Esta semana la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, estrenó un podcast para tratar distintos temas que interesan a la sociedad. En el primer episodio se refirió a los fueros parlamentarios. Según expresó, la ciudadanía debe tener “argumentos e información” para juzgar el procedimiento “sin estar a los aplausos de la tribuna en el momento dado”.
Argimón explicó el origen histórico del fuero parlamentario, que surgió para que las opiniones o posturas del legislador “no fueran utilizados de forma de que la judicatura buscara un delito, lo sacara del Parlamento y no pudiera hacer denuncias”. Así surge esa prerrogativa “como protección de independencia en la actividad del cuerpo legislativo”, señaló.
En esa línea, sostuvo que “los fueros no pertenecen a los legisladores, sino al cuerpo legislativo preservando su independencia” y destacó que por eso es que la mayor parte de la doctrina entiende que los fueros no son renunciables.
Anteriormente, el politólogo Oscar Bottinelli en más de una ocasión ha mencionado la “teoría de la democracia”, una tesis que subraya la importancia del voto como elemento que sustenta toda la representación política en una democracia y que supone, entre otras cosas, que el desafuero no podría hacerse sobre hechos que sucedieron antes de una elección. “El Parlamento no puede estar juzgando lo que ya juzgó el votante”, aseveró. De este modo, el fuero asegura una doble protección, al votante y a la institución.
En tanto, el ex presidente y actual senador del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, ha hecho pública su posición respecto a este asunto. Según su convicción, el fuero “no es un privilegio personal del legislador, como muchas veces se suele pensar, sino una garantía para que la voluntad del Parlamento no pueda coaccionarse por un abuso de autoridad de los demás poderes”. “Hay quienes dicen que esto ya es antiguo y se equivocan. Vivimos en tiempos, en el mundo entero, de judicialización de la política y, por lo tanto, más que nunca, hay que preservarle al Parlamento garantías que puedan ser fácilmente vulneradas”, advirtió Sanguinetti.
En consonancia con esta argumentación, Sanguinetti confirmó que su sector Batllistas no votará el desafuero del senador Manini Ríos, considerando que “el ocultamiento se produjo en Presidencia y no en la comandancia del ejército”.
“Hay una visión institucionalista y jurídica. Pero también existe otra corriente que considera que lo político está por encima de lo jurídico”
Asimismo, el senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, declaró a la prensa que días atrás conocieron un informe de los tres integrantes blancos de la Comisión de Constitución del Senado que analizan el pedido de desafuero del senador Manini Ríos, y “los tres coincidieron en que no hay méritos como para poder acceder al levantamiento de los fueros”.
Mientras tanto, el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que integra la comisión de Constitución, afirmó en las últimas horas que su postura es contraria al desafuero de Manini Ríos, por idénticos argumentos a los reseñados anteriormente de Argimón, Bottinelli, Sanguinetti y Penadés.
Esta, podemos decir, es la visión institucionalista y jurídica. Pero también existe otra corriente que considera que lo político está por encima de lo jurídico.
La politización del desafuero
A esta tesis de la politización se ha afiliado el ex presidente y senador del Frente Amplio, José Mujica, que, en línea con esta consigna que antes ya hizo célebre, entiende que no votaría el desafuero para no “victimizar” a Manini Ríos y que eso eventualmente repercuta en su imagen electoral.
Con el mismo criterio de lo político sobre lo jurídico se manifestó el Frente Amplio, aunque promoviendo el desafuero, al manifestar en un comunicado oficial que el mantenimiento de los fueros constituiría un “obstáculo” y “un debilitamiento del sistema republicano de separación de poderes”, por lo que, más que pronunciarse sobre si hay o no mérito para desaforar a Manini, la coalición de izquierda ataca la prerrogativa misma del fuero parlamentario, que hoy está vigente.
“La motivación de Manini Ríos no responde ni a lo jurídico ni a lo político, sino a un profundo imperativo ético que está estrechamente ligado al honor y a su condición militar”
Se trata de una postura muy distinta a la asumida en 2011 respecto al desafuero del senador Rodolfo Nin Novoa, el que rechazaron sin que por ello se consideraran a sí mismos cómplices u obstaculizadores de la Justicia. Y es radicalmente diferente, vale decir, a la postura frenteamplista en la solicitud de desafuero del diputado colorado Armando Silva en 1989, cuando negaron el desafuero al considerar que había sospecha de persecución política por parte del gobierno de aquel momento.
