden imponer su falso relato como lo único que es “políticamente correcto”.
Esto es absurdo, pues lo políticamente correcto no puede ser distinto al pensamiento de la mayoría, pero ha sido el refugio de los colectivos y las minorías que, sabiéndose eternamente tales, quieren salir a exhibirse haciendo ruido y buscando bajo su amparo la mayor inclusión social posible.
En su desesperada lucha contra la LUC, los frentistas y sindicatos amigos han advertido que sus argumentos son escasos, que sus ataques no han mellado la confianza de la gente en la coalición gobernante y que el apoyo que reciben obedece a la afinidad ideológica y política, más que al puntual rechazo de la ley que cuestionan y que, en su mayoría, ni conocen ni han leído.
Entonces, a falta de argumentos convincentes, han recurrido a la mentira.
Pero tampoco esas mentiras burdas, groseras y despellejadas por la realidad les dan el rédito esperado, por lo que ahora han salido a pedir al alto número de indecisos anunciados por las encuestas que se vote anulado. Lo han expresado así Carolina Cosse y Yamandú Orsi.
Pedir el voto anulado, inducir a la gente a anular su voto, significa romper todas las reglas del sistema, atentar contra la puja de ideas, avergonzar la democracia y degradar de forma indecente el acto cívico más noble, respetable y justo que existe, como es el voto.
Esa desvergüenza exhibe, además, una falta de confianza en la validez de sus razones para derogar la ley y una consideración despectiva sobre los votantes, a los que se desprecia con desfachatez y se les propone quedarse mudos, callar en lugar de hablar, obedecer una orden indigna y romper la baraja en vez de jugar limpio.
Nunca habíamos visto a un partido instigar a cometer ese delito de “lesa democracia”, ya que no es otra cosa.
Como tampoco habíamos visto el oportunista e infame propósito de apropiarse de la Marcha de la Mujer el 8 de marzo pasado, solemne acto de afirmación y reivindicación feminista de orden declaradamente apolítico, que habría de ser y fue como siempre multitudinario, al que con sus solapadas presencias infiltraron de partidismo rosado, para así desnaturalizarlo, provocando la ausencia de aquellas mujeres que advirtieron la maniobra.
Tampoco quedó ahí la batería de medidas y dardos envenenados para una campaña contra la LUC en la que todo vale, al servicio de su afán derogatorio.
Abundaron los paros (como el payasesco carnaval de unos pocos bancarios en Punta del Este o de colaterales deficitarias de la Ancap) y menudean los artilugios, las críticas y los reproches.
La exsenadora Lucía Topolansaky propuso que, en el partido de mañana, la selección uruguaya se pusiera rosado el short o una parte de la camiseta, degradando a caricatura un enfrentamiento político.
A su vez, el Instituto de Derechos Humanos, fuera de los cometidos de su competencia, sale a cuestionar las cifras sobre la disminución de la delincuencia expuestas por el Ministerio del Interior, contraviniendo lo informado por el ministro Heber en base a los datos de su cartera. Surge así adecuado el mote que le puso el Dr. Jorge Larrañaga en su paso como ministro, cuando le espetó que era un “club político” del Frente Amplio, cuya ley de creación se deberá derogar o reformar seriamente, en cuanto tiene aspectos de muy clara inconstitucionalidad al usurpar atribuciones privativas del Poder Judicial e invadir impropiamente otras áreas con una muy clara militancia política.
Un diario frentista se agravia de que el presidente Lacalle salga públicamente en defensa de la LUC, pues argumenta que “debe estar por encima de la disputa” e invoca el Art. 77.5 de la Constitución.
La errónea lectura le hace afirmar ese disparate, pues lo que le está prohibido es “intervenir en la propaganda política de carácter electoral”, disposición que rige desde 1934 y tiene su explicación en evitar que el presidente opere en beneficio de su delfín o en impedir la vieja y conocida “influencia directriz” en apoyo de alguno de los candidatos.
Pero en esta instancia no hay candidatos que elegir ni puja electoral. ¿Cómo impedir al presidente que defienda su obra, el instrumento de su proyecto político, el soporte jurídico de los cambios que prometió en su campaña? ¿Qué norma se lo prohíbe? ¿Dónde está el proceso electoral?
Y puede hacerlo, ya sea utilizando la cadena nacional o convocando una conferencia de prensa o en la forma que estime mejor.
Se nos podrá decir que será una propaganda en favor del gobierno; a lo que contestamos: en la defensa de su gobierno sin duda, pero no es una elección nacional ni se trata de elegir candidatos.
Es simplemente una opción para derogar o mantener una ley vigente, cuya conveniencia y excelentes resultados la ciudanía confirmará.
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