Días atrás el diario ABC de España publicó una nota que se titulaba, ‘Boom’ de los créditos ultrarrápidos: “Te metes en un lío sin darte cuenta”, narrando las experiencias de personas que cayeron en la trampa de los créditos fáciles en el país ibérico.
Según el periódico madrileño, son cada vez más las familias que recurren a este tipo de crédito para llegar a fin de mes. El resultado es que en lo que va del año, se incrementaron en un 30% las solicitudes de reestructuración de deuda en España, una clara señal de la fragilidad económica de muchas familias españolas.
Es interesante observar que los autores de este artículo no omiten distinguir con claridad los créditos benignos –como podría ser una hipoteca–, de aquellos perjudiciales –como los “ultrarrápidos”– cuyas tasas de interés hacen harto evidente, ya desde el inicio, que serán casi imposible de pagar.
De esa forma, se evidencia que aquellos créditos que se otorgan con mayor facilidad son, en definitiva, mucho más difíciles de devolver, y que la mayor parte de las familias que se han visto necesitadas de acudir a esta clase préstamos rápidos para sostener sus gastos diarios han caído en la llamada bola de nieve, que es cuando los créditos asumidos, sumados a las altas tasas de interés, hacen impagable la deuda contraída.
Ahora, bien cabe reflexionar; ¿por qué en España se puede leer un artículo de este tenor en uno de sus medios de prensa más importantes, cuando la simple mención del tema en Uruguay parecería provocar urticaria en amplios sectores del sistema político? En particular, en algunos que se autoperciben como progresistas, pero que en realidad no son más que representantes de esa izquierda caviar globalista que pretende iluminar nuestras almas con abyecciones de múltiples naturalezas. Pero desafortunadamente no son los únicos.
Quizás esto explique también por qué cuando Cabildo Abierto puso el tema sobre la mesa de discusión política, se generó una alarma mediática que incluso en un momento como el actual –con dos millones de personas sin otra alternativa que beber agua salada– no se observa en las páginas de los principales periódicos de circulación nacional.
Por otra parte, las críticas realizadas a Cabildo Abierto por llevar adelante la iniciativa parecen haber tenido, al final de cuentas, un fin meramente dilatorio y obstruccionista, más allá de la falsa pretensión de querer “mejorar” un proyecto que los verdaderos mandantes no permiten.
A nadie le debería sembrar dudas la voluntad de Cabildo Abierto (CA) de seguir adelante con su intención, desde el momento que el problema del endeudamiento y la usura figuraron desde un principio entre los principales temas de su programa electoral.
Efectivamente, uno de sus claros objetivos para esta legislatura fue la introducción de una enmienda a la ley N° 18.212 sobre tasas de interés y usura, y regulación de las operaciones de crédito, del año 2007, que permite el cobro de tasas irrazonables de interés.
La Dra. Dora Szafir, consultada por Cabildo Abierto para la redacción de su proyecto, expresó en 2019 a La Mañana: “Somos uno de los países con tasas de interés más alto de la región. Ni Brasil, ni Chile, ni Perú tienen esos números. Ni incluso Argentina. Fíjate que en ese país están escandalizados porque subieron los intereses un 60%, un 70% y tienen una inflación de 53%. Mientras nosotros tenemos intereses de tres cifras, pero inflación de un dígito. ¿Cómo es posible que a nadie le parezca mal? No hay nadie que se haya preocupado”. Han transcurrido cuatro años desde ese momento, pero el sistema político sigue “perfeccionando” un proyecto que nunca llega, mientras cada tanto aparece algún proyecto apócrifo para embarrar la cancha y dilatar la discusión un tiempo más, dejando jugar el efecto “benigno” del interés compuesto sobre una población en proceso de africanización. ¡Uruguay Natural!
En esa línea fue que esta fuerza política presentó al Parlamento, el 5 de octubre de 2020, un proyecto de ley de reestructuración de deudas de las personas físicas para aliviar la situación que padecen miles de familias uruguayas.
El 27 de julio del 2022, en la sede central de Cabildo Abierto, se instaló un “centro de proximidad” con la intención de recibir a todos los ciudadanos “víctimas de usura legal”.
Tras dos años de espera en el Parlamento, el proyecto se aprobó por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en noviembre del 2022. Sin embargo, cuando volvió al Senado tuvo un tratamiento bochornoso por parte de los demás socios de la coalición, lo que sorprendió a Cabildo. Se votó su regreso a Comisión, con la ausencia de los legisladores del Frente Amplio (FA) que se habían levantado en su totalidad de la bancada, y el no acompañamiento de la iniciativa por los demás partidos de coalición multipartidaria. Lo que pareció haber sido una muestra de que gran parte del espectro político de este país no tenía sensibilidad hacia el tema.