Siguiendo esta corriente de lo político sobre lo jurídico, el sector Ciudadanos del Partido Colorado, decidió apoyar el desafuero de Manini Ríos por “entender que están dadas las garantías para que la Justicia avance con la investigación en curso” y “que el propio senador ha solicitado que se proceda de este modo”. El sector entonces puso foco en las garantías de la Justicia y no en el mérito para el desafuero, corriendo el eje del análisis y sugiriendo que votar contra el desafuero significaría automáticamente desconocer las garantías de la Justicia. Echa mano también a la voluntad del legislador, contraviniendo lo que se explicaba ut supra sobre la pertenencia del fuero a la Cámara y no al parlamentario.
La sola aclaración de Ciudadanos de que están dadas las garantías por parte de la Justicia en realidad no hace más que dejar en evidencia que está latente una profunda incertidumbre sobre la imparcialidad de los magistrados respecto a Manini Ríos, sobre todo por las notorias y fuertes discrepancias que han sido públicas, a lo que se suma una fuerte presión mediática. De hecho, un correligionario colorado como el diputado colorado y ex fiscal Gustavo Zubía lo ha sugerido en las redes. “Aparentemente el Fiscal interviniente en el tema de las actas confesorias de Silveira no ve delito. Sin embargo el fiscal interviniente en las actas confesorias de Gavazzo si…. ¿Alguien podría pensar en que la diferencia es que el perseguible es un senador de la coalición?”, escribió.
Por otra parte, distinto es el caso de las juventudes de los partidos Nacional y Colorado, que movidos más por la candidez que por una postura conveniente, solicitaron el desafuero afiliados a un noble anhelo de justicia, pero que, como dijo Penadés, “una cosa no tiene que ver con la otra” porque “la búsqueda va por otros caminos”.
La posición de Cabildo Abierto
¿En qué vereda queda entonces la postura férrea del propio Manini Ríos, que una y otra vez ha dicho que no iba a escudarse en los fueros y que incluso estaba dispuesto a votar el suyo, aun cuando el reglamento no lo permite?
Consideramos que su motivación no responde ni a lo jurídico ni a lo político, sino a un profundo imperativo ético que está estrechamente ligado al honor y a su condición militar.
Una de las dificultades más grandes que tienen los militares al incursionar en la política es hacer a un lado esta cuestión. De otro modo es insoportable convivir con la diaria catarata de rumores, insultos y denuncias que acechan a un político por el solo hecho de serlo y de representar la voluntad de una porción de la población. Mucho más en estos tiempos de redes sociales, de fake news y desinformación. Y vaya si Manini Ríos representa a la población, teniendo en cuenta que su sector fue el tercero más votado del país y su figura ha sido la clave para obtener nada menos que 268.000 votos, solo comparable con Luis Lacalle Pou o José Mujica.
Decimos que la respetable pero objetable posición de Manini Ríos no responde a lo jurídico por lo expuesto anteriormente. Lo principal porque la voluntad del legislador no determina el levantamiento del fuero. Además, el reglamento de la Cámara de Senadores establece en el artículo 121 literal G que Manini estaría impedido de votar su propio desafuero. “Todo senador está obligado a votar hallándose presente, salvo que se tratara de su persona o de su interés individual”, establece la normativa. El artículo 97 que prevé una excepción tampoco tendría lugar, porque según expertos jurídicos consultados, esto chocaría con el principio general de Derecho de que nadie puede ser juez en su causa propia, dado que se trata de materia jurisdiccional y no legislativa.
“El senador Domenech ya ha adelantado en las últimas horas que no votará el desafuero”
Tampoco tiene sentido apuntar a un interés político en su propio desafuero, idea más propia de una teoría conspirativa o de atribuirle poderes de estrategia sobrehumanos, especialmente considerando que el líder de Cabildo Abierto desde el primer día ha sido “políticamente incorrecto”, enfrentando a varios poderes establecidos a costa de ser señalado prácticamente como un “maldito” por el establishment.
Cabe señalar que el novel partido Cabildo Abierto, apenas con seis meses y medio de actuación parlamentaria, está forjando en la práctica su propia dinámica y tradición legislativa. A juzgar por los antecedentes, una de estas características tiene que ver con la no imposición de una rígida disciplina partidaria, como se ha podido comprobar en más de una ocasión. Contrariamente a algunas versiones de prensa que pretenden instalar la idea de un partido excesivamente verticalista, en los hechos la experiencia ha sido exactamente la contraria.
De esta forma, el senador Domenech manifestó con firmeza que no acompañará el desafuero y no era difícil esperar otra cosa. Así lo analizaba uno de los pilares de la coalición, el ex presidente Sanguinetti, que había marcado que “sería gravísimo que esos senadores renunciaran a su juicio independiente por una solidaridad política o personal no bien entendida”. “Ni hablar de que el alineamiento político de partidos, que también se escucha, es muy lamentable”, agregó.
