La relación entre la libertad y la seguridad es de vital importancia en la sociedad
Después de dedicar años al estudio de la Seguridad con una visión holística, siento que la relación entre la libertad y la seguridad es de vital importancia y constituye una preocupación permanente de la sociedad contemporánea.
Este vínculo ha sido objeto de análisis por parte de politólogos y estrategas en el ámbito de los estudios internacionales. A lo largo de diferentes corrientes de pensamiento, desde la idealista, neoliberal o la realista, se ha destacado su importancia. Aunque las interpretaciones pueden variar, todas coinciden en reconocer la conexión entre la libertad y la seguridad, ya sea como una relación inversa o complementaria.
Desde mi perspectiva, adhiero a la idea de que la seguridad se basa en la persona. Se basa en la protección de los derechos y libertades individuales, permitiendo a los individuos desenvolverse plenamente en todos los aspectos de sus vidas. Este enfoque no solo considera la ausencia de amenazas objetivas, sino también la percepción subjetiva de seguridad por parte de la población, aspecto que influye en su calidad de vida y bienestar.
Entendemos la seguridad a partir de la definición de un académico de la Universidad de Columbia: “La seguridad, en el sentido objetivo, mide la ausencia de amenaza a los valores adquiridos. En el sentido subjetivo, la ausencia de miedo de que tales valores sean atacados”. Hablando más claro: hay dos dimensiones. Lo que es y lo que se percibe. El asunto es, si estamos o nos sentimos seguros y se aplica en todos los órdenes de la vida. Quien no entiende ésto, enfatiza las métricas y encuestas sobre criminalidad y victimización, obviando las percepciones, sentimientos y, por qué no, los temores.
Desafortunadamente, los informes recientes del Ministerio del Interior y de organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen con los últimos informes de 2023 (Estudio Global sobre Homicidios 2023 y Reporte Global sobre la Cocaína 2023), reflejan un preocupante deterioro en la seguridad pública en nuestro país. Esta situación no es nueva y sus consecuencias se hacen sentir en todos los niveles de la sociedad.
Nos permitimos afirmar que con baja seguridad, la libertad es relativa.
Ante la materialización de la baja seguridad y a pesar de la parafernalia de explicaciones desde las autoridades y argumentaciones académicas desde la sociología o ciencia política, poco le sirven a los habitantes que están sufriendo la inseguridad y casi en nada le cambian su percepción.
Para decirlo con claridad, hay muchas explicaciones sobre la criminalidad, pero la realidad muestra que las familias siguen enterrando a sus muertos y pagando las consecuencias por la desprotección en la que se encuentran. Como ejemplo pienso en las palabras de un ciudadano de la zona oeste de Montevideo publicadas en la prensa, expresando “que despliegue policial hay, lo que sucede es que no agarran a los delincuentes y cuando los agarran, los fiscales los sueltan… así es difícil”. Nos preguntamos ¿Qué explicación sobre este tema pueden dar los académicos a la población? ¿Piensan que les van a creer? Y si así fuera, parecería ser que estarán en una realidad paralela.
¿Qué pasa cuando la personas son asaltadas? Siempre y cuando puedan contarlo, tienen el problema real de que les quitan lo mucho o poco que tienen, quedan con temor, trauma, pérdidas y también con deudas económicas.
Expresando el párrafo anterior, no puedo dejar de pensar en un amigo, gran trabajador que “siempre la luchó”. Hace unos años él y su esposa decidieron instalar un pequeño almacén en el garage de su casa en la zona de Piedras Blancas. Además de todo lo que le exigía el Estado (Intendencia, DGI, BPS, etc), recurrió a un banco de plaza para conseguir un capital inicial y surtirse de mercadería, equipos de frío, balanza, iluminación, seguridad, terminal POS, servicio de internet y otros insumos. Al poco tiempo sufre su primer asalto, en el que le robaron toda la recaudación de un fin de semana. Pero no fue el único, y a pesar de haber tomado algunas medidas de protección, lo asaltaron en seis oportunidades y con pérdidas muy importantes. Fueron de tal magnitud que tuvo que recurrir a la refinanciación de su préstamo inicial, el cual llegando casi al doble de su valor, transformándose en una verdadera pesadilla. Adicionalmente, comenzó la merma en sus clientes, que más allá de horarios, limitaban su concurrencia al almacén por el temor a involucrarse en los asaltos violentos que pudieran suceder.
Esta situación lo colocó en una posición de dificultad para lograr cumplir con sus pagos al banco y en determinado momento tuvo que cesar la actividad. Las deudas al Estado, proveedores y sobre todo al banco, le impidieron seguir con el emprendimiento. Lamentable y fatalmente para él y su familia, dejó de pagarle al banco durante seis meses lo que se tradujo en un incremento de la deuda, que acumulaba capital, intereses, intereses de mora y multas difíciles de abordar al no poder trabajar para generar ingresos. Casi sin darse cuenta debía cuatro veces más que el préstamo original. Pensó en vender su camioneta, pero no alcanzaba. Cuando lo llamaron los abogados de recuperación de activos tercerizados por el banco para rescatar su deuda, la cifra fue otra peor aún. Debió considerar la venta no solamente de su vehículo sino también la venta de su hogar para poder solventar lo adeudado. Pensamos que los intereses legales en Uruguay realmente son de usura y dejan a la gente de rehén, en situaciones como ésta, en donde la inseguridad también conspiró negativamente en la situación de éste y otros muchos ciudadanos de este país.
La situación relatada ocurrió luego de la pandemia, pero lamentablemente, también conozco casos de presiones sobre personas y otros emprendimientos casi en quiebra, que con la finalidad de recuperar activos, los estudios de abogados dueños de las deudas y en plena pandemia, negaron toda posibilidad de refinanciaciación u otras oportunidades.
¿Cómo es posible que en Uruguay, un ciudadano trabajador y emprendedor, que tiene una expectativa de crecimiento económico, termine perdiendo hasta su casa? La respuesta se enmarca en esa situación perversa que resulta de la inseguridad sumada a la usura, potenciándose para cerrar puertas y sembrar desesperanzas.
Ahora bien, en cuanto a la seguridad, ¿quiénes tienen el deber de proteger en nuestro país? Son aquellos que hoy articulan explicaciones académicas difícilmente extrapolables en Uruguay y despliegan en el territorio una fuerza policial con las potestades limitadas, que fueron quitadas por el Frente Amplio en el artículo 25 de la Ley Orgánica Policial y hasta hoy, este Ministerio del Interior aún conserva.
Se necesita una fuerza policial que contacte con la gente de los barrios, que conozca el territorio, que pueda investigar, que pueda persiguir el delito desde la comisaría y no que solamente sea receptora de denuncias. Es imperativo mejorar la seguridad y por este camino no vamos bien.
Las personas merecen estar libres de amenazas para poder trabajar tranquilas, emprender, generar empleo y crecimiento.
Pensando nuevamente en mi amigo, seguramente si no hubiera sufrido la sucesión de asaltos que le generaron pérdidas importantes y hubiera podido enfrentar el pago de sus deudas de una manera justa, sin usura, probablemente su negocio habría sobrevivido y sería una fuente de ingresos para si mismo y para otros.
La realidad indica que es imprescindible mejorar la Seguridad, pero también es momento de defender a la gente apoyando la propuesta de Cabildo Abierto por una Deuda Justa, diciéndole No a la Usura.
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