El pasado jueves 12 de diciembre sorprendió un artículo publicado por el semanario Búsqueda con el título “Oficialismo en Ancap discrepa por posible participación del ente en el proyecto de hidrógeno verde de HIF en Uruguay”. En la nota firmada por la periodista Ana Morales se relata una situación basada en “fuentes de Ancap” (sin identificar) que aseguran que las diferencias internas en el directorio del ente están provocando prórrogas al acuerdo de implementación entre ALUR y HIF Global para la inversión en Paysandú.
Según esa información, solo uno de los cinco miembros del directorio de Ancap impulsa la firma del acuerdo en las actuales condiciones y es el presidente del ente, el colorado Alejandro Stipanicic. Por otro lado, el vicepresidente, el blanco Diego Durand, y el director cabildante, Daniel Lamela, argumentarían en contra, mientras que el director blanco Leandro Claramunt se mostraría “dubitativo”, y el director por la oposición, el frenteamplista Vicente Iglesias, está con licencia médica y no se desprende del texto cuál sería su posición.
De acuerdo con el artículo, la “piedra de la discordia” sería una cláusula que prevé dejar abierta la opción de Ancap para participar en hasta un 30% del proyecto. Agrega, según las fuentes, que los directores “piden información adicional, cuestionan temas jurídicos y le ‘buscan el pelo al huevo’”. Resulta por lo menos curioso que se señale esa diligencia de los directores del ente como algo inoportuno o molesto, cuando no es más que el cumplimiento de su función, que desde luego implica grandes responsabilidades.
Pero añade la nota otro ingrediente más. Según “fuentes políticas” (nuevamente sin identificar) la propia ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, también tendría una postura contraria a firmar un acuerdo que posibilite la participación del Estado uruguayo en la inversión, fundada “en el temor de que el gobierno electo de Yamandú Orsi pueda llegar a usar esa participación de mala manera”.
Llama poderosamente la atención que la periodista de Búsqueda no haya intentado una comunicación con la ministra o los directores de Ancap para chequear estas versiones, o por lo menos no se aclara en la publicación si lo hizo. Y que, pasada una semana de conocida esa información, a ningún medio o periodista se le ocurrió hacer dichas consultas sobre un tema tan significativo como lo es nada menos que la llamada “mayor inversión de la historia” en nuestro país.
Para cerrar el cuadro que pinta ese artículo, no muy extenso pero cuyo título fue incluido en la portada del semanario en su edición en papel, las “fuentes de Ancap” pasan un mensaje perturbador señalando que de no firmarse el acuerdo con HIF Global se enfrentarían “graves consecuencias” que no se especifican, más allá de que se sugiere la eventual retirada de la inversión, aunque parecería estar aludiendo a algo más que eso. Y agrega que HIF Global no aceptaría más prórrogas luego del 13 de diciembre, fecha que ya pasó y todavía nada se sabe públicamente al respecto.
Las interrogantes que quedan abiertas
El miércoles 27 de noviembre se reunieron el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente electo Yamandú Orsi a modo de inicio formal de la transición entre el gobierno saliente y el entrante. Lo que trascendió fue la preocupación por la inversión en el proyecto Neptuno en Arazatí para abastecer la demanda de agua potable de Montevideo. No caben dudas de que ese es un asunto relevante, sin embargo, no se dijo ni una sola palabra sobre la inversión de HIF Global, que, vale recordar, implicaría –de ser exitosa– la mayor inversión privada en la historia del país, cercana a 6000 millones de dólares.
El poco interés periodístico que suscita este tema vinculado a la inversión de HIF inevitablemente despierta suspicacias. Sobre todo, teniendo en cuenta la escasa información que se difunde sobre las negociaciones y los acuerdos que se van alcanzando, que implicarán con seguridad decisiones cuyos efectos recaerán en administraciones futuras.
Cabe recordar que el Poder Ejecutivo fue intimado por la Justicia para brindar la información completa sobre el memorando de entendimiento concretado el 28 de febrero de este año entre HIF y el Estado uruguayo. Esto se debió al cumplimiento de una condena al Estado en un juicio de acceso a la información pública iniciado por Raúl Viñas del Movus. Inicialmente desde el Ejecutivo se difundió una información incompleta, sin la información de carácter ambiental, por lo que la Justicia determinó que el Ejecutivo pagara una astreinte (multa) diaria de 20 unidades reajustables (unos 35 mil pesos) por no cumplir con la sentencia. Viñas recordó en entrevista con La Mañana que el propio presidente Lacalle Pou había criticado, siendo senador, las cláusulas de confidencialidad cuando se firmó el contrato de UPM y también cuando fue diputado respecto al acuerdo por Aratirí.