Un cúmulo de falsedades sin disimulo
Tanto Domenech, como Sanguinetti y Penadés apuntan la responsabilidad de una eventual omisión al mando superior civil. Como señaló un artículo de El Observador en 2019, el ex presidente Tabaré Vázquez, su secretario Miguel Ángel Toma y el ex subsecretario de Defensa, Daniel Montiel, “han hecho declaraciones contradictorias durante los últimos seis meses de indagatorias que lleva adelante el fiscal Rodrigo Morosoli en torno a la demora en denunciar las confesiones de José Nino Gavazzo sobre el caso Gomensoro”. “Vázquez y Toma han dado versiones distintas a los medios que las que reprodujeron ante el fiscal –el primero como testigo, el segundo como indagado-, y Montiel directamente se contradijo en dos interrogatorios separados por cuatro meses”, informó el diario.
La carta –extraviada- del ex ministro Jorge Menéndez, obligado a renunciar en plena agonía, también dejó en falsa escuadra al mandatario, al señalar que le comunicó junto a dos asesores sobre “la necesidad de hacer la denuncia de los hechos”. Por otro lado, el cese de Manini Ríos como comandante no se da por una supuesta omisión, sino por haber hecho “graves cuestionamientos a la actuación del Poder Judicial”. La prueba adicional fue el nombramiento de José González, integrante del Tribunal de Honor, como el siguiente comandante en Jefe, lo cual llevó a Vázquez, tras la divulgación del expediente por la prensa, a otra remoción –insólita- de la comandancia en apenas días.
A estas flagrantes contradicciones, que poco importaron al fiscal Morosoli, se sumaron ahora las actas de un caso con características similares ocurrido en 2006, en ocasión del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, en donde repite el ex presidente Vázquez como protagonista. El hecho deja en evidencia una omisión reiterada por parte del Poder Ejecutivo, que actuó de la misma manera en dos situaciones con Tribunales diferentes y comandantes diferentes. Si existía algún atisbo de duda antes, ahora ya quedó disipada.
El actual ministro de Defensa, Javier García, fue claro al señalar que al homologarse los fallos, el ex presidente Vázquez “lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones, como se hace siempre, como lo marca la norma y porque sería imposible que fuera de otra forma”.
FA busca la capitulación de la coalición
La táctica del Frente Amplio pasa ahora exclusivamente por gritar más fuerte, imprimir camisetas, hacer spots y colgar pancartas. La politización del proceso judicial emprendido contra Manini Ríos cuando era candidato a presidente en 2019, que llevó a confesar a José Mujica que fue un “error político” y a Rafael Michelini irónicamente que era una “casualidad”, no dio resultados porque Cabildo Abierto logró una enorme votación que fue determinante para la victoria de la coalición multicolor y derrota del Frente Amplio. Derrota que seguramente nunca la perdonarán ni a Manini ni a Cabildo Abierto.
Consumada esa situación, la estrategia del Frente Amplio parece apuntar ahora a obligar a la coalición multicolor a capitular y realizar un acuerdo de gobernabilidad. En opinión del Frente Amplio, solo esa fuerza política está capacitada para gobernar el país y cualquier ocasión es propicia para augurar el quiebre de la coalición: la propuesta de Manini de no subir las tarifas, el llamado a sala por UPM2, la postura sobre la desmonopolización de ANCAP o la limitación de la forestación, para citar algunos ejemplos. Ahora la solicitud de desafuero es vista como una nueva oportunidad de fractura. “Pieza por pieza, ladrillo por ladrillo… la coalición se va desmoronando más temprano y rápido de lo imaginado”, escribió Enrique Ortega Salinas en Caras y Caretas.
En este escenario, el pacto forzado al que aspira el Frente Amplio para imponer sus condiciones necesita de un “cordón sanitario” reclamado por varios políticos y periodistas del medio contra Cabildo Abierto. También escribió el escritor José Rilla en una idea semejante. “Con serenidad: el partido militar es creación del FA y fruto de la crisis de un pacto de silencio; Cabildo está en la coalición multicolor y solo el presidente Lacalle Pou puede liderar su disciplinamiento; no hay salida sin un acuerdo democrático con el FA”, concluye Rilla. En la misma línea de gravedad se pronunció el senador Mario Bergara del FA: “Se está debilitando el sistema institucional si no se vota el desafuero de Manini Ríos”, aseguró el ex ministro, uno de los primeros impulsores del acuerdo de capitulación.
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