Las tres palabras del título forman la cadena urdida para precipitar al país en el desastre económico y la desestabilización social. El Partido Comunista embozado en el Pit-Cnt opera como numen inspirador y se empeña en promover un plebiscito derogatorio de la ley que modificó la seguridad social sabiendo que, de lograrlo, sería un serio tropiezo para el futuro nacional.
Aunque el llamado a la consulta popular no ha conseguido el apoyo explícito de la fuerza política ni tampoco unir en su propósito derogatorio a todas las fuerzas sindicales, esas disidencias no han obstado para la marcha de la logística, consistente en ensobrar la boleta del Sí, que con entusiasmo siguen practicando sin controles.
Dentro del conglomerado izquierdista, los comunistas han perdido la mayoría y acompañados por un socialismo en pronunciado descenso han quedado golpeados por la discreta gestión municipal de su primera figura, la Ing. Carolina Cosse, que no ha podido disimular su disgusto al haber sido derrotada en la elección interna.
Pero, como hemos dicho, el Partido Comunista uruguayo no ha evolucionado como lo hizo el eurocomunismo, y sigue anclado en los viejos formatos ya perimidos de la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Sin embargo, cabe dudar de su apego democrático desde el inolvidable y explícito apoyo que le prestó a los comunicados 4 y 7 de los militares golpistas uruguayos, cuando percibieron la posibilidad de un tinte peruanista a lo Velasco Alvarado, el general que derrocó al presidente constitucional Arqto. Fernando Belaúnde Terry.
Porque al comunismo le sirve cualquier forma para acercarse o estar en el poder, aun a costa de dejar la democracia de lado.
Quienes no abjuran de sus finalidades y procedimientos comparten la misma “fuerza política”, como les gusta llamarse a sí mismos, y por eso siguen acompañando a Cuba (hace dos días a oscuras por falta total de energía eléctrica), a la empobrecida Venezuela de Maduro y Cabello y a la Nicaragua de Daniel Ortega, que serán amigos dilectos e invitados de honor si llegara el Frente Amplio a ganar la próxima elección.
Por su parte, el sector mayoritario del frenteamplismo, o sea el MPP que tiene su base en el MLN o sea la guerrilla tupamara, no se ha cansado de conseguir reparaciones, indemnizaciones y resarcimientos para las víctimas de la represión militar que los derrotó, mediante numerosas leyes que como ha expresado el periodista Álvaro Alfonso ya le han costado al país 1200 millones de dólares.
Entre las numerosas leyes reparatorias se destacan la Ley 18.033 del 17 de octubre de 2006 (también llamada la “ley del guerrillero “) y la Ley 18.956 del 18 de setiembre de 2009, que retrotrae el comienzo del golpe militar al 13 de junio de 1968 fecha en que el gobierno de Pacheco Areco, que había sido electo democráticamente, aplicó por primera vez las medidas de seguridad previstas en la Constitución nacional, ante el avance incontenible de una guerrilla que secuestraba, mataba y robaba. Así se hizo entrar en las reparaciones a todos los que no habían entrado con la ley anterior. Ambas leyes fueron dictadas y aprobadas durante el gobierno de Tabaré Vázquez, siempre generoso con la plata ajena.
No se trató de un error histórico, sino de la voracidad y codicia por la plata para retrotraer la fecha del comienzo de las reparaciones en forma meditada prolijamente. Esas reclamaciones no han cesado, sino que no se tienen por satisfechas, pues figura en su programa de gobierno para esta próxima elección del 27 de octubre de 2024 que el Frente Amplio tiene previsto desde ya, actualizar las indemnizaciones e incluir a quienes se pudiere haber omitido (sic).
Si esto no es así, que salgan a desmentirlo.
Puntualiza además el citado periodista Álvaro Alfonso que durante este gobierno de Luis Lacalle Pou se han pagado 250 millones de dólares por concepto de reparaciones y resarcimientos, con la excepcional y curiosa regalía, que se ha dado en llamar “pensión de pensiones”. ¿En qué consiste la pensión de pensiones? Consiste en considerar que esas reparaciones o indemnizaciones son hereditarias y muerto el beneficiado se transmite a sus herederos. Con el agravante de que esto se ha dispuesto por decreto y no por ley.
Este generoso régimen de asistencia no se menciona nunca en las discusiones sobre la pesada carga que significa para el sistema previsional o la incidencia que tiene por su abultadísimo monto en la financiación de los demás servicios.
Ni se hace referencia lo que se podría haber financiado con esas onerosas sumas, para mejorar la vivienda de los más desvalidos, o la pobreza infantil, o la eliminación de los asentamientos.
Nos preguntamos si esa regalía, por demás excesiva, será eterna y hasta qué grado de la descendencia tienen los frentistas la previsión de mantenerla.
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