Viñas subrayó en dicha entrevista que la sentencia judicial también se refiere al derecho de la libre expresión. “La libre expresión no es solamente que yo pueda salir a la calle y decir lo que quiera. Es eso, más que yo tengo derecho a saber de fuentes fidedignas la información, a fin de usar ese derecho con responsabilidad. Si no se nos deja conocer la información, podríamos decir cosas de la planta de HIF que no tienen base”, señaló. El activista lamentó entonces que “el Poder Legislativo no existe” y que los “senadores y diputados están buscando la reelección y ninguno está preocupando por este tipo de cosas, que son las que marcan el futuro del país”.
Un proyecto de ley que se dejó naufragar
El 24 de octubre del 2022, el senador Guido Manini acompañado por los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano presentaron en conferencia de prensa un proyecto de ley para que todo contrato del Estado cuya ejecución se difiera en el tiempo y deba cumplirse durante el lapso de más de un período de gobierno deba contar con la aprobación de la mayoría del Senado de la República. La iniciativa proponía que una vez presentada la solicitud al Senado de la República, este tendría un plazo de 60 días para expedirse y en caso omiso se la considerara tácitamente aprobada.
Manini explicó en aquella oportunidad que el “espíritu” de ese proyecto de ley fue que “todo aquello que vaya a comprometer a futuras administraciones no surja solamente de quienes están ejerciendo la administración en un determinado momento. Creemos es bueno para el sistema que ese tipo de concesiones, acuerdos o convenios que van a comprometer al Estado, y los cumpla a rajatabla. Esto va a ser bueno para darle más cristalinidad y más base política a las resoluciones que en definitiva van a comprometer a varios gobiernos por delante”.
Habiendo culminado la legislatura nunca se le dio trámite al proyecto de ley, ni siquiera en la comisión correspondiente, por falta de interés y de voluntad política de los demás partidos para avanzar. Como manifestó el propio Manini en la entrevista de esta semana con La Mañana: “Cuando lo presentamos, algún senador del oficialismo se mostró muy molesto porque era como dudar de la buena fe de los gobernantes y le dije: ‘¿Ustedes piensan que van a ser gobierno toda la vida? Esto es para cualquier gobierno que venga, no es dudar del Partido Nacional o de nadie en particular’. Dicho y hecho, ahora habrá otro gobierno y ese proyecto naufragó porque nadie tuvo interés en promoverlo”.
El proyecto de ley de Cabildo Abierto, de alguna manera, hace justicia a la misma denominación del partido, en la medida en que los “cabildos abiertos” hispanos y criollos eran la instancia en la que el pueblo se volcaba hasta las sedes del gobierno para reclamar información a las autoridades sobre las decisiones que se tomaban, tanto en tiempos de paz como de revolución. “El pueblo quiere saber” es una costumbre muy arraigada en la idiosincrasia de nuestras sociedades, que busca prevalecer a pesar de las restricciones que impone la economía y la política de este tiempo en que los Estados negocian muchas veces en posición desfavorable con grandes empresas multinacionales que imponen prácticamente contratos de adhesión.
¿Y ahora qué?
Es difícil poder opinar sobre las condiciones del acuerdo entre ALUR y HIF Global porque permanece reservado. Es una incógnita qué tipo de compromisos podría asumir el Estado uruguayo de cara a esta inversión; por ejemplo, si hay cláusulas de confidencialidad o no. Del artículo de Búsqueda surge solamente que ALUR firmó un preacuerdo con la empresa chilena “para garantizar la exclusividad del CO2 biogénico que desecha en su planta de etanol en Paysandú” y que a fines de febrero se firmó en Torre Ejecutiva el “memorando de entendimiento” con HIF.
No hay discusión respecto a lo beneficioso que resultan las inversiones privadas para nuestro país, cuánto empleo directo e indirecto generan y cuánto dinamizan la economía y el desarrollo local. Más aún cuando se trata de una inversión billonaria que va a situarse en el interior del país, con lo que eso implica para el desarrollo de las ciudades y localidades del departamento. Luego, claro que entran otras consideraciones, como el impacto ambiental, el régimen impositivo, las normas aplicables, etcétera, que deben ser atendidas.
Pero la situación cambia cuando existe la posibilidad de que la inversión tenga una participación mayor o menor del Estado. Aquí ya no es solo el riesgo del privado, sino que se comprometerían recursos de todos bajo la promesa de futuros beneficios. Además, según trascendió, se habla de una inversión que podría ser de hasta 1600 millones de dólares.
Sucede, además, que estamos refiriéndonos a una inversión poco convencional, a una apuesta por un producto como el hidrógeno verde, que es novedoso y cuyo mercado todavía no parece ofrecer suficientes certezas. Más allá del impulso político y regulatorio que se ha dado en los últimos tiempos desde Estados Unidos y Europa a este tipo de inversiones, hay que tener presente que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha levantado un manto de incertidumbre muy grande. Ya hay empresas como el grupo metalúrgico noruego Norsk Hydro o el gigante siderúrgico Arcelor Mittal que han abandonado o paralizado inversiones para trabajar con hidrógeno verde a raíz de esta coyuntura.
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