Expresa Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación de Buenos Aires, que “el kirchnerismo aumentó en un millón la planta estable de los funcionarios públicos; muchos sirven para disimular el desempleo, otros para beneficiar a los amigos y un tercer grupo es para la militancia rentada”.
Esa manera de alimentar la burocracia estatal ha sido el patrón de conducta del gobierno frenteamplista. No son criterios legítimos que hacen a la necesidad del servicio o a la ampliación o mejora de las prestaciones estatales, que han determinado el multitudinario ingreso de funcionarios públicos a una ya recargada plantilla, sino las mismas o similares razones denunciadas por el periodista argentino.
Esta forma de gobernar, subordinando el interés público del Estado al cálculo político-electoral, y procediendo sin atender a criterios elementales de racionalidad burocrática, ha determinado la existencia de ridículos y costosos ejemplos de lo que no se debe hacer, como el que ofrece el Instituto de Colonización donde designaron a más de 30 gerencias y en el que esa superfetación de cargos respondiendo a la misma función y a un similar requerimiento, se repite y coexiste con alarmante e insoportable abundancia en toda la Administración Central y en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
Asumir que el Estado y sus recursos son un bien propio, que además no reclamará una rendición de cuentas, ha sido una de las más constantes y visibles características de los gobiernos frenteamplistas, que es dable apreciar en múltiples casos.
Ya no se trata solamente de los imperdonables errores de gestión, en aventuras y emprendimientos voluntaristas sin ninguna seriedad, emprendidos sin proyectos de inversión estudiados y fundados, que costaron decenas y decenas de millones de dólares, como lo fueron Aratiri, el puerto de aguas profundas, la sociedad con Matías Campiani en Pluna y el subsiguiente desastre de ALUR , la regasificadora, las velitas al socialismo con asistencia financiera millonaria a las empresas autogestionadas que nunca devolvieron un solo dólar de las sumas prestadas para operadores incompetentes que terminaron en descomunales fracasos, hasta la nunca bien explicada bancarrota de Ancap y otras yerbas que el exsenador Bordaberry estimó en US$ 1.500 millones dilapidados.
Se trata también de las cosas pequeñas como las tarjetas de crédito que pagaba el Estado a los viajeros, además de los viáticos y otras no tan pequeñas como la que hoy se le investiga al senador Carrera, implacable censor de todo gobernante de la coalición ganadora.
Es la actitud lo que se critica: lo hago porque soy la autoridad y es lo que quiero hacer, sin limitaciones. Y aunque no haya tenido ningún beneficio personal, el senador Carrera ni pudo ni debió hacerlo sin incurrir en un claro abuso de funciones, extralimitando su competencia.
Por otra parte, las duras posturas del Frente Amplio no han cambiado, sino que se han agudizado y su radicalización responde claramente a la muy fuerte preponderancia adquirida en su relación de fuerzas interna por el Partido Comunista.
A su vez, el aparato sindical, ya convertido en actor político, viene por la misma vertiente ideológica a sumar su oposición con una ola sin tregua de paros y movilizaciones.
Ahora se anuncian acciones legales contra el criterio que decidió la integración de la Institución de DD.HH., por entenderse, al parecer, que se han politizado las designaciones. Ese organismo, calificado por el Dr. Jorge Larrañaga como “un club político del Frente Amplio”, tuvo hasta ahora una integración totalmente frentista, pues lo eran todos sus integrantes. Si quieren deducir accionamientos de orden legal pueden hacerlo, aunque no se puede saber cuáles son los fundamentos ni quiénes han sido directa y personalmente afectados.
El presidente del Frente Amplio, devenido en el más recalcitrante de los opositores, formula preguntas que causan estupor cuando habla seriamente de que “hay una obsesión en querer manchar la gestión de los gobiernos del Frente Amplio”.
Parecería que el señor Fernando Pereira se olvida que el último gobierno de sus correligionarios tuvo al vicepresidente de la República, al ministro de Economía y Finanzas y al presidente del BROU condenados por la Justicia Penal y cesados en sus cargos.
En toda la historia del país jamás se registró un hecho de tal gravedad, con implicaciones penales de quienes ocupaban los cargos más importantes de la Administración, aparte de la Presidencia.
De modo que no hay una obsesión en la coalición gobernante, ni el propósito de “embarrar la cancha” como se pretende, sino una cruda y lamentable realidad histórica, de una gravedad sin precedentes que es la mancha que persigue y perseguirá al Frente Amplio, como una afrenta imborrable que ha inflingido a toda la ciudadanía. Ahora sin rumbos ni proyectos de alternativa, se atrinchera en una crítica inútil.
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