En aquella sesión del Senado, el nacionalista Gustavo Penadés expreso que no compartía la iniciativa y propuso devolverla a la comisión, declarando: “No comparto su concepción intervencionista, ni las prohibiciones que se generan sobre personas físicas, ni el exceso de poder que se otorga a la Justicia y a los jueces” (La Diaria, 8-11-22).
Por el mismo carril de Penadés, fue el senador frenteamplista Mario Bergara, quien manifestó que “no es un buen proyecto y mucho menos una solución”. Curiosamente, según su entendimiento, el proyecto desconocía el funcionamiento del sistema financiero, y sorprendió a tirios y troyanos con su defensa cicerónica a la actividad de un sector que supervisó por demasiado tiempo y el cual seguramente le despierta sentimientos fraternos. Declaró: “Parte de un preconcepto muy negativo de lo que es la actividad financiera” porque “se parte de la base de que los agentes financieros son culpables de los endeudamientos y operan en contra del bienestar de la gente” (Ibidem).
De esa forma quedó hecha o manifiesta la defensa por parte de algunos referentes políticos sobre el actuar de las financieras, aunque sea evidente que en la medida de que más familias ingresen en la calesita de los préstamos fáciles, más familias correrán el riesgo de quedar fuera del sistema financiero, por ende, entrarán en una situación de vulnerabilidad.
En principio el FA “quiso acompañar” la iniciativa, presentando un proyecto que tomaba la base del entregado por CA, por no decir casi la totalidad, añadiéndole unos artículos.
Sin embargo, ante la demora y la indiferencia a la iniciativa presentada por Cabildo, fue que, en mayo de este año, CA mejoró el proyecto inicial con la voluntad expresa de encontrar una solución a este problema, sea por medio del consenso político o por medio de la recolección de firmas.
En ese sentido, se introdujeron cambios que vale destacar, especialmente sobre el punto referido al concepto de “deuda justa”, que plantea la idea de recalcular la deuda contraída por una persona a un interés razonable sobre el monto adeudado. Según expresaba el economista Kenneth Coates para La Mañana en un artículo titulado, Legalización de la usura: “Identificado dicho monto [el adeudado], se debe proceder a convertirlo a unidades indexadas (UI) desde la fecha de incumplimiento y actualizarlo hasta el presente en UI a una tasa efectiva anual (TEA) del orden de un dígito menor. Al monto resultante se le reconocerá como la base de cálculo del pago que cancelará definitivamente la deuda”.
Pero desde que este nuevo proyecto fue presentado, el tema no ha parado de herir susceptibilidades, especialmente desde los bastiones del astoribergarismo. La senadora Kechichián expresó en radio Carve que “si se aplicara tal cual está, crearía un serio y gravísimo problema en el mercado financiero de Uruguay”, expresando que el Frente Amplio no apoyaría la iniciativa. Queda claro que para la senadora la prioridad está en proteger la salud del “mercado financiero” y no a las familias apretadas por acreedores que no forman parte de nada que se parezca a un “mercado”, y que es más bien el resultado de la colusión y de irresponsabilidad política acumulada por años.
Ante este escenario, y siendo uno de los objetivos políticos de CA encontrar una verdadera solución al tema del endeudamiento privado, fue que la semana pasada el líder de este partido, el senador Guido Manini Ríos, anunció lo que ya había expresado en varias oportunidades que comenzarían a juntar firmas para plebiscitar esta nueva norma, expresando en conferencia de prensa el día 6 del corriente mes: “La mesa política decidió por unanimidad comenzar a recorrer el camino de la recolección de firmas para impulsar un plebiscito constitucional que haga cumplir el artículo 52 de la Constitución de la República”.
En la noche del lunes 10, en lo que aparenta ser una respuesta a la iniciativa de CA, el Partido Nacional presentó un proyecto de ley que habrá que estudiar con detenimiento. La jugada parece similar a la realizada en vísperas de la aprobación del proyecto de forestación, cuando el Ejecutivo presentó el Decreto 405/021 que creó el “Registro Ambiental de Plantaciones Forestales”. Cabe esperar que no se trate de una instancia más de aquel adagio, que habla de cambiar todo para que no cambie nada.
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