Las relaciones entre política y cultura o política y ciencia han sido a lo largo de nuestra contemporaneidad desvirtuadas, cuando usualmente, y durante mucho tiempo, la política no solo ha sido el modo de organizar nuestras sociedades, sino también la forma vital de ver y comprender nuestra cambiante realidad.
Esto parece haber ocurrido con el tema del endeudamiento privado en nuestro país, tema que parecía no existir, aunque el número de uruguayos en situación de default financiero es proporcionalmente enorme respecto a nuestra población.
Una investigación publicada en mayo de este año, realizada por Lucía Bertoletti, Fernando Borraz, Graciela Sanroman (investigadores de la Udelar) y titulada Deuda por consumo y pobreza: la brecha de riesgo de impago, pone en números y datos empíricos lo que Cabildo Abierto ha venido diciendo, desde el inicio de esta legislatura, con relación al endeudamiento privado de las personas físicas.
Los mencionados investigadores ahondan en el impacto que han tenido “los préstamos al consumo sobre las personas, en particular la interacción entre su importancia y el costo, a menudo oculto, asociado a las tasas de interés para las personas pobres”. Y en esa medida, analizaron “las posibles trampas de la deuda con tasas de interés elevadas y sus efectos perjudiciales sobre el bienestar personal y la movilidad económica”.
Los datos de este trabajo fueron recabados de dos fuentes de registros administrativos. Por un lado, la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay, que contiene los datos sobre préstamos, y el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene datos de los hogares vulnerables.
En definitiva, lo que trató de hacer este estudio es dar una respuesta académica a un tema que estaba invisibilizado no solo políticamente, sino también culturalmente. De hecho, la pregunta que los investigadores se hicieron para comenzar su trabajo fue ¿cuáles son las causas de que haya 800 mil uruguayos en situación de default?
En ese sentido, quedó demostrado que son justamente –tal como lo recalcó en infinitas ocasiones el senador Guido Manini Ríos– aquellos sectores más vulnerables de la sociedad los que tienen mayor posibilidad que incurrir en el impago de sus deudas. Y esta situación está, en gran medida, generada por las altas tasas de interés que tienen los préstamos al consumo que otorgan las casas de créditos rápidos.
No hay que olvidar que en Uruguay hay dos tipos principales de instituciones financieras que ofrecen créditos al consumo. Por un lado, están los bancos, que tienen como clientes principalmente a personas de ingresos medios y altos, con lo que hay que cumplir una serie de requisitos para recibir la aprobación de un crédito. Y, por otro lado, están las empresas administradoras de préstamos rápidos, cuyos clientes son particularmente de ingresos medios, bajos y muy bajos. No hay que olvidar que muchos de los endeudados son beneficiarios del Mides que han caído en la trampa de estas financieras, que no solo se destacan por la velocidad y las pocas exigencias a la hora de otorgar un crédito, sino también porque estos préstamos tienen elevadísimas tasas de interés. Por lo tanto, las personas con bajos ingresos que buscan encontrar una solución a sus necesidades de financiamiento en este tipo de empresas prestamistas tienen mayores probabilidades de terminar en una situación de impago.
El trabajo académico estuvo orientado bajo la hipótesis que desde este semanario tanto hemos manejado en más de una ocasión, como también el propio equipo económico de Cabildo Abierto que ha trabajado en este tema exhaustivamente, la cual es la siguiente: el endeudamiento de un enorme sector de nuestra sociedad se ha visto propiciado por las altas tasas de interés que permitió la ley de Astori del 2007, que no pone límite a la usura.
Así, una de las conclusiones de este estudio expresa: “El acceso al crédito suele tener un costo, que se manifiesta en forma de tasas de interés. Si bien las prácticas de préstamo responsables y las decisiones de endeudamiento informadas pueden conducir a resultados positivos, las tasas de interés elevadas pueden atrapar a las personas en un ciclo de endeudamiento, erosionando su seguridad financiera y exacerbando potencialmente las desigualdades sociales”. Se destaca especialmente que “las personas vulnerables presentan un riesgo de impago significativamente mayor que la población no vulnerable”. Y que “los tipos de interés son cruciales, ya que explican aproximadamente el 30% de la brecha de impago de los individuos vulnerables y el 40% de la de los individuos altamente vulnerables”.
Asimismo, la investigación especifica que “el origen del préstamo también es importante, ya que los deudores que recurren exclusivamente a administradoras de crédito muestran una mayor probabilidad de default que los que recurren a bancos”.
En definitiva, podemos decir que estamos de acuerdo con el diagnóstico que presenta la investigación. Sin embargo, las recomendaciones que realizan los investigadores están pensadas en clave de futuro, y no en clave de solución real de las personas que al día de hoy están afectadas por un endeudamiento injusto, ocasionado por las elevadísimas tasas de interés.
“Nuestras conclusiones tienen implicaciones políticas directas, ya que ponen de relieve la importancia de la educación financiera de los más vulnerables y de los cambios normativos para mejorar la calidad de la información, demostrando que los límites de usura desempeñan un papel clave. […] Estos resultados ponen de relieve la importancia de tener en cuenta las características individuales y de los préstamos a la hora de evaluar el riesgo de impago. También ponen de relieve el papel de los tipos de interés en la perpetuación de la brecha de riesgo para las poblaciones vulnerables. Abordar estas cuestiones podría implicar la promoción de iniciativas de inclusión financiera, la aplicación de normativas sobre prácticas justas en materia de tipos de interés y el fomento de programas de educación financiera”.
Aunque entre las recomendaciones se encuentre una revisión de mecanismo de determinación de las tasas máximas –en referencia a la ley del 2007–, cambios en la legislación para incorporar la figura de “bancarrota” de las personas físicas y –quizás lo más importante– una búsqueda de soluciones para las personas en situación de vulnerabilidad, que se dividiría en la búsqueda de herramientas para este grupo que permitan enfrentar gastos extraordinarios sin recurrir a endeudamiento a alto costo, como también crear una mesa de trabajo Banco Central y empresas (bancos y administradoras de crédito) para buscar solución a las personas vulnerables en situación de default, parece no quererse hablar directamente de lo verdaderamente esencial, que es la restructuración de deudas de las personas físicas. Porque esa sí sería una solución real, y no una simple pátina de colores, que aparenta una cosa y es otra.
Pero quizás el tema aquí vuelva a ser político, no político a secas, sino político partidario, ya que tanto desde el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado se desestimó cada propuesta dirigida a resolver este problema.
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